El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunciaba esta semana que la nueva Ley del Suelo permitirá la construcción en suelo rústico en 39 municipios de la Comunidad. Las empresas constructoras tendrán vía libre para implantar viviendas unifamiliares e instalaciones de ocio y turísticas en lo que hasta ahora era terreno no urbanizable.
Desde Cantabria No Se Vende quieren denunciar que esta medida, anunciada como una supuesta respuesta al despoblamiento rural, servirá únicamente para especular y repetir el proceso de urbanismo salvaje que tantísimo daño ha hecho a nuestras costas, atacando en esta ocasión a municipios del interior de la Comunidad.
Desde Cantabria No Se Vende quieren denunciar que esta medida, anunciada como una supuesta respuesta al despoblamiento rural, servirá únicamente para especular y repetir el proceso de urbanismo salvaje que tantísimo daño ha hecho a nuestras costas, atacando en esta ocasión a municipios del interior de la Comunidad.
A su juicio, las consecuencias de este proceso son de sobra conocidas por las y los cántabros: destrucción de nuestro patrimonio paisajístico, fomento del trabajo precario al convertir el turismo en la única actividad productiva de dichos municipios, especulación inmobiliaria y encarecimiento del coste de la vida para los paisanos y paisanas que aún residen en nuestros pueblos.
Para CSNV, el marco municipal actual, impuesto por el Estado español, es inadecuado para analizar la despoblación en la realidad cántabra, históricamente organizada en concejos. "Nuestros municipios cuentan con realidades muy diversas: pueblos que se vacían mientras otros se mantienen o incluso crecen como cabeceras en sus valles. Pretender hacer ver que la baja población de ciertas localidades, repletas de casas vacías, se soluciona con más ladrillo es directamente un insulto a nuestra inteligencia. Su déficit es de servicios, no de viviendas".
Para CSNV, el marco municipal actual, impuesto por el Estado español, es inadecuado para analizar la despoblación en la realidad cántabra, históricamente organizada en concejos. "Nuestros municipios cuentan con realidades muy diversas: pueblos que se vacían mientras otros se mantienen o incluso crecen como cabeceras en sus valles. Pretender hacer ver que la baja población de ciertas localidades, repletas de casas vacías, se soluciona con más ladrillo es directamente un insulto a nuestra inteligencia. Su déficit es de servicios, no de viviendas".
Es por ello que desde CNSV consideran que la apuesta debiera ser por el fomento del alquiler y la rehabilitación de viviendas, no por la destrucción del equilibrio natural y arquitectónico de nuestros pueblos.
Asimismo, mientras presenta esta nueva tomadura de pelo, el Gobierno mantiene en el cajón desde hace años el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) y las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), que deberían garantizar un desarrollo racional y sostenible para evitar, precisamente, que proyectos como este hundan aún más la ya de por sí delicada situación de la Cantabria interior reincidiendo en el atentado urbanístico.
"No deja de ser llamativo que la misma coalición de gobierno que aprobó un permiso de fracking el día antes de convocar las elecciones autonómicas de 2011 haya anunciado esta vía libre al ladrillazo de los valles cántabros en plena crisis sanitaria, sin el debido espacio para la información y el debate. Poca sorpresa viniendo de un partido como el PRC, vinculado al caciquisimo rural y al cártel del asfalto, cuya única capacidad de iniciativa para cambiar el devenir de nuestros pueblos está demostrando ser dar vueltas a la hormigonera e intentar colocarnos una nueva ola de turismo de segunda residencia", denuncia CSNV.
En CNSV no quieren una repetición de lo ya ocurrido en localidades como Laredo o Noja, donde las parejas jóvenes no pueden alquilar o comprar una vivienda debido a los precios que marcan quienes vienen desde CC.AA. con una renta superior. Una presión urbanística que expulsa a los habitantes de sus pueblos nunca será una solución aceptable.
Asimismo, mientras presenta esta nueva tomadura de pelo, el Gobierno mantiene en el cajón desde hace años el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) y las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), que deberían garantizar un desarrollo racional y sostenible para evitar, precisamente, que proyectos como este hundan aún más la ya de por sí delicada situación de la Cantabria interior reincidiendo en el atentado urbanístico.
"No deja de ser llamativo que la misma coalición de gobierno que aprobó un permiso de fracking el día antes de convocar las elecciones autonómicas de 2011 haya anunciado esta vía libre al ladrillazo de los valles cántabros en plena crisis sanitaria, sin el debido espacio para la información y el debate. Poca sorpresa viniendo de un partido como el PRC, vinculado al caciquisimo rural y al cártel del asfalto, cuya única capacidad de iniciativa para cambiar el devenir de nuestros pueblos está demostrando ser dar vueltas a la hormigonera e intentar colocarnos una nueva ola de turismo de segunda residencia", denuncia CSNV.
En CNSV no quieren una repetición de lo ya ocurrido en localidades como Laredo o Noja, donde las parejas jóvenes no pueden alquilar o comprar una vivienda debido a los precios que marcan quienes vienen desde CC.AA. con una renta superior. Una presión urbanística que expulsa a los habitantes de sus pueblos nunca será una solución aceptable.
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