El sistema piloto de mediación intrajudicial, que busca un acuerdo consensuado que ponga fin a conflictos familiares, ha superado los dos años de funcionamiento en el partido judicial de Santander, un tiempo en el que los juzgados y la Audiencia Provincial han derivado un total de 549 procedimientos judiciales a las sesiones informativas que inician este tipo de procesos.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha hecho balance del funcionamiento del sistema, en el que colaboran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), colegios profesionales y asociaciones, tras conmemorarse esta semana, el pasado 21 de enero, el Día Europeo de la Mediación.
De los casos derivados, el 31 por ciento decidieron finalmente someterse a este proceso (170 procedimientos), de los que finalizaron con acuerdo un total de 55. A juicio de la consejera, este dato "es más importante de lo que representa", dado que "en muchos casos la mediación intrajudicial ha conseguido restablecer el diálogo y las relaciones entre las partes", lo que es especialmente relevante en asuntos de familia y menores.
Por eso, ha opinado que el funcionamiento del proyecto piloto es "muy positivo" y el Gobierno de Cantabria se ha marcado como objetivo extender el sistema a otros partidos judiciales como medida para facilitar soluciones pactadas y reducir la litigiosidad mediante un proceso que otorga además una mayor autoridad y responsabilidad a cada una de las partes.
Así, ha confiado en que cada día se haga "un mayor uso" de la mediación intrajudicial y que la herramienta sea empleada por todos los juzgados de Cantabria que resuelven asuntos de familia.
El proceso de implantación del proyecto piloto de mediación intrajudicial ha sido progresiva y actualmente abarca a los juzgados de Primera Instancia números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Santander, y la Sección 2ª de la Audiencia Provincial en materia de familiar.
Dentro del proceso de mediación destacan los principios de voluntariedad de las partes, igualdad, gratuidad, confidencialidad, oficialidad, buena fe, transparencia, bilateralidad e imparcialidad del mediador.
Es el juez quien decide qué asuntos deriva a mediación, siempre según su criterio, y ello sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda solicitarlo ante el juzgado. En estos casos, se cita a ambas partes a una sesión informativa en la que un mediador profesional les informa de las ventajas de este método de resolución de conflictos. Tras esa sesión, las partes tienen que decidir si se someten a mediación o no. Una vez que resuelven someterse a mediación, se van fijando varias reuniones con el mediador, hasta que se llega a un acuerdo, ya sea total o parcial, o se cierra el proceso sin acuerdo de las partes.
En el proyecto piloto de Cantabria intervienen, además del Gobierno autonómico y el CGPJ, los colegios regionales de Abogados y Procuradores, y las asociaciones de Mediación y de Derecho Colaborativo.
Para fomentar la mediación y las entidades colaboradoras, la Consejería de Justicia ha destinado 60.000 euros en los últimos tres años para financiar proyectos formativos y divulgativos dirigidos tanto a profesionales como a la ciudanía en general.
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