La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha registrado un requerimiento ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte tras la impugnación que el sindicato CCOO presentó ante la Audiencia Nacional para anular la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, que avala los recortes que aún siguen vigentes en educación.
El decreto de los recortes supuso un duro varapalo para el sistema educativo español. Entre otras medidas de carácter excepcional, en la enseñanza no universitaria el Gobierno del PP aumentó el número de estudiantes por aula, incrementó la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional.
La ampliación de la jornada lectiva y la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública provocaron, en el territorio nacional, la destrucción de 32.801 plazas de trabajo en apenas un año y medio; las jornadas parciales crecieron un tercio y la temporalidad se disparó, haciendo que, en la actualidad, uno de cada cuatro docentes se encuentre en situación de interinidad. Esta realidad se agrava en el caso cántabro, en el que más de uno de cada tres docentes son interinos, con los costes que ello conlleva para la calidad educativa regional.
En definitiva, los recortes supusieron un duro ataque a la educación española. De ahí que, en defensa de la calidad del profesorado y de la educación en su conjunto, CCOO haya demandado al Ministerio de Educación a través de un proceso contencioso-administrativo de Derechos Fundamentales, por vulneración del derecho a la educación, al empleo público y el principio de seguridad jurídica del que goza todo ciudadano, y le requiere la derogación o suspensión sine díe del Real Decreto-Ley 14/2012.
Ahora, seis años después, nos encontramos ante un contexto de crecimiento económico, reconocido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, por lo que “no admitimos que los recortes, que eran temporales, transitorios y con un fin socioeconómico, se acepten como definitivos, ya que en la actualidad han desaparecido las razones económicas que los motivaron”, ha denunciado Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, quien además asegura que aunque en Cantabria, gracias a la presión sindical, se están revirtiendo algunos derechos arrebatados.
El decreto de los recortes supuso un duro varapalo para el sistema educativo español. Entre otras medidas de carácter excepcional, en la enseñanza no universitaria el Gobierno del PP aumentó el número de estudiantes por aula, incrementó la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional.
La ampliación de la jornada lectiva y la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública provocaron, en el territorio nacional, la destrucción de 32.801 plazas de trabajo en apenas un año y medio; las jornadas parciales crecieron un tercio y la temporalidad se disparó, haciendo que, en la actualidad, uno de cada cuatro docentes se encuentre en situación de interinidad. Esta realidad se agrava en el caso cántabro, en el que más de uno de cada tres docentes son interinos, con los costes que ello conlleva para la calidad educativa regional.
En definitiva, los recortes supusieron un duro ataque a la educación española. De ahí que, en defensa de la calidad del profesorado y de la educación en su conjunto, CCOO haya demandado al Ministerio de Educación a través de un proceso contencioso-administrativo de Derechos Fundamentales, por vulneración del derecho a la educación, al empleo público y el principio de seguridad jurídica del que goza todo ciudadano, y le requiere la derogación o suspensión sine díe del Real Decreto-Ley 14/2012.
Ahora, seis años después, nos encontramos ante un contexto de crecimiento económico, reconocido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, por lo que “no admitimos que los recortes, que eran temporales, transitorios y con un fin socioeconómico, se acepten como definitivos, ya que en la actualidad han desaparecido las razones económicas que los motivaron”, ha denunciado Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, quien además asegura que aunque en Cantabria, gracias a la presión sindical, se están revirtiendo algunos derechos arrebatados.
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