La sección sindical de la Asociación de Policía Local de Cantabria (APLC) en Torrelavega, tras varias resoluciones municipales denegando y dilatando los trámites de asistencia jurídica a agentes de policía que, como consecuencia directa del desempeño de sus funciones policiales, han sufrido lesiones, insultos o amenazas, ha acusado al equipo de gobierno (PSOPE_PRC) "de pasarse por el forro de sus caprichos el propio reglamento municipal que regula la solicitud de asistencia jurídica".
Este reglamento establece que se resolverá “con la urgencia necesaria para garantizar
la asistencia pedida, y en todo caso en el plazo máximo de 10 días".
En este sentido la APLC ha denunciado que recientemente se le ha denegado la asistencia jurídica a un agente
transcurridos más de 4 meses desde la fecha de presentación de la
correspondiente solicitud, ¡cuando el juicio ya se había celebrado!!,
encontrándose en trámite la solicitud de otro agente que sufrió lesiones
durante una intervención policial, y cuya petición se está ralentizando
con vagos argumentos y sin que tampoco se esté respetado plazo alguno.
Según la APLC, conforme al acuerdo Corporación-Funcionarios del Ayuntamiento de Torrelavega, “La Corporación garantizará la defensa jurídica y asistencia letrada a los funcionarios que la precisasen por razón del ejercicio legítimo de sus funciones o cargo público, ante cualquier orden jurisdiccional, en su condición de demandado o perjudicado”, tal como sucede en cualquier otro municipio de España y como aplicaba el Ayuntamiento de Torrelavega hasta la fecha.
Recuerdan que en alguna ocasión los propios concejales han acudido al juzgado con los gastos de su abogado cubiertos por el Ayuntamiento, a pesar de tratarse de circunstancias más cercanas a la política que a su estricta labor de concejal y sin embargo se niega la asistencia jurídica a los trabajadores que realmente les corresponde.
Según la APLC, en una de las resoluciones, desde el Consistorio se argumenta que “ha sido el policía local quien por su libre voluntad ha interpuesto la denuncia”, una justificación absurda, dado que para cualquier ciudadano, y evidentemente también un Policía de Torrelavega, cuando es objeto de amenazas o ante una situación que lesiona su honor, es el propio perjudicado quién debe formalizar la correspondiente denuncia, y así se ha hecho siempre.
Parece que no se han molestado ni en leer la sentencia, donde la Sra. Magistrada recoge que “no es justificable en modo alguno que una intervención policial realizada por el denunciante pueda ser excusa de un ataque verbal hacia el agente con la intimidación de poner en peligro su propia vida”, una sentencia en la que su señoría siempre se refiere al denunciante como “Agente de policía en el ejercicio de sus funciones”.
"En otras ocasiones hemos denunciado que los diezmados servicios, unido a la absoluta falta de previsión, dificulta en ocasiones el cumplimiento de las propias competencias policiales, comprometiendo mucho más allá de lo que la profesión exige la integridad de los propios agentes" y además "hemos solicitado hasta la saciedad que el Alcalde, en el ejercicio de la jefatura superior de todo el personal, defienda a su Cuerpo de Policía frente a los continuos e injustificados ataques en redes sociales, ante lo que nuestro Alcalde nunca dio la cara",
En este sentido la APLC, ha denunciado la gestión de la Concejalía de Recursos Humanos, "que niega el derecho tan básico como lógico de que los policías locales puedan acudir al Juzgado asistidos por un letrado".
"Si no se garantiza minimamente la integridad, la defensa, ni el derecho al honor de los policías, ¿como se supone que van a velar los agentes por los derechos y libertades del resto de ciudadanos?", se pregunta .la APLC.
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