El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria creará la estructura necesaria para velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos a través de políticas activas de protección de sus datos personales, en cumplimiento del reglamento europeo en la materia, que será de aplicación directa en mayo de 2018.
De la Sierra ha inaugurado con la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, una jornada técnica dirigida a los empleados públicos autonómicos con la que se quiere facilitar la aplicación de las nuevas políticas de protección de datos personales.
El titular de Presidencia ha informado que el Ejecutivo tendrá que tomar una serie de decisiones de forma coordinada, tanto de índole normativa como organizativa, con las que se ejecutará estas políticas de protección de datos, que ha considerado "fundamentales".
Entre otras cuestiones, el reglamento de la Unión Europea y la nueva ley orgánica de protección de datos que se adapta a la norma europea y que se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso, incluyen la figura del delegado de protección de datos en las administraciones públicas y promueve la implementación de medidas jurídicas para la prevención del daño por la difusión de datos personales.
El consejero ha destacado la complejidad de esta materia al colisionar en muchas ocasiones derechos fundamentales de los ciudadanos y ha puesto de ejemplo las políticas de transparencia "tan beneficiosas", pero que han supuesto al mismo tiempo ser más conscientes de la necesidad de clarificar sus límites frente a los derechos de privacidad e intimidad personal o para impedir la manipulación de los datos.
Ha agradecido la colaboración de la presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, para diseñar la hoja de ruta que llevará a cabo la Comunidad autónoma para aplicar el reglamento europeo y la futura ley orgánica.
Por su parte, Mar España ha hablado en su intervención en el curso del Gobierno del impacto del reglamento europeo de protección de datos en las administraciones públicas.
En primer lugar, ha recomendado la creación en el Ejecutivo regional de un órgano colegiado formado por varias personas para realizar la función del delegado de protección de datos que coordine los trabajos en esta materia.
Del mismo modo, la transversalidad de las políticas de protección de datos hace recomendable el nombramiento de otros responsables en las distintas consejerías, con especial atención en los departamentos de Sanidad y Educación, que son los que utilizan datos más sensibles de las personas.
También ha puesto el acento en que la administración autonómica colabore con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para facilitar las iniciativas de protección de datos en estas administraciones públicas.
De lo que se trata ahora es que los organismos públicos sean "responsables activos" del derecho fundamental de la protección de datos, ha concluido Mar España.
De la Sierra ha inaugurado con la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, una jornada técnica dirigida a los empleados públicos autonómicos con la que se quiere facilitar la aplicación de las nuevas políticas de protección de datos personales.
El titular de Presidencia ha informado que el Ejecutivo tendrá que tomar una serie de decisiones de forma coordinada, tanto de índole normativa como organizativa, con las que se ejecutará estas políticas de protección de datos, que ha considerado "fundamentales".
Entre otras cuestiones, el reglamento de la Unión Europea y la nueva ley orgánica de protección de datos que se adapta a la norma europea y que se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso, incluyen la figura del delegado de protección de datos en las administraciones públicas y promueve la implementación de medidas jurídicas para la prevención del daño por la difusión de datos personales.
El consejero ha destacado la complejidad de esta materia al colisionar en muchas ocasiones derechos fundamentales de los ciudadanos y ha puesto de ejemplo las políticas de transparencia "tan beneficiosas", pero que han supuesto al mismo tiempo ser más conscientes de la necesidad de clarificar sus límites frente a los derechos de privacidad e intimidad personal o para impedir la manipulación de los datos.
Ha agradecido la colaboración de la presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, para diseñar la hoja de ruta que llevará a cabo la Comunidad autónoma para aplicar el reglamento europeo y la futura ley orgánica.
Por su parte, Mar España ha hablado en su intervención en el curso del Gobierno del impacto del reglamento europeo de protección de datos en las administraciones públicas.
En primer lugar, ha recomendado la creación en el Ejecutivo regional de un órgano colegiado formado por varias personas para realizar la función del delegado de protección de datos que coordine los trabajos en esta materia.
Del mismo modo, la transversalidad de las políticas de protección de datos hace recomendable el nombramiento de otros responsables en las distintas consejerías, con especial atención en los departamentos de Sanidad y Educación, que son los que utilizan datos más sensibles de las personas.
También ha puesto el acento en que la administración autonómica colabore con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para facilitar las iniciativas de protección de datos en estas administraciones públicas.
De lo que se trata ahora es que los organismos públicos sean "responsables activos" del derecho fundamental de la protección de datos, ha concluido Mar España.
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