El Gobierno de Cantabria ha comenzado a difundir la Guía de Transparencia y Acceso a la Información Pública entre los colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público de la Comunidad Autónoma, lo que supone, en palabras del titular de la Consejería de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, "un paso más en la implantación de las políticas de transparencia".
A este tipo de entidades, la Ley de Transparencia de Cantabria les afecta en sus actividades sujetas al derecho administrativo, es decir, les obliga a facilitar información sobre sus funciones públicas, y el Proyecto de Ley de Cantabria subraya esta circunstancia, reforzando la ley básica.
Así, deben publicar en sus respectivos portales de transparencia información referida a su estructura organizativa, contratos, encomiendas, convenios y actos de disposición económico-presupuestario, además de estar sujetas al derecho de acceso, por el que cualquier ciudadano puede exigir la información que estime oportuna.
Según el consejero, "se trata de aclarar el alcance de la Ley de Transparencia a las corporaciones de derecho público" para facilitar así un mejor cumplimiento de la norma por parte de dichas organizaciones y como anticipo de un año que se prevé intenso en la materia con la tramitación de la Ley autonómica, que recientemente ha aprobado el Consejo de Gobierno y que se encuentra en estos momentos en fase de tramitación parlamentaria, y las distintas campañas de sensibilización que se pretenden llevar a cabo, previstas también en el Proyecto de Ley.
Esta Guía es fruto de la colaboración entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Unión Profesional, asociación que agrupa a 32 consejos generales y superiores y colegios de ámbito estatal, pero cuya difusión se realiza también en el ámbito autonómico.
Concretamente, el consejero ha explicado que este tipo de entidades se rigen por las obligaciones básicas en materia de publicidad activa previstas en la normativa estatal, aunque las corporaciones de derecho público de Cantabria estarán sujetas también a la ley autonómica, que básicamente las desarrolla.
La Guía se presenta en formato digital y está compuesta por 25 páginas que recogen las obligaciones a las que están sujetas dichas entidades.
A este tipo de entidades, la Ley de Transparencia de Cantabria les afecta en sus actividades sujetas al derecho administrativo, es decir, les obliga a facilitar información sobre sus funciones públicas, y el Proyecto de Ley de Cantabria subraya esta circunstancia, reforzando la ley básica.
Así, deben publicar en sus respectivos portales de transparencia información referida a su estructura organizativa, contratos, encomiendas, convenios y actos de disposición económico-presupuestario, además de estar sujetas al derecho de acceso, por el que cualquier ciudadano puede exigir la información que estime oportuna.
Según el consejero, "se trata de aclarar el alcance de la Ley de Transparencia a las corporaciones de derecho público" para facilitar así un mejor cumplimiento de la norma por parte de dichas organizaciones y como anticipo de un año que se prevé intenso en la materia con la tramitación de la Ley autonómica, que recientemente ha aprobado el Consejo de Gobierno y que se encuentra en estos momentos en fase de tramitación parlamentaria, y las distintas campañas de sensibilización que se pretenden llevar a cabo, previstas también en el Proyecto de Ley.
Esta Guía es fruto de la colaboración entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Unión Profesional, asociación que agrupa a 32 consejos generales y superiores y colegios de ámbito estatal, pero cuya difusión se realiza también en el ámbito autonómico.
Concretamente, el consejero ha explicado que este tipo de entidades se rigen por las obligaciones básicas en materia de publicidad activa previstas en la normativa estatal, aunque las corporaciones de derecho público de Cantabria estarán sujetas también a la ley autonómica, que básicamente las desarrolla.
La Guía se presenta en formato digital y está compuesta por 25 páginas que recogen las obligaciones a las que están sujetas dichas entidades.
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