Santander: La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, destinará 264.000 euros para financiar programas relacionados con la intervención en drogodependencias en instituciones penitenciarias, conductas de riesgo en adolescentes y estrategia para la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en jóvenes. Esta partida, financiada con cargo al convenio de colaboración suscrito con el Ministerio del Interior procedente del Fondo de bienes decomisados, permitirá continuar con la estrategia de coordinación, formación, prevención e intervención en diferentes ámbitos como el comunitario, el educativo y el de ocio y tiempo libre. El 'Programa de conductas de riesgo en adolescentes' se centra en la prevención selectiva dirigida a los colectivos más vulnerables y de manera especial a los menores. Para ello se incluyen actuaciones en materia de formación de los profesionales implicados en el abordaje de las drogodependencias, de sanidad y de educación; la detección y abordaje precoz entre los adolescentes a través de las consultas de Atención Primaria que incluye un protocolo básico de actuación con métodos de cribado e intervenciones breves para promover hábitos de vida saludable; y actuaciones con aquellos jóvenes que presentan conductas de riesgo a través del programa 'Jóvenes y drogas', que contempla una intervención socioeducativa con un equipo de psicólogos. Por su parte, la 'Estrategia para la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en jóvenes' engloba diversos programas que tienen como objetivo la reducción de daños y riesgos como parte fundamental de la política preventiva, incluyendo en su campo de acción todas las sustancias y todos los patrones y contextos de consumo. Sus líneas de actuación se centran en la intervención informativa, tanto en los espacios de encuentro que frecuentan los jóvenes (conciertos, fiestas juveniles) como aquellas dirigidas a reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de drogas. También se busca implicar a los profesionales del sector hostelero para reducir los riesgos asociados al consumo abusivo de alcohol y otras drogas. Estas actuaciones se llevan a cabo a través de los programas 'Musicate', 'Al volante, SIN RIESGOS' y 'Servicio responsable'. Finalmente, el 'Programa de intervención en drogodependencias en instituciones penitenciarias' está dirigido a internos con problemas de consumo de drogas, centrándose en la continuidad o inicio del tratamiento correspondiente, facilitando la incorporación social y coordinando en caso necesario la continuidad del tratamiento a través de recursos comunitarios. Todo ello orientado a la prevención, educación en salud y reducción de daños y riesgos. Se trata de una intervención interdisciplinar e integral mediante un circuito terapéutico que engloba los recursos propios del centro penitenciario, del Plan Regional sobre Drogas y ONGs.

Cantabria ha mostrado su total disposición a colaborar con el Estado y el resto de autonomías para mejorar la atención de los menores extranjeros no acompañados, y ha propuesto trabajar de manera conjunta en la elaboración de un plan estratégico que dé respuesta a la acogida y protección de este colectivo ante su llegada masiva a España en los últimos meses.
Así lo ha explicado la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Feli Lois, al término de la reunión de la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), en la que se ha abordado la situación de este colectivo y se ha acordado revisar el protocolo de intervención, que se adoptó en 2014.
Además, Lois ha valorado la rapidez de reacción del Gobierno de España a la hora de convocar esta reunión y ha calificado de muy positiva la decisión del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social de aportar 40 millones de euros para mejorar la atención y acogida solidaria entre las comunidades autónomas.
"Agradecemos que el Gobierno central haya asumido su papel, liderando el abordaje y debate de este asunto de gran importancia porque estamos hablando, en el caso de Cantabria, de 72 menores extranjeros acogidos a 31 de agosto, y agradecemos el que haya un respaldo económico para que podamos garantizar que esos menores que llegan a nuestras comunidades autónomas tengan asegurada una atención adecuada", ha afirmado la directora del ICASS.
"Se trata de poder dar a estos menores la atención que merecen como menores que son", ha añadido.
Lois ha explicado que Cantabria también ha apostado por "mejorar la coordinación y transmisión de información entre las administraciones, desde las entidades locales, las comunidades autónomas y el Estado".
La directora también ha precisado que Cantabria se pondrá a trabajar de manera inmediata en sus aportaciones al nuevo protocolo de intervención con el que se pretende homogeneizar, agilizar y dotar de mayores garantías la entrada de los menores a los sistemas de protección de la infancia.
"Cantabria es una comunidad autónoma solidaria y responsable y por eso consideramos capital el avanzar en la acogida y atención a los menores extranjeros no acompañados para que tengan cubiertas todas sus necesidades y se integren de manera adecuada", ha asegurado.
40 millones de euros para la acogida solidaria de MENAS
En el marco de este encuentro, el Gobierno central ha anunciado que el Consejo de Ministros, en un plazo aproximado de seis semanas, aprobará un Real Decreto por el que se destinarán 40 millones de euros para la mejora y la atención solidaria entre las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a España.
Se trata de una medida excepcional que el Ejecutivo central ha articulado para dar apoyo a las comunidades autónomas y garantizar el respeto de los derechos del menor. Una medida que el Gobierno ha considerado de interés público, social y humanitario debido al incremento del número de llegadas en los últimos meses.
La distribución de los fondos se realizará en función del incremento de los menores atendidos por cada autonomía desde diciembre de 2017 y abre la posibilidad de que las comunidades autónomas acojan solidariamente a menores de otras comunidades.
Esta acogida solidaria y coordinada tendrá carácter voluntario y, además, contará con la autorización del Gobierno con el objetivo de que se cumplan requisitos adecuados de calidad y evaluación en la prestación de los servicios.
Una vez cerrada la acogida solidaria entre comunidades autónomas y fijado el número de menores por autonomía, se procederá al reparto de los fondos que se realizará mediante un anticipo de crédito que después las comunidades autónomas tendrán que justificar.