Los siete conductores con discapacidad del centro especial de empleo Servifecamif, concesionaria del transporte adaptado de personas con discapacidad de la región desde el año 1995 que tutela COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad), exigieron hoy su subrogación en la nueva adjudicataria del servicio, Anfersa, tras ser despedidos el pasado 31 de diciembre.
Según precisó el delegado de personal de Servifecamif, Valentín Rodríguez (UGT), los trabajadores afectados vinculan sus despidos a la decisión conjunta de COCEMFE y Servifecamif (la primera forma parte de la junta directiva de la empresa) de cambiar de empresa concesionaria y de “deshacerse de nosotros con la menor cuantía económica posible”, después de “inflar las pérdidas económicas del servicio para justificar que el servicio no era viable”.
Rodríguez aclaró que en los informes que justifican la decisión de de retirar el servicio a Servifecamif se llegan a omitir hasta ingresos aún no materializados, tras matizar que como centro especial de empleo tanto la empresa como COCEMFE perciben subvenciones para el transporte adaptado y que el salario base bruto de los despedidos es de 945 euros mensuales, de los que la mitad está subvencionado, además de que sus contratos están bonificados al 100%.
El sindicalista agregó que “otra de las justificaciones de COCEMFE es que los vehículos del transporte adaptado están obsoletos, lo que no deja de ser un problema de previsión de la empresa, aunque ya es extraño que esos mismos vehículos se hayan ofrecido a la nueva empresa adjudicataria”.
Rodríguez criticó que “una entidad como COCEMFE, principal referencia de las personas con discapacidad en Cantabria, hagan negocio con trabajadores que también tenemos discapacidad y llevamos muchos años en el servicio, y además lo hagan con un dinero público proveniente de subvenciones”.
Indicios de cesión ilegal de trabajadores
El delegado de personal de Servifecamif confirmó la intención de los trabajadores despedidos de recurrir a los tribunales de justicia para reclamar “la subrogación que la empresa y COCEMFE nos niegan”, tras recordar que la propia Inspección de Trabajo ya ha dictaminado que “hay indicios de que en el cambio de concesionaria del servicio puede haber una cesión ilegal de trabajadores”.
Rodríguez agregó que el convenio colectivo de discapacidad, por el que se regulan los trabajadores despedidos, incluye cláusula de subrogación “que COCEMFE no acepta bajo ningún concepto por determinados intereses supuestamente económicos”.
Según precisó el delegado de personal de Servifecamif, Valentín Rodríguez (UGT), los trabajadores afectados vinculan sus despidos a la decisión conjunta de COCEMFE y Servifecamif (la primera forma parte de la junta directiva de la empresa) de cambiar de empresa concesionaria y de “deshacerse de nosotros con la menor cuantía económica posible”, después de “inflar las pérdidas económicas del servicio para justificar que el servicio no era viable”.
Rodríguez aclaró que en los informes que justifican la decisión de de retirar el servicio a Servifecamif se llegan a omitir hasta ingresos aún no materializados, tras matizar que como centro especial de empleo tanto la empresa como COCEMFE perciben subvenciones para el transporte adaptado y que el salario base bruto de los despedidos es de 945 euros mensuales, de los que la mitad está subvencionado, además de que sus contratos están bonificados al 100%.
El sindicalista agregó que “otra de las justificaciones de COCEMFE es que los vehículos del transporte adaptado están obsoletos, lo que no deja de ser un problema de previsión de la empresa, aunque ya es extraño que esos mismos vehículos se hayan ofrecido a la nueva empresa adjudicataria”.
Rodríguez criticó que “una entidad como COCEMFE, principal referencia de las personas con discapacidad en Cantabria, hagan negocio con trabajadores que también tenemos discapacidad y llevamos muchos años en el servicio, y además lo hagan con un dinero público proveniente de subvenciones”.
Indicios de cesión ilegal de trabajadores
El delegado de personal de Servifecamif confirmó la intención de los trabajadores despedidos de recurrir a los tribunales de justicia para reclamar “la subrogación que la empresa y COCEMFE nos niegan”, tras recordar que la propia Inspección de Trabajo ya ha dictaminado que “hay indicios de que en el cambio de concesionaria del servicio puede haber una cesión ilegal de trabajadores”.
Rodríguez agregó que el convenio colectivo de discapacidad, por el que se regulan los trabajadores despedidos, incluye cláusula de subrogación “que COCEMFE no acepta bajo ningún concepto por determinados intereses supuestamente económicos”.
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