El Partido Popular ha registrado una Proposición no de Ley en el Parlamento de Cantabria en la que rechaza el acuerdo suscrito entre el Gobierno de la Nación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos, y pide que el Congreso de los Diputados derogue el Real Decreto de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que permite al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias “confiscar” los ahorros.
Los objetivos de esta iniciativa es “defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos” y que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del remanente de tesorería para actuar contra los efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19.
González Revuelta ha abogado por alcanzar un acuerdo de todos los grupos con representación en el Parlamento de Cantabria en torno a esta propuesta para hacer valer los acuerdos adoptados en Cantabria, recordando que la Cámara ha aprobado varias resoluciones instando al Gobierno de España a permitir a los ayuntamientos de Cantabria utilizar sus remanentes.
“Lejos de dar libertad a los ayuntamientos para emplear sus ahorros, el Gobierno quiere que les presten la totalidad de sus ahorros acumulados y, a cambio, solo se les permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que es de sus vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha definido el Gobierno”, ha sentenciado la diputada popular, para quien esta propuesta esconde un “chantaje inaceptable” y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales.
En este sentido, la iniciativa del PP reclama que el Gobierno de España municipales.
La diputada regional y portavoz de Economía del Grupo Popular, María José González Revuelta, ha explicado que el objetivo respete y garantice la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, y le insta a flexibilizar la regla de gasto y el resto de reglas contenidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Además, exigen al Ejecutivo que abone "de forma inmediata" las cantidades que adeuda a las entidades locales correspondientes al IVA del mes de diciembre de 2017, así como la creación de un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Según precisa el PP, estos fondos deben ser independientes y no deben estar vinculados a la cesión de remanentes.
Asimismo, la PNL registrada por el Grupo Popular insta al Ejecutivo central a transferir una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.
Y, finalmente, insta al Gobierno de España a prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar inversiones financieramente sostenibles, financiadas con cargo al superávit del 2018 y 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en 2020.
Los objetivos de esta iniciativa es “defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos” y que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del remanente de tesorería para actuar contra los efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19.
González Revuelta ha abogado por alcanzar un acuerdo de todos los grupos con representación en el Parlamento de Cantabria en torno a esta propuesta para hacer valer los acuerdos adoptados en Cantabria, recordando que la Cámara ha aprobado varias resoluciones instando al Gobierno de España a permitir a los ayuntamientos de Cantabria utilizar sus remanentes.
“Lejos de dar libertad a los ayuntamientos para emplear sus ahorros, el Gobierno quiere que les presten la totalidad de sus ahorros acumulados y, a cambio, solo se les permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que es de sus vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha definido el Gobierno”, ha sentenciado la diputada popular, para quien esta propuesta esconde un “chantaje inaceptable” y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales.
En este sentido, la iniciativa del PP reclama que el Gobierno de España municipales.
La diputada regional y portavoz de Economía del Grupo Popular, María José González Revuelta, ha explicado que el objetivo respete y garantice la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, y le insta a flexibilizar la regla de gasto y el resto de reglas contenidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Además, exigen al Ejecutivo que abone "de forma inmediata" las cantidades que adeuda a las entidades locales correspondientes al IVA del mes de diciembre de 2017, así como la creación de un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Según precisa el PP, estos fondos deben ser independientes y no deben estar vinculados a la cesión de remanentes.
Asimismo, la PNL registrada por el Grupo Popular insta al Ejecutivo central a transferir una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.
Y, finalmente, insta al Gobierno de España a prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar inversiones financieramente sostenibles, financiadas con cargo al superávit del 2018 y 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en 2020.
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