La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula
Fernandez, ha encabezado esta reunión en la que han estado presentes una amplia
representación de los ayuntamientos que forman parte de la FMC de Cantabria, y
donde ha estado acompañada por el director general de Urbanismo y Ordenación
del Territorio, Francisco Javier Gómez Blanco, encargado de dar a conocer los
detalles de la futura LOTUCA.
Paula Fernández ha mostrado sentimientos enfrentados al reflejar alegría
por ver de manera presencial a muchos alcaldes, contrastada con la tristeza de
suplir al consejero titular de Urbanismo en un acto que "todo el equipo ha
querido mantener para continuar con la hoja de ruta fijada por el
Gobierno".
A nadie se le escapa que la futura Ley es un "compromiso y una
obsesión", no sólo para la Consejería competente por razón de la materia,
sino para todo el Gobierno regional, tal y como insistió el presidente durante
el Debate del Estado de la Región pidiendo "unanimidad y consenso"
pues, a juicio de la consejera, "va a mejorar muchísimo la gestión
urbanística en los municipios de Cantabria".
Además, Paula Fernández ha resaltado que la normativa regula la
"realidad singular" que vive la Comunidad Autónoma, marcada por las
diferencias y expectativas de los núcleos urbanos y de los núcleos rurales,
cuestión que contempla la ley, que recogerá todas esas peculiaridades.
Por su parte, el presidente de la FMC, Pablo Diestro, ha agradecido la
"rápida convocatoria" de esta reunión y ha anunciado que mañana
llegará a los municipios el documento de la presentación y el anteproyecto para
su estudio, de cara a mostrar la conformidad con la nueva normativa,
actualmente en tramitación.
Tramitación
Tramitación
El anteproyecto de Ley, que fue presentado a los miembros del Consejo de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) y de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) la pasada semana, ya ha iniciado
el trámite de consulta pública, tras su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria, una simple declaración de intenciones pero que ya dispone del
borrador del texto articulado para, posteriormente, llevarse a cabo el conjunto
de audiencia de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en
el BOC que indicará el plazo para hacer sugerencias a través de la dirección
web http://participacion.cantabria.es/, donde se podrá acceder al anteproyecto
de Ley, durante un plazo que en ningún caso será inferior a diez días, para su
posterior aprobación como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno y su elevación
al Parlamento.
En este sentido, el director general confía en que la norma llegue al
Parlamento en el mes de noviembre con un amplio proceso de participación
ciudadana y, aunque el texto normativo se encuentra sustentado en el proyecto
redactado en la anterior legislatura, las novedades que se incluye son fruto
del trabajo desarrollado por el actual equipo de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.
Los objetivos de los cambios introducidos ahora por el Gobierno regional
buscan "agilizar al máximo" la aprobación de los planes urbanísticos
municipales y los trámites que realiza el ciudadano en este ámbito, tales como
licencias, autorizaciones, etcétera.
Gómez Blanco ha señalado que Cantabria ha querido también plasmar en la
norma su modelo futuro en materia de crecimientos urbanísticos y
clasificaciones de suelo pues, en su opinión, se da la circunstancia de que la
Comunidad Autónoma tiene dos zonas diferencias, una muy urbana, con 20 o 30
núcleos principales, que ha ido creciendo a través del desarrollo de suelos
urbanos y sobre todo de sectores de suelo urbanizable y otra más rural, en la
que existen ayuntamientos más pequeños en los que no es posible, ni
recomendable, este tipo de crecimiento.
Por eso, el Gobierno cántabro ha establecido un modelo distinto en cada
caso para dar respuesta a esas diferencias en sus respectivos crecimientos y,
en general, la futura Ley se adapta además a las últimas modificaciones
incorporadas en la norma estatal, aportando una "mayor seguridad jurídica"
y de "pleno respecto" al ámbito ambiental.
El director general de Urbanismo ha detallado que los portavoces de los
grupos políticos con representación en el Parlamento ya conocen el borrador del
texto normativo y ha asegurado que el Gobierno de Cantabria trabajará de manera
incesante para sacar la ley adelante y para alcanzar el pleno consenso en el
Parlamento.
Respecto a las posibles controversias entre los grupos políticos, el
director general de Urbanismo ha adelantado que existen "diferentes
concepciones ideológicas", por ejemplo, en el ámbito del suelo rústico, si
bien, cree posible alcanzar un acuerdo y "en nuestra mano va a estar el
intentarlo".
Ahora hay por delante un proceso de un mes y medio, en el que el Gobierno
regional recabará las opiniones de todos los colectivos, desde colegios
profesionales a asociaciones ecologistas, entre otros, con el objetivo de que
sea un proceso "abierto" y recabar sus sugerencias, ha concretado
Gómez Blanco. A finales de año, el Gobierno regional plantea presentar es el
proyecto de Ley en el Parlamento.
Principales novedades
Principales novedades
Entre esas novedades, el anteproyecto de ley reduce o elimina las cargas
administrativas, acorta la tramitación urbanística, aunque sin renunciar a la
protección de todos aquellos valores que sean merecedores de serlo.
Se lleva a cabo una nueva regulación del suelo urbano: desaparece la
distinción entre suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado y se
reduce a una única categoría de suelo urbano, en la que se clasificarán
aquellos terrenos que reúnan los requisitos requeridos para ello.
Esta regulación respeta la legislación estatal básica y la establecida por
los tribunales, mantiene el criterio de consolidación del 50 por ciento y cobra
relevancia el informe de técnico competente sobre la capacidad de las
infraestructuras a la hora de aprobar los nuevos planes generales de ordenación
urbana (PGOU).
Además, se recupera la figura delos núcleos rurales como forma de
asentamiento tradicional y típica de Cantabria, y dejarán de ser considerados
como suelo urbano para pasar a ser una categoría de suelo no urbanizable. En la
norma, se definen como aquellos ámbitos que sirvan de soporte a un asentamiento
de población singularizado y diferenciado según los censos y padrones
oficiales, integrado por tres o más construcciones merecedoras de un
tratamiento específico en atención a sus características morfológicas, el
carácter tradicional de su entramado o de sus edificaciones, su vinculación a
la explotación racional de los recursos naturales u otras circunstancias que
manifiesten su imbricación en el correspondiente medio físico.
De este modo, los núcleos de población de la región se dividirán en núcleos
urbanos o núcleos rurales. Los primeros son los que reúnen los requisitos de la
ley para ser considerados suelo urbano y los segundos son los que existen en el
suelo no urbanizable.
Los núcleos urbanos podrán crecer, cuando ello sea necesario, mediante el
desarrollo de sectores de suelo urbanizable o también, mediante zonas de
crecimiento controlado en las corolas del suelo urbano. Serán, en cada momento,
los PGOU los que, atendiendo a la morfología de cada núcleo, establezcan una u
otra opción.
Por su parte, los núcleos rurales solo podrán crecer con viviendas
unifamiliares adaptadas a ese entorno rural.
Agilidad en los planes urbanísticos
Agilidad en los planes urbanísticos
El Gobierno de Cantabria también agilizará la aprobación de los planes
urbanísticos mediante la reducción de los trámites y plazos burocráticos, y se
incorpora la última regulación aprobada por unanimidad en el Parlamento
regional sobre Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria, de
cara a agilizar la aprobación y la adaptación de los planes generales al Plan
de Ordenación del Litoral (POL).
Así, se establece una nueva regulación en la tramitación de los PGOU y como
principal novedad, el Gobierno regional propone eliminar la necesidad de
someter de nuevo a exposición pública el PGOU antes de su aprobación
provisional.
Con esta modificación, los PGOU de los ayuntamientos saldrán a exposición
pública durante 45 días tras su aprobación inicial y, por idéntico plazo, antes
de su aprobación definitiva, siempre que en el documento se hayan introducido
cambios sustanciales, algo que suele ocurrir durante la tramitación intermedia
y medioambiental.
Con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica, la Consejería de
Urbanismo hace un esfuerzo por definir y objetivar en la nueva norma los
supuestos que suponen una modificación sustancial de los planes generales.
También, para reducir la carga administrativa que soportan los municipios,
a la hora de tramitar los nuevos planes urbanísticos, se encomendará a la CROTU
la misión de solicitar todos los informes sectoriales necesarios, para
posteriormente remitírselos al ayuntamiento.
Asimismo, se crea un nuevo órgano de coordinación en el Gobierno regional
para aquellos supuestos en que existan informes contradictorios.
Declaraciones responsables y mayor coordinación entre administraciones
Declaraciones responsables y mayor coordinación entre administraciones
En cuanto al régimen de las licencias y autorizaciones, se regula la
posibilidad de que los ayuntamientos, mediante sus respectivas ordenanzas,
autoricen las licencias de obra de pequeña entidad, que no supongan, por
ejemplo, incrementos de volumen o que no requieran de proyectos técnicos en
suelos urbanos.
Mediante una declaración responsable, también podrán autorizar la primera
ocupación de viviendas, si bien, la misma deberá ir acompañada del certificado
fin de obra del técnico director de las mismas, además de otro de un organismo
de control autorizado.
Para aligerar el régimen de las autorizaciones previas para construir en
suelo no urbanizable, cuando la competencia sea de la CROTU, se tramitarán
directamente ante este órgano, frente al sistema actual que requiere de su
tramitación previa ante el ayuntamiento para que este lo remita, a su vez, a la
Comisión regional.
En materia de coordinación entre las distintas administraciones implicadas
en la aprobación de los PGOU, se potencia la colaboración y los sistemas de
información comunes, al regular la necesidad de que el Gobierno regional
facilite a los municipios toda la información técnica y geográfica de la que
dispone para que cuenten con la mejor información posible (riesgos,
inundabilidad, erosión, etc.) a la hora de elaborar sus planes.
Asimismo, se regula la necesidad de que, antes de la aprobación inicial de
los PGOU la CROTU emita un informe vinculante sobre la delimitación del suelo
urbano y el crecimiento previsto, con lo que se evitarán los retrasos que se
producen actualmente cuando estos informes llegan al final del proceso.
Viviendas en suelo no urbanizable
Viviendas en suelo no urbanizable
Respecto a la construcción de viviendas no vinculadas en suelo no
urbanizable, el Gobierno regional realiza una propuesta abierta al diálogo,
tendente a autorizar este tipo de construcciones en las denominadas 'Áreas de
Crecimiento Controlado', que estarán situadas en el borde de determinados
núcleos urbanos y rurales.
Además, se establece un régimen transitorio que permitirá la construcción
en suelo no urbanizable de protección ordinaria, en las corolas del suelo urbano,
siempre que el PGOU no disponga el crecimiento del núcleo mediante suelo
urbanizable o cuente con menos de 250 viviendas.
En el caso de los municipios en riesgo de despoblamiento no se establece
limitación de duración de este régimen transitorio y tampoco se establece un
tamaño mínimo de parcela para la vivienda, con el fin de propiciar el
asentamiento de la población y contribuir al desarrollo social de las zonas
rurales de Cantabria.
Hay que recordar que en estos municipios apenas se han autorizado 17
viviendas de nueva construcción en el último año y 113 desde la entrada en
vigor de la reforma de la actual Ley del Suelo que se aprobó en el año 2013.
Otras modificaciones
Otras modificaciones
Otros aspectos que se modifican en el anteproyecto de Ley presentado por el
Gobierno son el contenido de los estudios de detalle, el procedimiento de
aprobación de los planes parciales y la regulación del derecho de realojo y de
retorno.
Además, se introducen modificaciones en los tipos de bienes integrantes del
patrimonio municipal del suelo, su régimen y la necesidad de su dotación en los
presupuestos del ayuntamiento.
También habrá novedades en lo que se refieren al régimen legal del deber de
conservación, el registro de solares, pequeños cambios en la tipificación de
infracciones junto a modificaciones del POL para permitir la rehabilitación de
las edificaciones no catalogadas.
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