El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha participado hoy en un encuentro telemático junto a alcaldes de otras 30 ciudades españolas (Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrasa, Teruel, Valencia y Zaragoa ) sobre el modelo de ayudas contra el Covid-19 acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que ha concluido con la firma de un comunicado conjunto de todos los alcaldes que han participado.
López Estrada ha valorado “positivamente” este encuentro en el que, ha dicho, “más de 30 alcaldes se unen prácticamente con la misma voz para reclamar libertad a los ayuntamientos para hacer uso de los remanentes” en una situación marcada por el COVID 19 en el que los municipios deben hacer frente a “nuevas necesidades” provocados por esta pandemia, y a una reducción de ingresos.
2021, ha subrayado, va a ser un ejercicio “muy difícil” con ingresos que han bajado mucho y gastos que se han multiplicado y las inversiones vienen relacionadas con el uso de un remanente que en el caso de Torrelavega ronda los 15 millones de euros. Si bien, López Estrada ha querido matizar que “hay que ser justos y saber que el problema no es actual, que no viene desencadenado por el decreto sino por Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012”, en un momento, ha recordado, en el que las circunstancias eran otras con una crisis económica y con los ayuntamientos en una situación económica normal, mientras que ahora la cosa es completamente distinta con los ayuntamientos en una situación crítica dando respuesta a nuevas necesidades, con reducción de ingresos, y gastos que se multiplican, y por ello, ha insistido, la importancia de dar libertad a los ayuntamientos que tienen ahorros frutos de la buena gestión.
Comunicado conjunto
Comunicado conjunto de los alcaldes Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrasa, Teruel, Valencia y Zaragoza )
Reunidos en el día de la fecha, los alcaldes de estos treinta y un municipios quieren manifestar lo siguiente: 1.- Reivindicamos el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera.
2.- El esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales -de duración desconocida- que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita. Los ayuntamientos necesitamos imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-COVID que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía. Las necesitamos ya para poder ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario.
3.- En ese sentido, rechazamos el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos. Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros.
4.- Del mismo modo, constatamos que el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso. Asimismo, la propuesta del Gobierno central de tramitarlo como proyecto de ley es inaceptable. Eso supondría insistir en un enorme error y, además, retrasar las medidas que pudieran aprobarse más allá del presente año.
5.- En ese escenario de ausencia de mayoría suficiente para convalidar el decreto, solicitamos la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda que llevamos semanas reclamando las entidades locales para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España.
6.- Esa nueva negociación debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público. Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica.
7.- De acuerdo con ese documento, una vez que no se convalide el actual decreto, el Gobierno central debe elaborar otro, y tramitarlo con la mayor urgencia posible, en el que se recojan las medidas que sí cuentan con un amplio respaldo político: un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal; la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021.
8.- Al mismo tiempo, se debe renegociar las medidas que son rechazadas por una amplísima mayoría para alcanzar un acuerdo satisfactorio, justo y que preserve la autonomía municipal y el principio de igualdad. Reclamamos para ello que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades. Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos.
9.- Solicitamos el apoyo del conjunto de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a los que pedimos que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten.
10.- Expresamos nuestra voluntad de asistir conjuntamente a la sesión del trámite de convalidación en el Congreso para reafirmar con nuestra presencia lo expuesto en este comunicado y reiterar nuestro deseo de abrir un diálogo con el Gobierno para mejorar, desde la justicia y la igualdad, la situación financiera de las entidades locales.
López Estrada ha valorado “positivamente” este encuentro en el que, ha dicho, “más de 30 alcaldes se unen prácticamente con la misma voz para reclamar libertad a los ayuntamientos para hacer uso de los remanentes” en una situación marcada por el COVID 19 en el que los municipios deben hacer frente a “nuevas necesidades” provocados por esta pandemia, y a una reducción de ingresos.
2021, ha subrayado, va a ser un ejercicio “muy difícil” con ingresos que han bajado mucho y gastos que se han multiplicado y las inversiones vienen relacionadas con el uso de un remanente que en el caso de Torrelavega ronda los 15 millones de euros. Si bien, López Estrada ha querido matizar que “hay que ser justos y saber que el problema no es actual, que no viene desencadenado por el decreto sino por Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012”, en un momento, ha recordado, en el que las circunstancias eran otras con una crisis económica y con los ayuntamientos en una situación económica normal, mientras que ahora la cosa es completamente distinta con los ayuntamientos en una situación crítica dando respuesta a nuevas necesidades, con reducción de ingresos, y gastos que se multiplican, y por ello, ha insistido, la importancia de dar libertad a los ayuntamientos que tienen ahorros frutos de la buena gestión.
Comunicado conjunto
Comunicado conjunto de los alcaldes Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrasa, Teruel, Valencia y Zaragoza )
Reunidos en el día de la fecha, los alcaldes de estos treinta y un municipios quieren manifestar lo siguiente: 1.- Reivindicamos el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera.
2.- El esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales -de duración desconocida- que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita. Los ayuntamientos necesitamos imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-COVID que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía. Las necesitamos ya para poder ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario.
3.- En ese sentido, rechazamos el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos. Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros.
4.- Del mismo modo, constatamos que el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso. Asimismo, la propuesta del Gobierno central de tramitarlo como proyecto de ley es inaceptable. Eso supondría insistir en un enorme error y, además, retrasar las medidas que pudieran aprobarse más allá del presente año.
5.- En ese escenario de ausencia de mayoría suficiente para convalidar el decreto, solicitamos la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda que llevamos semanas reclamando las entidades locales para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España.
6.- Esa nueva negociación debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público. Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica.
7.- De acuerdo con ese documento, una vez que no se convalide el actual decreto, el Gobierno central debe elaborar otro, y tramitarlo con la mayor urgencia posible, en el que se recojan las medidas que sí cuentan con un amplio respaldo político: un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal; la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021.
8.- Al mismo tiempo, se debe renegociar las medidas que son rechazadas por una amplísima mayoría para alcanzar un acuerdo satisfactorio, justo y que preserve la autonomía municipal y el principio de igualdad. Reclamamos para ello que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades. Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos.
9.- Solicitamos el apoyo del conjunto de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a los que pedimos que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten.
10.- Expresamos nuestra voluntad de asistir conjuntamente a la sesión del trámite de convalidación en el Congreso para reafirmar con nuestra presencia lo expuesto en este comunicado y reiterar nuestro deseo de abrir un diálogo con el Gobierno para mejorar, desde la justicia y la igualdad, la situación financiera de las entidades locales.
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