El Gobierno de España, tras recordarnos por los medios de comunicación día sí día también que durante el Estado de Alarma como consecuencia del COVI 19 no se podía despedir a ningún trabajador, se salta a la torera la normas que pone al resto de empresas – con el silencio cómplice del Gobierno de Cantabria- dado que a partir de este mes de junio el Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF) en Cantabria, empresa dependiente del ministerio de Fomento y responsable de la gestión de los servicios de seguridad privada en las instalaciones ferroviarias del territorio cántabro, ha decido que se despidan a cinco trabajadores para ahorrar costes y reducir las horas de vigilancia en estaciones como las de Santander o el control de las propias vías a lo largo y ancho de la comunidad autónoma.
Desde la Federación de Construcción y Servicios de CCOO no entienden cómo es posible que en pleno Estado de Alarma el Ministerio de Fomento quiera hacer caja a costa de reducir la contratación de un servicio esencial que ha sido fijado por el propio Gobierno de España y que tanto puede afectar a la seguridad de los pasajeros y ciudadanos de Cantabria.
Además, gracias a complacencia institucional del PRC y el PSOE de Cantabria con el gobierno estatal, la comunidad autónoma de Cantabria una vez más sale muy perjudicada con respecto a las comunidades vecinas, dado que esta reducción se practica en varias provincias, pero Cantabria se lleva porcentualmente la mayor de todas ellas.
"Desde la Federación de Construcción y Servicios de CCOO nos parece insultante que se aplique una reducción del personal de seguridad cuando en estos momentos se hace más necesaria que nunca la presencia de este personal tanto en las estaciones, apeaderos y trenes porque este personal es el máximo responsable dentro de las infraestructuras de ADIF de que se dé complimiento a las obligaciones a las medidas de protección al COVID-19 fijadas en el transporte público por el propio gobierno central", señalan.
Esta reducción supone literalmente a que durante el día no exista personal de seguridad privada en las estaciones y trenes de la comunidad dependientes de ADIF y por todo ello piden desde la Federación de Construcción y Servicios de CCOO a la Delegación de Gobierno en Cantabria y a la propia Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional - que tienen competencias para impedir que se lleve a cabo esta reducación – que actúen de inmediato en evitar esta irresponsable decisión de ADIF, que va a afectar gravemente a la seguridad de los cántabros a la hora de utilizar un servicio esencial en el transporte público de la ciudadanía de Cantabria.
Desde la Federación de Construcción y Servicios de CCOO no entienden cómo es posible que en pleno Estado de Alarma el Ministerio de Fomento quiera hacer caja a costa de reducir la contratación de un servicio esencial que ha sido fijado por el propio Gobierno de España y que tanto puede afectar a la seguridad de los pasajeros y ciudadanos de Cantabria.
Además, gracias a complacencia institucional del PRC y el PSOE de Cantabria con el gobierno estatal, la comunidad autónoma de Cantabria una vez más sale muy perjudicada con respecto a las comunidades vecinas, dado que esta reducción se practica en varias provincias, pero Cantabria se lleva porcentualmente la mayor de todas ellas.
"Desde la Federación de Construcción y Servicios de CCOO nos parece insultante que se aplique una reducción del personal de seguridad cuando en estos momentos se hace más necesaria que nunca la presencia de este personal tanto en las estaciones, apeaderos y trenes porque este personal es el máximo responsable dentro de las infraestructuras de ADIF de que se dé complimiento a las obligaciones a las medidas de protección al COVID-19 fijadas en el transporte público por el propio gobierno central", señalan.
Esta reducción supone literalmente a que durante el día no exista personal de seguridad privada en las estaciones y trenes de la comunidad dependientes de ADIF y por todo ello piden desde la Federación de Construcción y Servicios de CCOO a la Delegación de Gobierno en Cantabria y a la propia Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional - que tienen competencias para impedir que se lleve a cabo esta reducación – que actúen de inmediato en evitar esta irresponsable decisión de ADIF, que va a afectar gravemente a la seguridad de los cántabros a la hora de utilizar un servicio esencial en el transporte público de la ciudadanía de Cantabria.
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