El Juzgado de los Social nº6 de Cantabria ha dado la razón a los seis trabajadores de la Autovía del Agua que fueron despedidos por la Consejería de Medio Ambiente el pasado 14 de septiembre y ha declarado la improcedencia de los despidos de cinco empleados y la nulidad de otro por ser representante de los trabajadores por CCOO y condena a la Consejería a que, en un plazo de 5 días, readmita a los trabajadores en las mismas condiciones o abonarles las indemnizaciones correspondientes.
El responsable de Aguas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Cantabria, Borja Ruiz, ha señalado que este fallo va a suponer un coste de más de 120.000 euros para las arcas públicas entre la indemnización y los salarios de tramitación y ha advertido que la cifra puede aumentar si prosperan las demandas de los nuevos trabajadores contratados en fraude de ley.
Ruiz ha explicado que, en agosto del año pasado, el director de Medio Ambiente comunicó a la empresa OXITAL la extinción del contrato el 13 de septiembre de 2016 y que a partir de ese día, sería el Gobierno de Cantabria quien asumiera los servicios con personal propio.
Tras esta notificación OXITAL informó a los 6 trabajadores la finalización de la relación laboral y la subrogación de los empleados por parte del Ejecutivo cántabro a partir del 14 de septiembre.
Sin embargo, ha dicho el representante de CCOO, esta subrogación por parte del Gobierno nunca llegó a producirse y el Ejecutivo contrató a otros trabajadores propios del Gobierno de Cantabria con contratos temporales hasta finales de diciembre y prorrogados hasta el 13 de marzo de este año en “un claro fraude de ley”, según todas las sentencias dictadas por los tribunales antes las mismas situaciones.
Ante estos hechos, CCOO inició las correspondientes demandas contra OXITAL y el Gobierno de Cantabria ya que entendía que, tanto el Estatuto de los Trabajadores como el convenio sectorial de Aguas, establecía la obligatoriedad de subrogación en caso de sucesión o cambio de empresa, con independencia de que sea la Administración o una empresa privada.
El director general de Medio Ambiente responsable
Ruiz ha hecho responsable de “este cúmulo de irregularidades” al director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, ya que “obvió” todas las comunicaciones que manifestó CCOO en reiteradas ocasiones advirtiendo al Gobierno regional de que su obligación era subrogar a los trabajadores, tal y como marca la ley.
“No es de recibo”, -ha defendido CCOO-, que se despidan a 6 trabajadores que eran fijos en la empresa y con una antigüedad de más de 10 años “por culpa de una decisión administrativa”, y además, que “se queden en la calle” sin ningún tipo de indemnización.
Ante estos hechos, CCOO está estudiando, a través de sus servicios jurídicos, si “este cúmulo de irregularidades forzadas por decisiones improvisadas y de manera autoritaria” podrían constituir algún tipo de responsabilidad penal al margen de la que, “por dignidad política, debería asumir el director general.
El responsable de Aguas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Cantabria, Borja Ruiz, ha señalado que este fallo va a suponer un coste de más de 120.000 euros para las arcas públicas entre la indemnización y los salarios de tramitación y ha advertido que la cifra puede aumentar si prosperan las demandas de los nuevos trabajadores contratados en fraude de ley.
Ruiz ha explicado que, en agosto del año pasado, el director de Medio Ambiente comunicó a la empresa OXITAL la extinción del contrato el 13 de septiembre de 2016 y que a partir de ese día, sería el Gobierno de Cantabria quien asumiera los servicios con personal propio.
Tras esta notificación OXITAL informó a los 6 trabajadores la finalización de la relación laboral y la subrogación de los empleados por parte del Ejecutivo cántabro a partir del 14 de septiembre.
Sin embargo, ha dicho el representante de CCOO, esta subrogación por parte del Gobierno nunca llegó a producirse y el Ejecutivo contrató a otros trabajadores propios del Gobierno de Cantabria con contratos temporales hasta finales de diciembre y prorrogados hasta el 13 de marzo de este año en “un claro fraude de ley”, según todas las sentencias dictadas por los tribunales antes las mismas situaciones.
Ante estos hechos, CCOO inició las correspondientes demandas contra OXITAL y el Gobierno de Cantabria ya que entendía que, tanto el Estatuto de los Trabajadores como el convenio sectorial de Aguas, establecía la obligatoriedad de subrogación en caso de sucesión o cambio de empresa, con independencia de que sea la Administración o una empresa privada.
El director general de Medio Ambiente responsable
Ruiz ha hecho responsable de “este cúmulo de irregularidades” al director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, ya que “obvió” todas las comunicaciones que manifestó CCOO en reiteradas ocasiones advirtiendo al Gobierno regional de que su obligación era subrogar a los trabajadores, tal y como marca la ley.
“No es de recibo”, -ha defendido CCOO-, que se despidan a 6 trabajadores que eran fijos en la empresa y con una antigüedad de más de 10 años “por culpa de una decisión administrativa”, y además, que “se queden en la calle” sin ningún tipo de indemnización.
Ante estos hechos, CCOO está estudiando, a través de sus servicios jurídicos, si “este cúmulo de irregularidades forzadas por decisiones improvisadas y de manera autoritaria” podrían constituir algún tipo de responsabilidad penal al margen de la que, “por dignidad política, debería asumir el director general.
No hay comentarios:
Publicar un comentario