
En las preguntas parlamentarias, firmadas por el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y por el secretario general del PCE, Enrique Santiago, se critica que tras trascender los hechos ninguna institución (ni estatal, ni la autonómica o la municipal) hayan condenado el acto o exigido explicaciones a la cónsul brasileña, Carmen Ealo de Sá.
Y recuerdan que esta “clara exaltación fascista y provocadora” iría contra la Ley de Memoria Histórica estatal, que regula contra las referencias y conmemoraciones a la dictadura franquista y su represión por parte de las propias instituciones.
Pero, añaden, Cantabria carece de una ley así, a diferencia de otras comunidades como, por ejemplo, Aragón, donde su Ley de Memoria Democrática, contempla multas de hasta 150.000 euros por cantar el ‘Cara al sol’ o entonar vivas a Franco.
De hecho, la federación de IU en Cantabria lleva años reclamando que se apruebe la ley de Memoria histórica cántabra, “hoy en un cajón cogiendo polvo, como tantas promesas de PRC y PSOE”.
Así, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, recuerda también el desfile celebrado el pasado 21 de julio por las calles de Santander, en las que se pudieron ver varias banderas franquistas y falangistas en plena Semana Grande y que “la ley cántabra habría sancionado”, tal y como explicita el anteproyecto de Ley, en su artículo 32: “las administraciones públicas de Cantabria, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la Dictadura”.
En las preguntas formuladas por los diputados de IU en el Congreso, se inquiere al Gobierno central si tiene conocimiento de los hechos y si tiene previsto hacer algún tipo de queja al Gobierno de Brasil o iniciar algún tipo de expediente para determinar responsabilidades.
También preguntan si considera el Gobierno que embajadas y consulados no están sujetos a las normas de los países en los que se encuentran sus sedes y qué medidas va a adoptar para que situaciones así no se repitan en el futuro.
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