El Gobierno autonómico defenderá la constitucionalidad de la Ley de Cantabria 3/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley del Suelo de Cantabria para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma, en el procedimiento puesto en marcha por iniciativa del Gobierno de España con arreglo al artículo 33.2 de la Ley del Tribunal Constitucional, y fundado en las dudas trasladadas a iniciativa del Ministerio de Justicia, sobre invasión del ámbito competencial del Estado.
Tras la propuesta del Gobierno central de reunir a la Comisión Bilateral para evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, han acordado poner en marcha el grupo de trabajo para tratar de buscar una solución que evite terminar en el Tribunal Constitucional y solventar las diferencias en torno al texto.
El Gobierno de Cantabria ha decidido así defender, a través de sus Servicios Jurídicos y Técnicos, la conformidad de la Ley del Suelo aprobada con las competencias que tiene Cantabria, intentando en todo caso evitar el conflicto con el Estado.
La discrepancia competencial se plantea sobre el apartado 4 de la nueva redacción de la Disposición Adicional Octava, por la presunta invasión de competencias del Estado en materia de Derecho Civil.
Al mismo tiempo, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha solicitado la comparecencia urgente ante el Pleno del Parlamento para explicar las posturas de los Gobiernos de España y Cantabria y la naturaleza del procedimiento que ahora se pone en marcha, mediante la convocatoria de la Comisión bilateral, así como para escuchar las aportaciones de los diputados en esta materia.
Tras la propuesta del Gobierno central de reunir a la Comisión Bilateral para evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, han acordado poner en marcha el grupo de trabajo para tratar de buscar una solución que evite terminar en el Tribunal Constitucional y solventar las diferencias en torno al texto.
El Gobierno de Cantabria ha decidido así defender, a través de sus Servicios Jurídicos y Técnicos, la conformidad de la Ley del Suelo aprobada con las competencias que tiene Cantabria, intentando en todo caso evitar el conflicto con el Estado.
La discrepancia competencial se plantea sobre el apartado 4 de la nueva redacción de la Disposición Adicional Octava, por la presunta invasión de competencias del Estado en materia de Derecho Civil.
Al mismo tiempo, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha solicitado la comparecencia urgente ante el Pleno del Parlamento para explicar las posturas de los Gobiernos de España y Cantabria y la naturaleza del procedimiento que ahora se pone en marcha, mediante la convocatoria de la Comisión bilateral, así como para escuchar las aportaciones de los diputados en esta materia.
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