El recorte al sueldo de los funcionarios vuelve como una posibilidad en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021. “Una nueva congelación de las retribuciones de los empleados públicos sería una nueva afrenta, un nuevo recorte a acumular a todos los que se han venido sufriendo durante décadas y que ha supuesto una grave pérdida de poder adquisitivo acumulada”, reivindica Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO).
FAC-USO considera que nuevos recortes a sueldo de los funcionarios no es el camino a seguir por una Administración que tanto tiene que agradecer a sus empleados y reclama que el Gobierno corrija los graves déficits de personal y problemas en la gestión, que con frecuencia vuelven ineficaces a los servicios públicos, restando operatividad y calidad en su prestación.
Pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos
FAC-USO considera que ningún Gobierno, incluido el actual presidido por Pedro Sánchez, aprecia la labor de los empleados públicos. A la contratación de servicios públicos a empresas privadas en cuanto hay oportunidad se suma el hecho de que no se plantean aumentar la oferta de empleo público, dejando sin resolver el déficit y el envejecimiento de las plantillas.
Tampoco existe ninguna voluntad política de recuperar la maltrecha estructura salarial de los empleados públicos. “El sueldo de los funcionarios se recortó entre el 5% y el 7% en 2010. Y todos estos recortes han supuesto una pérdida de poder adquisitivo cercana al 16%, sólo en la última década”, puntualiza Deleito.
Este recorte del sueldo de los funcionarios y la pérdida de poder adquisitivo es una realidad, por mucho que desde el Gobierno, concretamente por parte de la ministra Calviño, se asegure que los empleados públicos han ganado poder adquisitivo en los últimos años.
“Es fácil entender que el Gobierno intentará de nuevo ponernos en contra a la opinión pública para justificar los recortes que tenga preparados. Pero desde USO queremos recordarle que son esos mismos empleados públicos a los que ahora quiere castigar en sus retribuciones, los que han hecho posible tramitar los ERTES, el ingreso mínimo vital, y todos los servicios que la ciudadanía ha necesitado de forma urgente”, apunta el secretario general de FAC-USO.
Hablamos de colectivos a los que los ciudadanos han aplaudido desde sus balcones durante todo el estado de alarma: sanitarios, bomberos, policía, personal de limpieza, personal sociosanitario, etc. “Todos ellos son empleados públicos que, como reconocimiento a su excelente labor, se verán afectados por los recortes salariales que se adopten en los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma agradece el Gobierno, el esfuerzo personal, dedicación y trabajo durante esta pandemia”, critica Deleito.
Sin próxima reunión de la Mesa General de Función Pública
Al agravio que supondría un nuevo recorte al sueldo de los funcionarios, se suma la nula reacción de los sindicatos presentes en la Mesa General de Función Pública, responsable de negociar la subida salarial, especialmente de CCOO y UGT.
¿Por qué no estos sindicatos no han exigido de forma urgente la reunión de la Mesa para iniciar las negociaciones? ¿Por qué faltando sólo dos semanas para que se cumpla el plazo en que el Gobierno presente el proyecto de PGE, todavía no se han reunido?. Para Deleito, este es “un silencio más que sospechoso por parte de aquellos que dicen representar a todos los empleados públicos”.
FAC-USO considera que nuevos recortes a sueldo de los funcionarios no es el camino a seguir por una Administración que tanto tiene que agradecer a sus empleados y reclama que el Gobierno corrija los graves déficits de personal y problemas en la gestión, que con frecuencia vuelven ineficaces a los servicios públicos, restando operatividad y calidad en su prestación.
Pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos
FAC-USO considera que ningún Gobierno, incluido el actual presidido por Pedro Sánchez, aprecia la labor de los empleados públicos. A la contratación de servicios públicos a empresas privadas en cuanto hay oportunidad se suma el hecho de que no se plantean aumentar la oferta de empleo público, dejando sin resolver el déficit y el envejecimiento de las plantillas.
Tampoco existe ninguna voluntad política de recuperar la maltrecha estructura salarial de los empleados públicos. “El sueldo de los funcionarios se recortó entre el 5% y el 7% en 2010. Y todos estos recortes han supuesto una pérdida de poder adquisitivo cercana al 16%, sólo en la última década”, puntualiza Deleito.
Este recorte del sueldo de los funcionarios y la pérdida de poder adquisitivo es una realidad, por mucho que desde el Gobierno, concretamente por parte de la ministra Calviño, se asegure que los empleados públicos han ganado poder adquisitivo en los últimos años.
“Es fácil entender que el Gobierno intentará de nuevo ponernos en contra a la opinión pública para justificar los recortes que tenga preparados. Pero desde USO queremos recordarle que son esos mismos empleados públicos a los que ahora quiere castigar en sus retribuciones, los que han hecho posible tramitar los ERTES, el ingreso mínimo vital, y todos los servicios que la ciudadanía ha necesitado de forma urgente”, apunta el secretario general de FAC-USO.
Hablamos de colectivos a los que los ciudadanos han aplaudido desde sus balcones durante todo el estado de alarma: sanitarios, bomberos, policía, personal de limpieza, personal sociosanitario, etc. “Todos ellos son empleados públicos que, como reconocimiento a su excelente labor, se verán afectados por los recortes salariales que se adopten en los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma agradece el Gobierno, el esfuerzo personal, dedicación y trabajo durante esta pandemia”, critica Deleito.
Sin próxima reunión de la Mesa General de Función Pública
Al agravio que supondría un nuevo recorte al sueldo de los funcionarios, se suma la nula reacción de los sindicatos presentes en la Mesa General de Función Pública, responsable de negociar la subida salarial, especialmente de CCOO y UGT.
¿Por qué no estos sindicatos no han exigido de forma urgente la reunión de la Mesa para iniciar las negociaciones? ¿Por qué faltando sólo dos semanas para que se cumpla el plazo en que el Gobierno presente el proyecto de PGE, todavía no se han reunido?. Para Deleito, este es “un silencio más que sospechoso por parte de aquellos que dicen representar a todos los empleados públicos”.
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