El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha dado hoy por cumplidos en un 80 por ciento los objetivos que trazó al inicio en su departamento, a falta de un año y medio de que finalice la legislatura, tras los datos que ha expuesto hoy, aunque ha asumido que también "queda por hacer" en distintas materias.
Entre ellas, ha citado la Oficina Fiscal y Judicial, que se desarrollará en 2018, ha asegurado, o el séptimo parque de emergencias, que, en este caso, a pesar de la voluntad del Gobierno autonómico, no se puede llevar a cabo por las limitaciones de personal que fija la Administración del Estado, ha lamentado De la Sierra.
Durante la comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento para explicar los presupuestos de su departamento para 2018, el consejero ha destacado la apuesta por los municipios y los ámbitos de justicia y protección civil, cuyas aportaciones económicas han crecido de forma importante respecto al periodo del Gobierno del Partido Popular.
A juicio del consejero, "no se puede decir que no hemos hecho absolutamente nada porque prácticamente el 80 por ciento de los objetivos comprometidos al inicio de la legislatura se están haciendo". "Se está cumpliendo razonablemente bien en todos los programas", ha remarcado.
Como ejemplo, ha citado el sistema de gestión procesal en la Administración de Justicia. Frente a los problemas de las comunidades autónomas dependientes del Estado, Cantabria está "mejor que la media de España y esto debe ser un motivo de orgullo". Al mismo tiempo, ha afirmado que estos datos positivos "no deben suponer dormirse, porque son muchos los problemas" y hay que seguir trabajando.
También ha abordado la ley de creación del organismo público 112, con el fin de integrar este servicio en la Administración Autonómica. La norma se encuentra en estos momentos en tramitación administrativa y ha recordado las dificultades habidas durante el proceso para facilitar la integración del personal de la Sociedad. Los empleados del Servicio 112 van a tener "la garantía y la voluntad" de que su situación será "lo más digna posible", ha remarcado.
En este mismo ámbito, ha lamentado las limitaciones de personal establecidas por la Administración del Estado, que impiden la creación del séptimo parque de emergencias en Cantabria, al no poder incorporar al servicio los 20 bomberos que harían falta para su puesta en marcha. De la Sierra ha recordado las peticiones realizadas ante la Secretaría de Estado de Función Pública en este sentido sin ningún resultado hasta el momento.
Oficina Fiscal y Judicial
Por otro lado, De la Sierra se ha comprometido a desarrollar la Oficina Fiscal en 2018 y a implantar un sistema piloto de la Judicial también durante el próximo año. De cualquier forma, ha advertido que se tendrá que hacer frente a modificaciones de las sedes judiciales y a cambios en el sistema de gestión procesal.
Según ha informado a los diputados, la Comunidad Autónoma ha aportado todos los medios necesarios de los que es competente para el mantenimiento del juzgado especial de cláusulas suelo y ha dicho que el Ministerio es el "más reticente" frente a la defensa que realizan de este órgano especial el Gobierno autonómico y el Consejo General del Poder Judicial.
Respecto a la nueva ley de régimen de las entidades locales menores, el consejero ha informado el Gobierno está a la espera de que se materialice un acuerdo en el grupo de trabajo creado al efecto.
En función pública, ha subrayado el trabajo llevado a cabo por la Dirección General en los procesos de provisión del personal, concurso de méritos, regulación de comisiones de servicio, ofertas de empleo público, catálogo de formación, iniciativas todas ellas que han sido reconocidas por los representantes sindicales debido al respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este punto, ha apuntado que el personal de la Administración autonómica está supliendo la falta de medios con una "mayor dedicación".
Ha avanzado que mañana se celebrará una reunión de la Mesa Sectorial de Función Pública para abordar la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2017 formada, según ha adelantado el consejero, por unas 200 plazas. También, ha aludido a una oferta de empleo especial el próximo año para consolidar y reducir la temporalidad en la Administración Autonómica.
Ejes estratégicos
El departamento dirigido por el consejero Rafael dela Sierra contará con un total de 107 millones de euros durante el próximo año, un 3,6 por ciento más que en 2017, donde las actuaciones en materia de emergencias y justicia representan cerca de la mitad del presupuesto.
El consejero ha resaltado como uno de los ejes estratégicos el reforzar los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, por lo que se consignan las partidas necesarias para la puesta en marcha de nuevos juzgados y órganos de este servicio público, así como para la renovación de todos sus equipos informáticos. También se destinará más de 1,8 millones de euros a las sedes judiciales, entre las que destaca inversiones para la rehabilitación del convento de Santa Cruz y la ampliación del Instituto de Medicina Legal.
La Consejería también realizará un esfuerzo económico relevante para la implantación de la Administración Digital, un objetivo que deberá estar materializado en octubre de 2018 y para lo que se prevén una decena de actuaciones consistentes en el desarrollo de nuevos sistemas de información. "Es una auténtica revolución que va a exigir un gran esfuerzo de todos", ha indicado.
En materia de Protección Civil crecen las inversiones un 14 por ciento y las iniciativas se centrarán en la renovación de la red de comunicaciones y la mejora de los parques de bomberos autonómicos. De la Sierra ha señalado el incremento presupuestario destinado a los parques de bomberos municipales, en cumplimiento de un compromiso con esos ayuntamientos, y ha informado de las inversiones en las agrupaciones municipales de voluntarios y en el mantenimiento del servicio de drones para las intervenciones de emergencia.
Respecto a las competencias de Administración Local, el consejero ha insistido en el esfuerzo económico para el mantenimiento del Fondo de Cooperación Local, por importe de 15,2 millones de euros, que es "fundamental" para los ayuntamientos. El Gobierno ejecutará también un plan para que los ayuntamientos cumplan las exigencias legales y desarrollen la Administración Electrónica, con una inversión global cercana a los 700.000 euros.
Para cumplir los fines sobre transparencia y participación ciudadana se incrementan las acciones y recursos un 15 por ciento. Principalmente se pondrá en marcha la nueva unidad de transparencia en la Administración y se mejorarán los portales Institucional y de Participación Ciudadana, dando soporte además a las entidades locales menores.
Las cuentas de la Consejería de Presidencia incluyen las partidas de formación para los empleados públicos autonómicos y locales, a los que el consejero de Presidencia ha agradecido su labor que "supera con creces su deber".
Por último, De la Sierra ha transmitido al comienzo de su intervención el "pesar" del Gobierno por los fallecimientos del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y de la presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, ocurridos durante el fin de semana, responsables de organismos públicos que tienen mucha relación y han colaborado de forma importante con la Consejería de Presidencia.
Entre ellas, ha citado la Oficina Fiscal y Judicial, que se desarrollará en 2018, ha asegurado, o el séptimo parque de emergencias, que, en este caso, a pesar de la voluntad del Gobierno autonómico, no se puede llevar a cabo por las limitaciones de personal que fija la Administración del Estado, ha lamentado De la Sierra.
Durante la comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento para explicar los presupuestos de su departamento para 2018, el consejero ha destacado la apuesta por los municipios y los ámbitos de justicia y protección civil, cuyas aportaciones económicas han crecido de forma importante respecto al periodo del Gobierno del Partido Popular.
A juicio del consejero, "no se puede decir que no hemos hecho absolutamente nada porque prácticamente el 80 por ciento de los objetivos comprometidos al inicio de la legislatura se están haciendo". "Se está cumpliendo razonablemente bien en todos los programas", ha remarcado.
Como ejemplo, ha citado el sistema de gestión procesal en la Administración de Justicia. Frente a los problemas de las comunidades autónomas dependientes del Estado, Cantabria está "mejor que la media de España y esto debe ser un motivo de orgullo". Al mismo tiempo, ha afirmado que estos datos positivos "no deben suponer dormirse, porque son muchos los problemas" y hay que seguir trabajando.
También ha abordado la ley de creación del organismo público 112, con el fin de integrar este servicio en la Administración Autonómica. La norma se encuentra en estos momentos en tramitación administrativa y ha recordado las dificultades habidas durante el proceso para facilitar la integración del personal de la Sociedad. Los empleados del Servicio 112 van a tener "la garantía y la voluntad" de que su situación será "lo más digna posible", ha remarcado.
En este mismo ámbito, ha lamentado las limitaciones de personal establecidas por la Administración del Estado, que impiden la creación del séptimo parque de emergencias en Cantabria, al no poder incorporar al servicio los 20 bomberos que harían falta para su puesta en marcha. De la Sierra ha recordado las peticiones realizadas ante la Secretaría de Estado de Función Pública en este sentido sin ningún resultado hasta el momento.
Oficina Fiscal y Judicial
Por otro lado, De la Sierra se ha comprometido a desarrollar la Oficina Fiscal en 2018 y a implantar un sistema piloto de la Judicial también durante el próximo año. De cualquier forma, ha advertido que se tendrá que hacer frente a modificaciones de las sedes judiciales y a cambios en el sistema de gestión procesal.
Según ha informado a los diputados, la Comunidad Autónoma ha aportado todos los medios necesarios de los que es competente para el mantenimiento del juzgado especial de cláusulas suelo y ha dicho que el Ministerio es el "más reticente" frente a la defensa que realizan de este órgano especial el Gobierno autonómico y el Consejo General del Poder Judicial.
Respecto a la nueva ley de régimen de las entidades locales menores, el consejero ha informado el Gobierno está a la espera de que se materialice un acuerdo en el grupo de trabajo creado al efecto.
En función pública, ha subrayado el trabajo llevado a cabo por la Dirección General en los procesos de provisión del personal, concurso de méritos, regulación de comisiones de servicio, ofertas de empleo público, catálogo de formación, iniciativas todas ellas que han sido reconocidas por los representantes sindicales debido al respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este punto, ha apuntado que el personal de la Administración autonómica está supliendo la falta de medios con una "mayor dedicación".
Ha avanzado que mañana se celebrará una reunión de la Mesa Sectorial de Función Pública para abordar la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2017 formada, según ha adelantado el consejero, por unas 200 plazas. También, ha aludido a una oferta de empleo especial el próximo año para consolidar y reducir la temporalidad en la Administración Autonómica.
Ejes estratégicos
El departamento dirigido por el consejero Rafael dela Sierra contará con un total de 107 millones de euros durante el próximo año, un 3,6 por ciento más que en 2017, donde las actuaciones en materia de emergencias y justicia representan cerca de la mitad del presupuesto.
El consejero ha resaltado como uno de los ejes estratégicos el reforzar los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, por lo que se consignan las partidas necesarias para la puesta en marcha de nuevos juzgados y órganos de este servicio público, así como para la renovación de todos sus equipos informáticos. También se destinará más de 1,8 millones de euros a las sedes judiciales, entre las que destaca inversiones para la rehabilitación del convento de Santa Cruz y la ampliación del Instituto de Medicina Legal.
La Consejería también realizará un esfuerzo económico relevante para la implantación de la Administración Digital, un objetivo que deberá estar materializado en octubre de 2018 y para lo que se prevén una decena de actuaciones consistentes en el desarrollo de nuevos sistemas de información. "Es una auténtica revolución que va a exigir un gran esfuerzo de todos", ha indicado.
En materia de Protección Civil crecen las inversiones un 14 por ciento y las iniciativas se centrarán en la renovación de la red de comunicaciones y la mejora de los parques de bomberos autonómicos. De la Sierra ha señalado el incremento presupuestario destinado a los parques de bomberos municipales, en cumplimiento de un compromiso con esos ayuntamientos, y ha informado de las inversiones en las agrupaciones municipales de voluntarios y en el mantenimiento del servicio de drones para las intervenciones de emergencia.
Respecto a las competencias de Administración Local, el consejero ha insistido en el esfuerzo económico para el mantenimiento del Fondo de Cooperación Local, por importe de 15,2 millones de euros, que es "fundamental" para los ayuntamientos. El Gobierno ejecutará también un plan para que los ayuntamientos cumplan las exigencias legales y desarrollen la Administración Electrónica, con una inversión global cercana a los 700.000 euros.
Para cumplir los fines sobre transparencia y participación ciudadana se incrementan las acciones y recursos un 15 por ciento. Principalmente se pondrá en marcha la nueva unidad de transparencia en la Administración y se mejorarán los portales Institucional y de Participación Ciudadana, dando soporte además a las entidades locales menores.
Las cuentas de la Consejería de Presidencia incluyen las partidas de formación para los empleados públicos autonómicos y locales, a los que el consejero de Presidencia ha agradecido su labor que "supera con creces su deber".
Por último, De la Sierra ha transmitido al comienzo de su intervención el "pesar" del Gobierno por los fallecimientos del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y de la presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, ocurridos durante el fin de semana, responsables de organismos públicos que tienen mucha relación y han colaborado de forma importante con la Consejería de Presidencia.
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