Izquierda Unida ha llamado la atención sobre el uso de los fondos extraordinarios COVID que el Gobierno central ha transferido a la comunidad para Educación y señala que “sólo la mitad se han destinado para la contratación de personal docente”.
Desde la izquierda cántabra indican que de los 17,8 millones que el Ejecutivo Central asignó a Cantabria para su uso en la Educación destinada hasta los 16 años, únicamente se han empleado 9,3 para la contratación de 201 docentes en los niveles de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, ESO y Bachillerato, tal y como ha afirmado la consejera Marina Lombó.
“Esto supone apenas el 52% del total del fondo extra asignado a Cantabria en un contexto en que la urgencia del nuevo curso es la disminución de las ratios para garantizar la tarea pedagógica y la distancia física entre el alumnado dentro de las aulas”, indica la coordinadora autonómica Leticia Martínez.
Así, inquiere a la titular de Educación sobre cuál será el destino de la otra mitad del dinero, dado que sólo se conoce que 500.000 euros irán a parar a aumentar la limpieza y desinfección de los centros dependientes de la Consejería y otros 700.000 para material de protección.
“Del resto de los fondos no sabemos nada, como tampoco saben las familias y docentes sobre multitud de cuestiones que siguen siendo una incógnita en el protocolo organizativo que redactó Educación con el visto bueno de Salud Pública”, apostillan, en un momento en que a solo dos semanas del inicio de curso la Consejería ha asegurado que apenas ha recibido la mitad de los planes de centros previstos.
“¿A qué espera la Consejería para anunciar mayor refuerzo del personal docente, a que venga el Gobierno Central a solucionarles la papeleta cuando la competencia de Educación recae sobre las comunidades? Insistieron, con razón, en que querían de vuelta sus competencias y ahora que las tienen, junto a fondos extraordinarios para poder reforzarlas, son incapaces de desplegar un escudo social amplio y que garantice un curso escolar lo más seguro posible y minimizando las incidencias”, censuran.
Con todo, Martínez no espera que Lombó acepte las numerosas propuestas hechas por su partido en las pasadas semanas “porque sería reconocer a la oposición que van tarde”, pero, “al menos”, insiste en que “atienda las justas reclamaciones de la Junta de Personal o de las familias, que también nacen, con más valor si cabe, del conocimiento real de los centros y de la vida en ellos”.
“Toda medida de prevención que no se ponga antes de comenzar el curso significará un punto de partida frágil cuyas consecuencias para la salud pública y las derivadas económico-sociales pesarán mucho más”, sentenciaban.
Desde la izquierda cántabra indican que de los 17,8 millones que el Ejecutivo Central asignó a Cantabria para su uso en la Educación destinada hasta los 16 años, únicamente se han empleado 9,3 para la contratación de 201 docentes en los niveles de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, ESO y Bachillerato, tal y como ha afirmado la consejera Marina Lombó.
“Esto supone apenas el 52% del total del fondo extra asignado a Cantabria en un contexto en que la urgencia del nuevo curso es la disminución de las ratios para garantizar la tarea pedagógica y la distancia física entre el alumnado dentro de las aulas”, indica la coordinadora autonómica Leticia Martínez.
Así, inquiere a la titular de Educación sobre cuál será el destino de la otra mitad del dinero, dado que sólo se conoce que 500.000 euros irán a parar a aumentar la limpieza y desinfección de los centros dependientes de la Consejería y otros 700.000 para material de protección.
“Del resto de los fondos no sabemos nada, como tampoco saben las familias y docentes sobre multitud de cuestiones que siguen siendo una incógnita en el protocolo organizativo que redactó Educación con el visto bueno de Salud Pública”, apostillan, en un momento en que a solo dos semanas del inicio de curso la Consejería ha asegurado que apenas ha recibido la mitad de los planes de centros previstos.
“¿A qué espera la Consejería para anunciar mayor refuerzo del personal docente, a que venga el Gobierno Central a solucionarles la papeleta cuando la competencia de Educación recae sobre las comunidades? Insistieron, con razón, en que querían de vuelta sus competencias y ahora que las tienen, junto a fondos extraordinarios para poder reforzarlas, son incapaces de desplegar un escudo social amplio y que garantice un curso escolar lo más seguro posible y minimizando las incidencias”, censuran.
Con todo, Martínez no espera que Lombó acepte las numerosas propuestas hechas por su partido en las pasadas semanas “porque sería reconocer a la oposición que van tarde”, pero, “al menos”, insiste en que “atienda las justas reclamaciones de la Junta de Personal o de las familias, que también nacen, con más valor si cabe, del conocimiento real de los centros y de la vida en ellos”.
“Toda medida de prevención que no se ponga antes de comenzar el curso significará un punto de partida frágil cuyas consecuencias para la salud pública y las derivadas económico-sociales pesarán mucho más”, sentenciaban.
No hay comentarios:
Publicar un comentario