La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalidad de las autorizaciones provisionales para viviendas afectadas por sentencias de derribo, confirma que las "soluciones mágicas del Partido Popular eran ilegales y han saltado por los aires".
La vicepresidenta ha cuantificado entre 300 y 400 millones de euros el coste que puede suponer el hacer frente a todos los derribos, "un gasto tremendo en un momento especialmente complicado para la Comunidad Autónoma".
Además, ha asegurado que el Gobierno está con las familias afectadas "porque son víctimas inocentes de unas sentencias que afectan su patrimonio" y va a acatar lo que dispongan los tribunales. "Nosotros sí creemos en la independencia del poder judicial", ha afirmado.
Según Díaz Tezanos, la sentencia confirma "la posición que mantuvo el PSOE desde que el Gobierno del Partido Popular comenzó a trabajar en esa ilegalidad" y ha recordado que se aprobó por mayoría en el Parlamento de Cantabria, "no por unanimidad porque el Grupo Socialista se abstuvo".
El Gobierno de Cantabria posiblemente la próxima semana mantendrá una reunión con AMA para, según ha precisado, "pactar y consensuar con ellos todos los pasos que vamos a dar", y hará una valoración de cada vivienda afectada "para garantizar a las familias el valor de su patrimonio".
Además, Díaz Tezanos ha explicado que el Ejecutivo mantendrá una reunión con el presidente del TSJC para transmitirle la máxima colaboración del Gobierno que "quiere hacer las cosas bien".
La sentencia del Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad del artículo 65 bis 1 que modifica la Ley del Suelo de Cantabria, al introducir la figura de las autorizaciones provisionales para mantener las edificaciones con sentencia de derribo hasta que se aprueben los planes urbanísticos que las legalicen.
Con ello, el TC ha estimado la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad que planteó la sala de lo Contencioso del TSJC contra la modificación de la Ley del Suelo que introdujo esta figura urbanística.
Ya advertimos de que traería más conflictos que soluciones
La vicepresidenta ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista decidió abstenerse ante la "poca confianza" que les daba la ley que quería aprobar el PP y porque sus servicios jurídicos advirtieron del alto riesgo de inconstitucionalidad.
"Advertimos que la concesión de autorizaciones provisionales no sería pacífica, ya que habría conflicto entre administraciones, afectados y ARCA", ha afirmado la vicepresidenta que, además, ha recordado que en 2013 "el PP con su mayoría rechazó una batería de enmiendas al proyecto de ley, que presentó el grupo socialista y "que aportaban seguridad jurídica, que es lo que necesitan los afectados y toda la sociedad de Cantabria"
La vicepresidenta ha cuantificado entre 300 y 400 millones de euros el coste que puede suponer el hacer frente a todos los derribos, "un gasto tremendo en un momento especialmente complicado para la Comunidad Autónoma".
Además, ha asegurado que el Gobierno está con las familias afectadas "porque son víctimas inocentes de unas sentencias que afectan su patrimonio" y va a acatar lo que dispongan los tribunales. "Nosotros sí creemos en la independencia del poder judicial", ha afirmado.
Según Díaz Tezanos, la sentencia confirma "la posición que mantuvo el PSOE desde que el Gobierno del Partido Popular comenzó a trabajar en esa ilegalidad" y ha recordado que se aprobó por mayoría en el Parlamento de Cantabria, "no por unanimidad porque el Grupo Socialista se abstuvo".
El Gobierno de Cantabria posiblemente la próxima semana mantendrá una reunión con AMA para, según ha precisado, "pactar y consensuar con ellos todos los pasos que vamos a dar", y hará una valoración de cada vivienda afectada "para garantizar a las familias el valor de su patrimonio".
Además, Díaz Tezanos ha explicado que el Ejecutivo mantendrá una reunión con el presidente del TSJC para transmitirle la máxima colaboración del Gobierno que "quiere hacer las cosas bien".
La sentencia del Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad del artículo 65 bis 1 que modifica la Ley del Suelo de Cantabria, al introducir la figura de las autorizaciones provisionales para mantener las edificaciones con sentencia de derribo hasta que se aprueben los planes urbanísticos que las legalicen.
Con ello, el TC ha estimado la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad que planteó la sala de lo Contencioso del TSJC contra la modificación de la Ley del Suelo que introdujo esta figura urbanística.
Ya advertimos de que traería más conflictos que soluciones
La vicepresidenta ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista decidió abstenerse ante la "poca confianza" que les daba la ley que quería aprobar el PP y porque sus servicios jurídicos advirtieron del alto riesgo de inconstitucionalidad.
"Advertimos que la concesión de autorizaciones provisionales no sería pacífica, ya que habría conflicto entre administraciones, afectados y ARCA", ha afirmado la vicepresidenta que, además, ha recordado que en 2013 "el PP con su mayoría rechazó una batería de enmiendas al proyecto de ley, que presentó el grupo socialista y "que aportaban seguridad jurídica, que es lo que necesitan los afectados y toda la sociedad de Cantabria"
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