El Gobierno de Cantabria está trabajando en la puesta en marcha de un Plan contra el Despilfarro Alimentario y en la elaboración de un documento que garantice la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública del Ejecutivo, según ha anunciado hoy la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, que ha presidido la Comisión Interdepartamental de Emergencia Social.
Ambas medidas están incluidas en el Plan de Emergencia Social que aprobó el Gobierno hace un año y son "objetivos primordiales de esta Comisión a lo largo de los próximos meses", ha afirmado Díaz Tezanos.
Sobre el Plan contra el Despilfarro, la vicepresidenta ha explicado que en la reunión de hoy se ha analizado un borrador elaborado por un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria y el siguiente paso será que el grupo técnico del Gobierno diseñe el Plan y establezca algunas de las medidas que se van a poder llevar a cabo "para evitar el despilfarro alimentario que existe y que todos vemos todos los días".
La vicepresidenta ha asegurado que es "inaceptable" el que se despilfarren 100 millones de toneladas de alimentos en la Unión Europea, que servirían para dar de comer dos veces a toda la población que tiene escasez de alimentos. Además, ha precisado que en Cantabria más del 20% de la población se encuentra al borde la de la pobreza o la exclusión social.
Con este Plan, según ha explicado Díaz Tezanos, "el Gobierno quiere evitar pérdidas de excedentes alimentarios, promover la responsabilidad social de las empresas en Cantabria y desarrollar toda una serie de medidas dirigidas a la prevención".
Díaz Tezanos también ha anunciado que el Gobierno va a dar un paso más en la integración de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública. "Es una de las medidas del Plan de Emergencia Social y queremos garantizar su introducción efectiva en el procedimiento de contratación de la Administración Pública", ha declarado. Para ello, se va a hacer una guía entre todas las consejerías del Gobierno que será posteriormente aprobada por el Consejo de Gobierno.
La vicepresidenta ha asegurado que al Ejecutivo le parece "fundamental" la integración de estas cláusulas, entre las que se encontrará el fomento de la inclusión laboral de personas con mayor riesgo de exclusión social o con discapacidad, la igualdad de género, y la compra y consumo socialmente responsable.
Balance del Plan de Emergencia Social 2016
Díaz Tezanos ha recordado que para el Gobierno de Cantabria la atención a las personas que pasan por una situación de emergencia social es "prioritaria" y ha puesto en valor los avances que se han logrado durante el año pasado en el marco de ejecución del Plan de Emergencia Social 2016-2017.
Un plan que, según ha recordado, supone una inversión total de 86 millones de euros y se articula en 104 medidas que involucran a todas las consejerías del Gobierno de Cantabria. De ellas, 52 ya se han ejecutado y 27 están ahora mismo en proceso de ejecución. Hay otras medidas que quedan pendientes de desarrollar, algunas porque se derivan de medidas que actualmente están en desarrollo, según ha explicado la consejera.
Entre las que ya son realidad, la vicepresidenta se ha referido a la mayor dotación de la Renta Social Básica y la simplificación de todo el procedimiento para acceder a esta ayuda, el aumento de las becas de comedor, la puesta en marcha de un punto único de atención a las personas que solicitan cualquier prestación en el ICASS, el Fondo de Emergencia Habitacional y las ayudas al alquiler social e hipotecas, y medidas dirigidas a desempleados de larga duración con más de 45 años.
Ambas medidas están incluidas en el Plan de Emergencia Social que aprobó el Gobierno hace un año y son "objetivos primordiales de esta Comisión a lo largo de los próximos meses", ha afirmado Díaz Tezanos.
Sobre el Plan contra el Despilfarro, la vicepresidenta ha explicado que en la reunión de hoy se ha analizado un borrador elaborado por un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria y el siguiente paso será que el grupo técnico del Gobierno diseñe el Plan y establezca algunas de las medidas que se van a poder llevar a cabo "para evitar el despilfarro alimentario que existe y que todos vemos todos los días".
La vicepresidenta ha asegurado que es "inaceptable" el que se despilfarren 100 millones de toneladas de alimentos en la Unión Europea, que servirían para dar de comer dos veces a toda la población que tiene escasez de alimentos. Además, ha precisado que en Cantabria más del 20% de la población se encuentra al borde la de la pobreza o la exclusión social.
Con este Plan, según ha explicado Díaz Tezanos, "el Gobierno quiere evitar pérdidas de excedentes alimentarios, promover la responsabilidad social de las empresas en Cantabria y desarrollar toda una serie de medidas dirigidas a la prevención".
Díaz Tezanos también ha anunciado que el Gobierno va a dar un paso más en la integración de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública. "Es una de las medidas del Plan de Emergencia Social y queremos garantizar su introducción efectiva en el procedimiento de contratación de la Administración Pública", ha declarado. Para ello, se va a hacer una guía entre todas las consejerías del Gobierno que será posteriormente aprobada por el Consejo de Gobierno.
La vicepresidenta ha asegurado que al Ejecutivo le parece "fundamental" la integración de estas cláusulas, entre las que se encontrará el fomento de la inclusión laboral de personas con mayor riesgo de exclusión social o con discapacidad, la igualdad de género, y la compra y consumo socialmente responsable.
Balance del Plan de Emergencia Social 2016
Díaz Tezanos ha recordado que para el Gobierno de Cantabria la atención a las personas que pasan por una situación de emergencia social es "prioritaria" y ha puesto en valor los avances que se han logrado durante el año pasado en el marco de ejecución del Plan de Emergencia Social 2016-2017.
Un plan que, según ha recordado, supone una inversión total de 86 millones de euros y se articula en 104 medidas que involucran a todas las consejerías del Gobierno de Cantabria. De ellas, 52 ya se han ejecutado y 27 están ahora mismo en proceso de ejecución. Hay otras medidas que quedan pendientes de desarrollar, algunas porque se derivan de medidas que actualmente están en desarrollo, según ha explicado la consejera.
Entre las que ya son realidad, la vicepresidenta se ha referido a la mayor dotación de la Renta Social Básica y la simplificación de todo el procedimiento para acceder a esta ayuda, el aumento de las becas de comedor, la puesta en marcha de un punto único de atención a las personas que solicitan cualquier prestación en el ICASS, el Fondo de Emergencia Habitacional y las ayudas al alquiler social e hipotecas, y medidas dirigidas a desempleados de larga duración con más de 45 años.
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