El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, se ha comprometido hoy con el diputado nacional del PRC, José María Mazón, a firmar en el plazo máximo de una semana el contrato del estudio informativo del tren Santander-Bilbao y someter a información pública el del tramo Alar del Rey-Reinosa del tren de Alta Velocidad a Madrid antes de que finalice el presente mes de julio.
Así lo ha dado a conocer el propio Mazón al término de la reunión que ha mantenido a primera hora de la tarde en Madrid con Saura, quien ha aplazado hasta el mes de octubre la confirmación de los plazos para licitar y adjudicar las obras que ya cuentan con proyecto, como los cinco tramos de la conexión Palencia-Alar y el Desfiladero de La Hermida.
El diputado regionalista ha acogido “con reserva y cautela” la demora confirmada por el secretario de Estado, motivada por la pandemia de coronavirus y el “incierto escenario económico” que afronta en este momento el Gobierno de España, como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas para hacerle frente.
“Es cierto que estamos ante una crisis totalmente inesperada y que está requiriendo esfuerzos económicos imprevistos, pero el PRC va a ser muy riguroso en la exigencia de los compromisos firmados, porque las obras pendientes en Cantabria acumulan ya demasiados retrasos”, ha advertido. Por ello ha adelantado que los próximos Presupuestos Generales del Estado serán “absolutamente claves” para valorar el cumplimiento de los acuerdos firmados, que forman parte del pacto de gobierno suscrito con el Partido Socialista en Cantabria.
Mazón ha destacado que, en la situación que vive en este momento el país, el PRC “puede entender” la situación adelantada hoy por Saura, quien le ha confirmado que el Gobierno no licitará, ni adjudicará ninguna obra antes del mes de octubre, porque no será hasta entonces cuando tenga “una idea clara” del impacto económico de la pandemia y el destino de los fondos que aportará a España la Unión Europea.
“Podemos entender que la planificación se retrase unos meses y que se produzca alguna demora sobre el calendario previsto, pero no aceptaremos que Cantabria vuelva a ser la pagana, ni que los compromisos que llevamos tanto tiempo reivindicando queden aplazados sine die, como ya ha ocurrido varias veces en el pasado”, ha recalcado.
Asimismo y aunque “la incertidumbre no es una buena señal”, el diputado nacional ha agregado que el PRC “es y siempre ha sido un partido razonable”, por lo que espera que los próximos presupuestos “sean acordes a los acuerdos firmados y den el impulso definitivo a las infraestructuras pendientes en la Comunidad Autónoma”.
“Ni los regionalistas, ni la ciudadanía de Cantabria entenderíamos otra cosa”, ha precisado.
Finalmente ha señalado que no quiere “ni pensar” en nuevos incumplimientos, después del “varapalo” que ya ha supuesto para la región el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a abonar a Cantabria los 22 millones de euros de la financiación de Valdecilla impagados en 2017 y el reparto “absolutamente injusto para los intereses de los cántabros” del fondo no reembolsable de 16.000 millones aprobado para hacer frente a la pandemia, que se suman al impago de una mensualidad de IVA por importe de 45 millones y la negativa a autorizar a los ayuntamientos a disponer de los 450 millones de remanentes que el Estado mantiene inmovilizados en cuentas bancarias.
Así lo ha dado a conocer el propio Mazón al término de la reunión que ha mantenido a primera hora de la tarde en Madrid con Saura, quien ha aplazado hasta el mes de octubre la confirmación de los plazos para licitar y adjudicar las obras que ya cuentan con proyecto, como los cinco tramos de la conexión Palencia-Alar y el Desfiladero de La Hermida.
El diputado regionalista ha acogido “con reserva y cautela” la demora confirmada por el secretario de Estado, motivada por la pandemia de coronavirus y el “incierto escenario económico” que afronta en este momento el Gobierno de España, como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas para hacerle frente.
“Es cierto que estamos ante una crisis totalmente inesperada y que está requiriendo esfuerzos económicos imprevistos, pero el PRC va a ser muy riguroso en la exigencia de los compromisos firmados, porque las obras pendientes en Cantabria acumulan ya demasiados retrasos”, ha advertido. Por ello ha adelantado que los próximos Presupuestos Generales del Estado serán “absolutamente claves” para valorar el cumplimiento de los acuerdos firmados, que forman parte del pacto de gobierno suscrito con el Partido Socialista en Cantabria.
Mazón ha destacado que, en la situación que vive en este momento el país, el PRC “puede entender” la situación adelantada hoy por Saura, quien le ha confirmado que el Gobierno no licitará, ni adjudicará ninguna obra antes del mes de octubre, porque no será hasta entonces cuando tenga “una idea clara” del impacto económico de la pandemia y el destino de los fondos que aportará a España la Unión Europea.
“Podemos entender que la planificación se retrase unos meses y que se produzca alguna demora sobre el calendario previsto, pero no aceptaremos que Cantabria vuelva a ser la pagana, ni que los compromisos que llevamos tanto tiempo reivindicando queden aplazados sine die, como ya ha ocurrido varias veces en el pasado”, ha recalcado.
Asimismo y aunque “la incertidumbre no es una buena señal”, el diputado nacional ha agregado que el PRC “es y siempre ha sido un partido razonable”, por lo que espera que los próximos presupuestos “sean acordes a los acuerdos firmados y den el impulso definitivo a las infraestructuras pendientes en la Comunidad Autónoma”.
“Ni los regionalistas, ni la ciudadanía de Cantabria entenderíamos otra cosa”, ha precisado.
Finalmente ha señalado que no quiere “ni pensar” en nuevos incumplimientos, después del “varapalo” que ya ha supuesto para la región el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a abonar a Cantabria los 22 millones de euros de la financiación de Valdecilla impagados en 2017 y el reparto “absolutamente injusto para los intereses de los cántabros” del fondo no reembolsable de 16.000 millones aprobado para hacer frente a la pandemia, que se suman al impago de una mensualidad de IVA por importe de 45 millones y la negativa a autorizar a los ayuntamientos a disponer de los 450 millones de remanentes que el Estado mantiene inmovilizados en cuentas bancarias.
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