Desde la firma del Convenio Estatal de Restauración Colectiva, que sustituye al anterior Convenio de Hostelería para las trabajadoras del servicio de comedores, algunas empresas del sector, con una interpretación torticera del convenio “bajaron” el salario a las nuevas contrataciones que se hacían para desempeñar el puesto de trabajo de las monitoras.
Para el sindicato CC.OO. esta práctica incumple flagrantemente el convenio colectivo, y solamente pretende ahorrar costes laborales, en una actividad que ya soportaba condiciones muy precarias. En Cantabria la sentencia puede afectar a cerca de 1800 trabajadoras y trabajadores, mayoritariamente mujeres que cuentan con contratos laborales con jornadas a tiempo parcial, que se aglutinan principalmente en los comedores escolares.
“Algunas empresas están haciendo su agosto ya que, además de no actualizar el salario y abonar los atrasos correspondientes, están procediendo a sustituir trabajadoras nuevas por antiguas, con la excusa de un nuevo convenio colectivo, pagándoles muy por debajo de los pactado entre los sindicatos y la patronal del sector, situación que impulsó a CCOO a llevar el tema ante los tribunales”, ha remarcado Gregorio García Madrid, dirigente de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria.
El sindicato ha celebrado el fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional, tras la celebración del juicio el pasado 8 de noviembre, que da la razón a CCOO y establece que: “las/os monitoras/es que presten servicios en empresas que vinieran aplicando los convenios colectivos de hostelería a puestos u ocupaciones de monitor/a y en los territorios que lo venían haciendo, deberán aplicarse las condiciones contenidas en los mismos tanto al personal vinculado a la entrada en vigor del presente convenio colectivo estatal, como al personal que resulte contratado tras la firma del presente convenio para dichos puestos u ocupaciones; y en consecuencia a percibir el salario que establecen los mismos”.
La Federación de Servicios de CCOO en Cantabria ha anunciado que pondrán en marcha una campaña de denuncia ante la Inspección de Trabajo frente a todas aquellas empresas que continúen avasallando a las trabajadoras, así como pondrá en conocimiento de la Consejería de Educación, para que este incumplimiento se tenga en cuenta a la hora de de afrontar nuevos procesos de adjudicación de servicios.
Para el sindicato CC.OO. esta práctica incumple flagrantemente el convenio colectivo, y solamente pretende ahorrar costes laborales, en una actividad que ya soportaba condiciones muy precarias. En Cantabria la sentencia puede afectar a cerca de 1800 trabajadoras y trabajadores, mayoritariamente mujeres que cuentan con contratos laborales con jornadas a tiempo parcial, que se aglutinan principalmente en los comedores escolares.
“Algunas empresas están haciendo su agosto ya que, además de no actualizar el salario y abonar los atrasos correspondientes, están procediendo a sustituir trabajadoras nuevas por antiguas, con la excusa de un nuevo convenio colectivo, pagándoles muy por debajo de los pactado entre los sindicatos y la patronal del sector, situación que impulsó a CCOO a llevar el tema ante los tribunales”, ha remarcado Gregorio García Madrid, dirigente de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria.
El sindicato ha celebrado el fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional, tras la celebración del juicio el pasado 8 de noviembre, que da la razón a CCOO y establece que: “las/os monitoras/es que presten servicios en empresas que vinieran aplicando los convenios colectivos de hostelería a puestos u ocupaciones de monitor/a y en los territorios que lo venían haciendo, deberán aplicarse las condiciones contenidas en los mismos tanto al personal vinculado a la entrada en vigor del presente convenio colectivo estatal, como al personal que resulte contratado tras la firma del presente convenio para dichos puestos u ocupaciones; y en consecuencia a percibir el salario que establecen los mismos”.
La Federación de Servicios de CCOO en Cantabria ha anunciado que pondrán en marcha una campaña de denuncia ante la Inspección de Trabajo frente a todas aquellas empresas que continúen avasallando a las trabajadoras, así como pondrá en conocimiento de la Consejería de Educación, para que este incumplimiento se tenga en cuenta a la hora de de afrontar nuevos procesos de adjudicación de servicios.
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