Por este motivo ha demandado al Gobierno de España un Pacto de Estado sobre la dependencia dotado con una financiación suficiente para la sostenibilidad del sistema, que alcance los niveles existentes en 2012, y ha instado al Estado a reconocer la deuda en materia de dependencia con Cantabria en una partida presupuestaria extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Eva Díaz Tezanos ha afirmado que el incumplimiento de la Ley, por parte del Estado, nos "avocará a un colapso del sistema", y en este sentido ha señalado que si esto no ha ocurrido en Cantabria, es por su "priorización de lo social" en el presupuesto. "Nos obligan a hacer un esfuerzo presupuestario tremendo para poder atender a todas las personas dependientes un total de 16.442 personas con prestaciones, 6.078 personas con plazas en centros, 943 personas que cuentan con el servicio de teleasistencia y 921 personas en ayuda a domicilio", ha afirmado.
Díaz Tezanos ha aprovechado el seminario de la UIMP en el que se analizaban los 10 años de desarrollo de la ley de dependencia para defender este texto con "uñas y dientes" frente al intento reiterado del Partido Popular de presentarla como "insostenible recortando su propia aportación". En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que nuestra Comunidad Autónoma "no sólo está demostrando que es viable, sino que es una Ley muy necesaria, a la que no estamos dispuestos a renunciar", por lo que ha exigido al Estado que salde la deuda histórica con Cantabria y las personas dependientes de nuestra región.
Asimismo, ha apostado por una recuperación económica que "llegue a las familias y no se quede sólo en las grandes empresas" y de la Ley de Dependencia ha destacado su fuerza "generadora de puestos de trabajo directos que se consolidan en un sector profundamente feminizado" que reconoció, por primera vez en nuestro país, el derecho de las personas que no pueden valerse por si mismas a ser atendidas por los poderes públicos y a poner el foco sobre el invisible trabajo que mujeres realizaban y que pasaron de tener un empleo invisible a un trabajo remunerado.
Según la vicepresidenta, el Ejecutivo central lleva años incumpliendo la Ley, ya que debería aportar el 50% del gasto público certificado y no lo hace, y no ha podido más que expresar su indignación al referirse a las cifras invertidas por ambas Administraciones. "No puede ser que Cantabria, en 2016, haya invertido 101 millones de euros en el desarrollo de la Ley, y de ellos, el Estado sólo haya destinado 16,4 millones pese a que la Ley que lo regula marca que debe ser al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado". "Debería abochornarles- ha apuntado- por eso exigimos que el Estado defienda la Ley de Dependencia y una financiación suficiente".
Durante el desarrollo del curso, el presidente del Observatorio Estatal para la dependencia, José Manuel Ramírez, "el Estado le debe a Cantabria, cada año, 9 millones de euros, con lo que Cantabria podría atender a 1200 personas más y generar casi 200 puestos de trabajo nuevos. Además, Cantabria es la primera Comunidad Autónoma en inversión por persona dependiente, con más de 900 euros".
Cantabria está cumpliendo
La vicepresidenta con competencias en Política Social ha insistido en que Cantabria ha demostrado su "inquebrantable compromiso" con la ley de dependencia frente a un gobierno central que decidió en 2012 hacerla "insostenible y quebrarla financieramente, provocando la caída drástica de la inversión en protección a la dependencia en el PIB, precisamente en la parte que corresponde al Ejecutivo central".
En su opinión, hoy existen motivos para seguir "defendiéndola y mejorándola y lo estamos haciendo" y para ello en nuestra Comunidad Autónoma, desde 2015, se han reducido los copagos- unos copagos que en Cantabria se aplicaron con "más saña" que en el resto de España y que supusieron dejar al límite de sus recursos a muchas personas y familias- asimismo, ha destacado la concertación de 344 plazas nuevas; el aumento en más de 150 del número de beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio; la apertura de la teleasistencia de nuevo a la gratuidad; el establecimiento de nuevos servicios de apoyo a personas cuidadoras y la convocatoria de pruebas para poder expedir certificados de profesionalidad y formación continua.
Además, ha puesto de relieve la puesta en marcha de una nueva normativa que pretende la mejora en la calidad en la atención; un incremento de las ratios de personal que creará en torno a otros 150 puestos de trabajo nuevos en residencias y un incremento de precios, con el que se pretende garantizar la sostenibilidad del sector de la dependencia en Cantabria, fomentando nuevas inversiones y evitando cierres de centros.
"También estamos defendiendo esta Ley frente al Estado, instando la modificación más equitativa de los copagos, apostando por la profesionalización compatible con la dignificación y la visibilización de madres, hijas o hermanas, siempre que sea con las condiciones adecuadas y cuando la persona usuaria desee permanecer en su hogar", ha afirmado la vicepresidenta.
El Gobierno de España está incumpliendo
Eva Díaz Tezanos ha mostrado su disposición para recuperar los principios inspiradores de esta Ley eliminando las incorporaciones realizadas desde que el PP llegó al Gobierno, suprimiendo las restricciones en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, y garantizado el acceso con "carácter universal y equidad", así como eliminando el incremento del copago establecido en 2012 y desarrollando aspectos de la ley pendientes con el objetivo de crear empleo de calidad y reincorporar al régimen de la Seguridad Social a las personas cuidadoras.
La vicepresidenta regional ha acusado al Ejecutivo central de eludir su corresponsabilidad en la financiación de la dependencia "nos sentimos de nuevo engañados, a pesar de haber cedido para llegar a posiciones comunes el Estado ha incumplido su palabra, por lo que no aceptaremos ningún acuerdo si no convierte la financiación en finalista, el dinero de la dependencia no debe destinarse carreteras ni a ninguna otra cosa", ha indicado.
De la Conferencia de Presidentes, derivó este año una comisión para el análisis de la situación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que ya ha presentado un informe que está muy lejos de facilitar un acuerdo, y de hecho Cataluña, Aragón, Asturias y Andalucía han mostrado un voto particular, que Cantabria "suscribe plenamente", ha puntualizado la vicepresidenta.
"No ha habido forma de que el Estado reconozca el verdadero coste del sistema, de que reconozca lo que aportamos las comunidades autónomas, ni de que valoren en su justa medida lo que las personas usuarias aportan al sistema con sus copagos", ha resaltado Díaz Tezanos.
A su juicio, el documento que el gobierno central pretende que las CCAA apoyen ni reconoce la financiación suficiente ni reconoce las cifras que se las adeuda, tanto en el nivel acordado como en el nivel mínimo, ni establece los mecanismos necesarios para ir incorporando estas cantidades económicas al sistema para hacerlo viable.
Para concluir la vicepresidenta se ha mostrado en la "obligación moral" de realizar esta intervención y alertar de que el Gobierno de España "no puede negar la realidad de las familias y personas dependientes". Ha reiterado que el sistema de la dependencia constituye un "reto estratégico de primer orden y una cuestión crucial para más de 1,5 de personas y es un sector que genera empleo y un retorno económico importante", por lo que ha finalizando señalando que se trata del "gran desafío del actual Gobierno, que ha de apostar por esta ley y dotarla económicamente como estamos haciendo desde el Gobierno de Cantabria".
Seminario
El seminario "Diez años de la ley de dependencia: balance y retos de futuro", organizado por la UIMP y patrocinado por la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Política Social, está dirigido por José Manuel Ramírez Navarro, presidente del Observatorio Estatal para la dependencia, y ha contado además en su primera jornada con Jesús Caldera, ex ministro responsable de la aprobación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, y con Dolores Gorostiaga, responsable de poner en marcha la ley de dependencia en Cantabria. Díaz Tezanos ha señalado esta mañana que la Ley de Dependencia es una de las leyes y de los legados motivo de "orgullo" del paso de los socialistas por el Gobierno del Estado, de la que se han cumplido 10 años desde su aprobación, que se encuentra en "plena vigencia" y se convierte en el "gran logro" que supuso haber sacado del cajón de la beneficencia a las personas en situación de dependencia para convertirla en un "derecho universal y con garantía pública.
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