martes, 27 de septiembre de 2016

Alfoz de Lloredo: El Ayuntamiento comenzará en noviembre a aplicar las nuevas tarifas de agua y saneamiento


El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha ajustado la ordenanza del agua con la finalidad de que los vecinos del municipio paguen menos por este servicio, además de bonificar a aquellos más vulnerables económicamente.
La nueva norma, que entrará en vigor en noviembre, supondrá un aumento de la cuota fija, mientras que se reduce la variable, de forma que las viviendas vacías pagarán más, mientras que los vecinos residentes durante todo el año pagarán menos.
La finalidad de los cambios en este sentido es además, como explica el alcalde, Enrique Bretones, “beneficiar a las familias que están en riesgo de vulnerabilidad”. Y para ello, se han aprobado también una serie de bonificaciones.
Entre ellas, el 100% para la cuota fija doméstica para aquellos abonados mayores de 65 años con un consumo determinado y cuyos ingresos no superen el 110% del SMI. También a aquellas familias numerosas cuyos ingresos no superen el 190% del SMI y a cualquier familia en función de sus ingresos, ateniéndose a una tabla, y siempre en función de que el consumo sea equilibrado.
Esta decisión se aprobó en su día en el pleno por el equipo de gobierno en contra de las sugerencias de otros grupos políticos de aplicar una subida a los ganaderos y hosteleros mediante el canon de alcantarillado. “No puede aplicarse la subida a los sectores más vulnerables”, ha opinado el alcalde, que ha señalado también que “las por decisión judicial se deben aplicar nuevas tarifas y por ello se han modificado las ordenanzas fiscales reguladoras del agua y saneamiento, intentando que las nuevas tarifas premien a los vecinos residentes todo el año y con consumos equilibrados”.
El modelo de gestión externa del agua en el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo fue elegido por unanimidad de todos los grupos políticos en el año 2011, para solucionar los graves problemas arrastrados desde hace años, fruto de una gestión basada en unas tarifas que no correspondían a la realidad actual, pues no se habían modificado en los últimos veinte años. Esto generaba un déficit al Ayuntamiento superior a los 200.000 euros anuales, a pesar de que la normativa exige cobrar al usuario el precio real de los servicios que se le presta.

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