Los candidatos de Izquierda Unida al Parlamento cántabro y a la Eurocámara, Israel Ruiz y Vanessa Angustia, han alertado en una rueda de prensa esta mañana del “serio peligro para la salud y el medioambiente” del proyecto de extracción de Zinc en Salía, donde la empresa canadiense Emerita Resources está a la espera de conseguir todos los permisos necesarios para comenzar las investigaciones.
Ambos han sostenido que “existen serias dudas” sobre el “verdadero objetivo” de este tipo de explotaciones que, han recordado “se van a desarrollar gracias a la modificación ad hoc” de la Ley de Ordenamiento que ha promovido el Ejecutivo de Revilla.
Además, han advertido de que “las ansias del Gobierno de Cantabria” para “liberalizar el suelo y nuestros recursos naturales”, pueden “salirnos muy caras” ya que “se estarían vulnerando numerosas directivas comunitarias”.
De hecho, Izquierda Unida de Cantabria ha dirigido este viernes, a través de la eurodiputada Marina Albiol, una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en la que se denuncia, en concreto, la vulneración de la Directiva 2011/92/UE, sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente; la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres; y hasta el Artículo 174 de la Unión Europea.
“Las ansias del Gobierno de Cantabria por modificar la Ley de Ordenación pueden salirnos muy caras”, ha explicado Israel Ruiz. Por un lado, “este tipo de explotaciones mineras, por todo lo que comportan, suponen un serio riesgo para la salud y los ecosistemas”. Y a esto se le suma que, “con la excusa de un supuesto desarrollo económico milagroso”, Revilla “está vendiendo a precio de saldo nuestros recursos naturales a unas empresas extranjeras que se dedican a especular con minerales en todo el mundo, vulnerando sin pudor la legislación europea”.
Ruiz y Angustia se han referido en concreto al permiso de investigación conocido como ‘P.I. SALIA’, concedido por el Gobierno de Cantabria a Cantábrica de Zinc SL, que forma una joint venture con Global Amidala SL y la minera canadiense Emerita Resources.
Dicho proyecto afecta a los municipios de Suances, Torrelavega, Santillana del Mar, Reocín, Cartes y Mazcuerras y se quiere desarrollar en un área de interés que cubre 120 Cuadrículas Mineras con una superficie aproximada de 3.600 Hectáreas.
Ruiz ha acusado al Gobierno autonómico de saltarse la normativa vigente y “no tener siquiera” un Programa Autonómico de Investigación Minera en aplicación de la Ley de Minas española, que data de 1973 y que, además, “de preconstitucional está totalmente obsoleta”.
Para el cabeza de lista de IU al Parlamento cántabro el incumplimiento de las leyes es “sólo una parte del despropósito de este Gobierno”, ya que “están vendiendo las bondades de un proyecto que atenta contra el propio desarrollo de Cantabria”.
En este sentido, ha puesto en duda que las estimaciones de Revilla sobre la creación de empleo “se ajusten a la realidad”. El Gobierno Cántabro asegura que se crearán entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo directos gracias al acuerdo con Emerita Resources, algo que parece “totalmente desproporcionado”, teniendo en cuenta que “cuando la mina de Reocín cerró en 2003, tenía 400 trabajadores, que producían dos toneladas de mineral al año”. Ahora, “para producir la mitad nos dicen que habrá entre cuatro y cinco veces más de empleo. Y eso sin tener en cuenta el avance de la tecnología”. Revilla, ha dicho, “debería dejar de jugar con la ilusión y el futuro de las familias trabajadoras de Cantabria”.
Por último, ha señalado, “la actividad minera en estas zonas implica un grave riesgo a nuestro patrimonio”, en referencia a las cuevas de Altamira, en Santillana del Mar, y “puede entrar en conflicto con otras actividades económicas, como la agroganadería o el turismo”.
Por su parte, la senadora y candidata a la Eurocámara Vanessa Angustia, ha dejado claro que “el proyecto de Salía es el mejor ejemplo” de cómo va a afectar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) a nuestras vidas y a nuestras sociedades. “Misteriosamente -ha dicho-, el Gobierno de Cantabria decide modificar su legislación, después de cincuenta años, en pleno proceso de ratificación del CETA en el Parlamento Europeo. Y, misteriosamente, esa modificación entra en vigor tres meses después de que la Eurocámara le diera el sí al CETA. Misteriosamente, Emerita Resources, a través de Cantábrica del Zinc, consigue la adjudicación escasos meses después de que el CETA fuera aprobado en el Congreso de los Diputados”.
“Creemos que Revilla, que como hemos visto, mantiene una buena relación con el embajador de Canadá, está disfrazando de desarrollo económico la liberalización del suelo de Cantabria y su riqueza”, ha afirmado. “Creemos que el Gobierno de Cantabria está especulando irresponsablemente con unos recursos naturales que, no pertenecen a Revilla, sino a las cántabras y los cántabros”, y que “está engañando a todo el mundo”. “¿Le ha explicado Revilla a las gentes de Cantabria las consecuencias de vender el suelo a una empresa canadiense? ¿Le ha explicado Revilla a las gentes de Cantabria que si Emerita Resources considera que sus inversiones no se han visto satisfechas puede denunciar al Gobierno ante los tribunales de arbitraje internacionales, exponiendo a toda la población de Cantabria?”.
Emerita Resources, ha continuado, “pertenece a un banco de inversiones que cotiza en Toronto” y que “cuenta en sus filiales con empresas que se dedican a expoliar el oro, la plata y otros minerales en América Latina y África”. Y “hoy lo hace en Europa gracias a acuerdos comerciales como el CETA”.
“Y no es la única empresa”, ha asegurado. “Tenemos el ejemplo de las minas de Corcoesto en mi tierra, en Galicia, donde la empresa canadiense Edgewater ha denunciado a la Xunta porque su proyecto para extraer oro no sale hacia delante gracias a la movilización ciudadana”. O “el de la australiana Berkeley en la mina de Retortillo, en León, donde esta multinacional pretende construir la mayor mina a cielo abierto de Europa para extraer, ni más ni menos que Uranio”.
Ante este “desarrollo depredador que pretende esquilmar nuestros recursos naturales vendiéndolos a empresas y fondos buitre nosotras decimos que hay otra alternativa”. “Basta ya de engañar a nuestros pueblos, basta ya de generar falsas expectativas. Cambiemos el modelo productivo, que el desarrollo sea el desarrollo de las familias trabajadoras de Cantabria y de todo el Estado español y no el de un puñado de empresas que, ya sea por la gestión negligente de los gobiernos de turno, ya sea por los acuerdos comerciales y las políticas neoliberales de la UE, explotan nuestros territorios sin respetar, como este caso de Salía, ni el patrimonio, ni el medioambiente, poniendo en peligro la salud y la vida de todas y todos”.
De hecho, Izquierda Unida de Cantabria ha dirigido este viernes, a través de la eurodiputada Marina Albiol, una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en la que se denuncia, en concreto, la vulneración de la Directiva 2011/92/UE, sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente; la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres; y hasta el Artículo 174 de la Unión Europea.
“Las ansias del Gobierno de Cantabria por modificar la Ley de Ordenación pueden salirnos muy caras”, ha explicado Israel Ruiz. Por un lado, “este tipo de explotaciones mineras, por todo lo que comportan, suponen un serio riesgo para la salud y los ecosistemas”. Y a esto se le suma que, “con la excusa de un supuesto desarrollo económico milagroso”, Revilla “está vendiendo a precio de saldo nuestros recursos naturales a unas empresas extranjeras que se dedican a especular con minerales en todo el mundo, vulnerando sin pudor la legislación europea”.
Ruiz y Angustia se han referido en concreto al permiso de investigación conocido como ‘P.I. SALIA’, concedido por el Gobierno de Cantabria a Cantábrica de Zinc SL, que forma una joint venture con Global Amidala SL y la minera canadiense Emerita Resources.
Dicho proyecto afecta a los municipios de Suances, Torrelavega, Santillana del Mar, Reocín, Cartes y Mazcuerras y se quiere desarrollar en un área de interés que cubre 120 Cuadrículas Mineras con una superficie aproximada de 3.600 Hectáreas.
Ruiz ha acusado al Gobierno autonómico de saltarse la normativa vigente y “no tener siquiera” un Programa Autonómico de Investigación Minera en aplicación de la Ley de Minas española, que data de 1973 y que, además, “de preconstitucional está totalmente obsoleta”.
Para el cabeza de lista de IU al Parlamento cántabro el incumplimiento de las leyes es “sólo una parte del despropósito de este Gobierno”, ya que “están vendiendo las bondades de un proyecto que atenta contra el propio desarrollo de Cantabria”.
En este sentido, ha puesto en duda que las estimaciones de Revilla sobre la creación de empleo “se ajusten a la realidad”. El Gobierno Cántabro asegura que se crearán entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo directos gracias al acuerdo con Emerita Resources, algo que parece “totalmente desproporcionado”, teniendo en cuenta que “cuando la mina de Reocín cerró en 2003, tenía 400 trabajadores, que producían dos toneladas de mineral al año”. Ahora, “para producir la mitad nos dicen que habrá entre cuatro y cinco veces más de empleo. Y eso sin tener en cuenta el avance de la tecnología”. Revilla, ha dicho, “debería dejar de jugar con la ilusión y el futuro de las familias trabajadoras de Cantabria”.
Por último, ha señalado, “la actividad minera en estas zonas implica un grave riesgo a nuestro patrimonio”, en referencia a las cuevas de Altamira, en Santillana del Mar, y “puede entrar en conflicto con otras actividades económicas, como la agroganadería o el turismo”.
Por su parte, la senadora y candidata a la Eurocámara Vanessa Angustia, ha dejado claro que “el proyecto de Salía es el mejor ejemplo” de cómo va a afectar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) a nuestras vidas y a nuestras sociedades. “Misteriosamente -ha dicho-, el Gobierno de Cantabria decide modificar su legislación, después de cincuenta años, en pleno proceso de ratificación del CETA en el Parlamento Europeo. Y, misteriosamente, esa modificación entra en vigor tres meses después de que la Eurocámara le diera el sí al CETA. Misteriosamente, Emerita Resources, a través de Cantábrica del Zinc, consigue la adjudicación escasos meses después de que el CETA fuera aprobado en el Congreso de los Diputados”.
“Creemos que Revilla, que como hemos visto, mantiene una buena relación con el embajador de Canadá, está disfrazando de desarrollo económico la liberalización del suelo de Cantabria y su riqueza”, ha afirmado. “Creemos que el Gobierno de Cantabria está especulando irresponsablemente con unos recursos naturales que, no pertenecen a Revilla, sino a las cántabras y los cántabros”, y que “está engañando a todo el mundo”. “¿Le ha explicado Revilla a las gentes de Cantabria las consecuencias de vender el suelo a una empresa canadiense? ¿Le ha explicado Revilla a las gentes de Cantabria que si Emerita Resources considera que sus inversiones no se han visto satisfechas puede denunciar al Gobierno ante los tribunales de arbitraje internacionales, exponiendo a toda la población de Cantabria?”.
Emerita Resources, ha continuado, “pertenece a un banco de inversiones que cotiza en Toronto” y que “cuenta en sus filiales con empresas que se dedican a expoliar el oro, la plata y otros minerales en América Latina y África”. Y “hoy lo hace en Europa gracias a acuerdos comerciales como el CETA”.
“Y no es la única empresa”, ha asegurado. “Tenemos el ejemplo de las minas de Corcoesto en mi tierra, en Galicia, donde la empresa canadiense Edgewater ha denunciado a la Xunta porque su proyecto para extraer oro no sale hacia delante gracias a la movilización ciudadana”. O “el de la australiana Berkeley en la mina de Retortillo, en León, donde esta multinacional pretende construir la mayor mina a cielo abierto de Europa para extraer, ni más ni menos que Uranio”.
Ante este “desarrollo depredador que pretende esquilmar nuestros recursos naturales vendiéndolos a empresas y fondos buitre nosotras decimos que hay otra alternativa”. “Basta ya de engañar a nuestros pueblos, basta ya de generar falsas expectativas. Cambiemos el modelo productivo, que el desarrollo sea el desarrollo de las familias trabajadoras de Cantabria y de todo el Estado español y no el de un puñado de empresas que, ya sea por la gestión negligente de los gobiernos de turno, ya sea por los acuerdos comerciales y las políticas neoliberales de la UE, explotan nuestros territorios sin respetar, como este caso de Salía, ni el patrimonio, ni el medioambiente, poniendo en peligro la salud y la vida de todas y todos”.
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