El senador por Cantabria del Partido Popular, Félix de las Cuevas, ha advertido hoy, tras su intervención en el Senado en defensa de las enmiendas de adición del Grupo Popular a una moción socialista a favor de la transición al vehículo eléctrico, que el PSOE no ha querido respaldar expresamente ni a la industria de automoción con sus empleos para evitar deslocalización de producciones; ni al apoyo a tecnologías de eficiencia ecológica distintas del motor eléctrico; ni a la precaución para que el aumento de consumo eléctrico no produzca contaminación en la generación del aumento de suministro eléctrico; ni a proteger a los compradores de buena fe, que son dueños de un vehículo no eléctrico y no merecen ser perseguidos por la Administración.
“Parece que el Gobierno quiere acosar a los compradores de buena fe y a quienes no se pueden permitir económicamente un vehículo eléctrico, aparte de que no tiene ninguna solución para el stock acumulado por esta crisis”, indicó.
De las Cuevas, en su intervención, ha recordado la “distorsión del mercado” que el Gobierno provocó con su actitud sobre el diésel, y reclamó que no se produzcan nuevas distorsiones. Recordó que 8.000 de los 25.000 vehículos eléctricos adquiridos el pasado año en España estaba producidos fuera del país, lo que muestra claramente los riesgos de deslocalización y que lo sucedido con Nissan en Barcelona ocurra con más plantas españolas. El senador destacó la gran repercusión de la automoción en el PIB, el empleo y el volumen de exportación, y reclamó a los socialistas garantías de que seguiremos siendo un país exportador (actualmente España exporta el 85% de su producción automovilística).
El senador aprovechó para insistir en que no se cometan más errores como en el caso de la industria electrointensiva, y reclamó al PSOE que acepte las alegaciones de Asturias, Cantabria y Galicia al Estatuto del Consumidor Electrointensivo, y no se descuelgue este verano con un “bodrio” que no sirva para nada.
De las Cuevas no ocultó su preocupación ante la ligereza con que el PSOE aborda una cuestión tan “compleja” como la transición en el mercado de automoción, e instó a los socialistas a convocar y poner a trabajar este verano la Comisión de Industria de la Cámara Alta, que trata asuntos que reúnen el 40% del PIB de España y que por tanto está llamada a buscar soluciones y consensos.
Ante las críticas retrospectivas del PSOE a los gobiernos de Aznar por el déficit de tarifa, el senador replicó recordando que José Luis Rodríguez Zapatero multiplicó este déficit por 17 para dejarlo en 25.000 millones de euros, y reclamó “rigor” cuando se habla en el pleno de estos asuntos fácilmente cuantificables y documentables.
Enmiendas del PP
Los puntos fundamentales que se reclamaban desde el Grupo Popular y que defendió desde la tribuna de oradores el senador cántabro eran los de instar al Gobierno de España a establecer un objetivo claro y definido en el tiempo en materia de venta y matriculación de vehículos eléctricos en consonancia con el conjunto de la UE.
Establecer unos objetivos concretos para otras tipologías de vehículos de alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental, como los coches de hidrógeno, vehículos híbridos, etc.
Estudiar el aumento de la demanda eléctrica que puede suponer la progresiva integración del vehículo eléctrico en aras de incrementar la potencia eléctrica de origen libre de emisiones instala-da en nuestro país, con la finalidad de realizar una transición ordenada del modelo de transporte en nuestro país, y que ello se traduzca en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Desarrollar un plan de apoyo a la industria automovilística basado en criterios de “neutralidad tecnológica”, que cuente con un programa de incentivos económicos y fiscales a la inversión en I+D+i con una doble finalidad: Favorecer la distribución del stock disponible de vehículos no eléctricos (con especial atención a aquella parte del mismo que resulte de mayor eficiencia ecológica) por parte de los concesionarios.
Garantizar que España siga siendo un país fabricante y exportador de vehículos, favoreciendo la transformación del sector y generando un contexto atractivo para su desarrollo que evite la deslocalización de la industria automovilística.
El único punto aceptado por el Grupo Socialista fue el primero. El Grupo Popular votó a favor de la moción por sentido de la responsabilidad y en aras a la unidad, aunque la considera muy incompleta e insuficiente para dar garantías de transición razonable a un sector vital para la economía española y para cientos de miles de hogares de trabajadores en España.
“Parece que el Gobierno quiere acosar a los compradores de buena fe y a quienes no se pueden permitir económicamente un vehículo eléctrico, aparte de que no tiene ninguna solución para el stock acumulado por esta crisis”, indicó.
De las Cuevas, en su intervención, ha recordado la “distorsión del mercado” que el Gobierno provocó con su actitud sobre el diésel, y reclamó que no se produzcan nuevas distorsiones. Recordó que 8.000 de los 25.000 vehículos eléctricos adquiridos el pasado año en España estaba producidos fuera del país, lo que muestra claramente los riesgos de deslocalización y que lo sucedido con Nissan en Barcelona ocurra con más plantas españolas. El senador destacó la gran repercusión de la automoción en el PIB, el empleo y el volumen de exportación, y reclamó a los socialistas garantías de que seguiremos siendo un país exportador (actualmente España exporta el 85% de su producción automovilística).
El senador aprovechó para insistir en que no se cometan más errores como en el caso de la industria electrointensiva, y reclamó al PSOE que acepte las alegaciones de Asturias, Cantabria y Galicia al Estatuto del Consumidor Electrointensivo, y no se descuelgue este verano con un “bodrio” que no sirva para nada.
De las Cuevas no ocultó su preocupación ante la ligereza con que el PSOE aborda una cuestión tan “compleja” como la transición en el mercado de automoción, e instó a los socialistas a convocar y poner a trabajar este verano la Comisión de Industria de la Cámara Alta, que trata asuntos que reúnen el 40% del PIB de España y que por tanto está llamada a buscar soluciones y consensos.
Ante las críticas retrospectivas del PSOE a los gobiernos de Aznar por el déficit de tarifa, el senador replicó recordando que José Luis Rodríguez Zapatero multiplicó este déficit por 17 para dejarlo en 25.000 millones de euros, y reclamó “rigor” cuando se habla en el pleno de estos asuntos fácilmente cuantificables y documentables.
Enmiendas del PP
Los puntos fundamentales que se reclamaban desde el Grupo Popular y que defendió desde la tribuna de oradores el senador cántabro eran los de instar al Gobierno de España a establecer un objetivo claro y definido en el tiempo en materia de venta y matriculación de vehículos eléctricos en consonancia con el conjunto de la UE.
Establecer unos objetivos concretos para otras tipologías de vehículos de alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental, como los coches de hidrógeno, vehículos híbridos, etc.
Estudiar el aumento de la demanda eléctrica que puede suponer la progresiva integración del vehículo eléctrico en aras de incrementar la potencia eléctrica de origen libre de emisiones instala-da en nuestro país, con la finalidad de realizar una transición ordenada del modelo de transporte en nuestro país, y que ello se traduzca en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Desarrollar un plan de apoyo a la industria automovilística basado en criterios de “neutralidad tecnológica”, que cuente con un programa de incentivos económicos y fiscales a la inversión en I+D+i con una doble finalidad: Favorecer la distribución del stock disponible de vehículos no eléctricos (con especial atención a aquella parte del mismo que resulte de mayor eficiencia ecológica) por parte de los concesionarios.
Garantizar que España siga siendo un país fabricante y exportador de vehículos, favoreciendo la transformación del sector y generando un contexto atractivo para su desarrollo que evite la deslocalización de la industria automovilística.
El único punto aceptado por el Grupo Socialista fue el primero. El Grupo Popular votó a favor de la moción por sentido de la responsabilidad y en aras a la unidad, aunque la considera muy incompleta e insuficiente para dar garantías de transición razonable a un sector vital para la economía española y para cientos de miles de hogares de trabajadores en España.
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