El Gobierno de Cantabria y la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma han analizado las mejoras en el funcionamiento de la Oficina de atención a las víctimas por delitos, que incrementará este año su espacio y la dotación de medios en el Complejo Judicial de Las Salesas. Ambas instituciones han coincidido en la importancia de este paso para prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas.
Así lo han destacado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, y la fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Pilar Jiménez Bados, tras presidir la Comisión Mixta entre ambas instituciones, en la que se ha analizado el despliegue de la Oficina Fiscal y los medios con los que cuenta el ministerio público en la región.
Fernández Viaña ha afirmado que el Ejecutivo regional pretende seguir avanzando junto a la Fiscalía para consolidar el modelo de atención asistencial desde la Oficina de atención a la víctima y, en este sentido, ha explicado que se intensificará la colaboración con el servicio autonómico que atiende a las mujeres víctimas de violencia machista e incrementar sus recursos, a través del pacto de Estado en la materia.
A juicio de Pilar Jiménez, estas mejoras de espacios y funciones redundarán en un mejor servicio y que la Oficina "esté más identificada para el acompañamiento, asistencia y protección a todo tipo de víctimas durante el proceso judicial".
Respecto a la Oficina Fiscal, la consejera de Justicia ha destacado la intención del Gobierno de abordar de forma inmediata la negociación del futuro decreto y ha recordado que los presupuestos autonómicos para 2020 ya recogen partidas "significativas" para el cumplimiento de este objetivo.
"Ofrecemos diálogo y un presupuesto para paliar la falta de recursos humanos y materiales en la Fiscalía", ha declarado la consejera, quien cree que las carencias se resolverán en gran medida con la implantación de la Oficina fiscal.
Por su parte, Jiménez ha defendido la necesidad "imperiosa" de crear una estructura de apoyo a la labor de la Fiscalía en Cantabria, capaz de reforzar áreas funcionales, como la estadística; la gestión de personal, así como otras funciones administrativas y de asistencia directa a la fiscal superior.
"A día de hoy no existe dotación específica para ninguna de estas funciones, pese a estar prevista su creación desde la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal llevada a cabo en el año 2008, y debe ser absolutamente imprescindible dar un paso al frente en este sentido", ha subrayado Jiménez.
En materia de medios personales, se ha pactado mantener los refuerzos de fiscalía en las secciones de Menores y de Laredo, una medida especialmente valorada por la fiscal superior de Cantabria para responder al incremento de la carga de trabajo y prestar un servicio más ágil a víctimas especialmente vulnerables, como son los menores.
Infraestructura tecnológica
La fiscal superior de Cantabria ha resaltado el avance tecnológico experimentado en la Administración de Justicia en Cantabria y el uso generalizado del sistema de gestión procesal 'Vereda'.
Durante la Comisión, se ha valorado el grado de integración de la Fiscalía de Cantabria en el proceso telemático y el proceso de modernización de la justicia. En 2019, los fiscales cántabros realizaron 11.214 firmas electrónicas y presentaron por este sistema 213.113 notificaciones, 18.107 informes y 3.057 calificaciones.
La fiscal superior y la consejera han coincidido en destacar la importancia de haber integrado en el expediente judicial electrónico los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que favorece a los procesos de orden penal en los que interviene la fiscalía.
En este punto, han acordado además acciones conjuntas para facilitar los trabajos de elaboración de la estadística del Ministerio Público y conseguir un mejor tratamiento de los datos.
Prevención de riesgos
La Comisión Mixta ha analizado los avances en materia de prevención de riesgos laborales, donde se han finalizado las evaluaciones de riesgo de todas las sedes judiciales y, actualmente, se encuentran en proceso de implantación. En opinión de la consejera, se trata de una labor interna, que "no es muy visible, pero donde se ha hecho un esfuerzo importante para prestar un mejor servicio público". De esta forma, se han implantado nuevos mecanismos de seguridad contra incendios y aparatos de desfibrilación, entre otros medios, y se ha instruido al personal funcionario en su manejo mediante la organización de varios cursos.
Por último, se han repasado las inversiones realizadas en el Ministerio Fiscal en Cantabria, que supera los 200.000 euros el último año, así como el presupuesto ejecutado en materia de personal.
El Gobierno y la Fiscalía han resaltado el clima de colaboración institucional y la importancia de las reuniones de la comisión mixta de cara a repasar la situación actual y abordar los retos de futuro.
En esta reunión también han estado presentes el director general de Justicia del Gobierno cántabro, Pablo Ortiz, y los fiscales pertenecientes a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Francisco Moreno y Germán Gutiérrez.
Así lo han destacado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, y la fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Pilar Jiménez Bados, tras presidir la Comisión Mixta entre ambas instituciones, en la que se ha analizado el despliegue de la Oficina Fiscal y los medios con los que cuenta el ministerio público en la región.
Fernández Viaña ha afirmado que el Ejecutivo regional pretende seguir avanzando junto a la Fiscalía para consolidar el modelo de atención asistencial desde la Oficina de atención a la víctima y, en este sentido, ha explicado que se intensificará la colaboración con el servicio autonómico que atiende a las mujeres víctimas de violencia machista e incrementar sus recursos, a través del pacto de Estado en la materia.
A juicio de Pilar Jiménez, estas mejoras de espacios y funciones redundarán en un mejor servicio y que la Oficina "esté más identificada para el acompañamiento, asistencia y protección a todo tipo de víctimas durante el proceso judicial".
Respecto a la Oficina Fiscal, la consejera de Justicia ha destacado la intención del Gobierno de abordar de forma inmediata la negociación del futuro decreto y ha recordado que los presupuestos autonómicos para 2020 ya recogen partidas "significativas" para el cumplimiento de este objetivo.
"Ofrecemos diálogo y un presupuesto para paliar la falta de recursos humanos y materiales en la Fiscalía", ha declarado la consejera, quien cree que las carencias se resolverán en gran medida con la implantación de la Oficina fiscal.
Por su parte, Jiménez ha defendido la necesidad "imperiosa" de crear una estructura de apoyo a la labor de la Fiscalía en Cantabria, capaz de reforzar áreas funcionales, como la estadística; la gestión de personal, así como otras funciones administrativas y de asistencia directa a la fiscal superior.
"A día de hoy no existe dotación específica para ninguna de estas funciones, pese a estar prevista su creación desde la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal llevada a cabo en el año 2008, y debe ser absolutamente imprescindible dar un paso al frente en este sentido", ha subrayado Jiménez.
En materia de medios personales, se ha pactado mantener los refuerzos de fiscalía en las secciones de Menores y de Laredo, una medida especialmente valorada por la fiscal superior de Cantabria para responder al incremento de la carga de trabajo y prestar un servicio más ágil a víctimas especialmente vulnerables, como son los menores.
Infraestructura tecnológica
La fiscal superior de Cantabria ha resaltado el avance tecnológico experimentado en la Administración de Justicia en Cantabria y el uso generalizado del sistema de gestión procesal 'Vereda'.
Durante la Comisión, se ha valorado el grado de integración de la Fiscalía de Cantabria en el proceso telemático y el proceso de modernización de la justicia. En 2019, los fiscales cántabros realizaron 11.214 firmas electrónicas y presentaron por este sistema 213.113 notificaciones, 18.107 informes y 3.057 calificaciones.
La fiscal superior y la consejera han coincidido en destacar la importancia de haber integrado en el expediente judicial electrónico los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que favorece a los procesos de orden penal en los que interviene la fiscalía.
En este punto, han acordado además acciones conjuntas para facilitar los trabajos de elaboración de la estadística del Ministerio Público y conseguir un mejor tratamiento de los datos.
Prevención de riesgos
La Comisión Mixta ha analizado los avances en materia de prevención de riesgos laborales, donde se han finalizado las evaluaciones de riesgo de todas las sedes judiciales y, actualmente, se encuentran en proceso de implantación. En opinión de la consejera, se trata de una labor interna, que "no es muy visible, pero donde se ha hecho un esfuerzo importante para prestar un mejor servicio público". De esta forma, se han implantado nuevos mecanismos de seguridad contra incendios y aparatos de desfibrilación, entre otros medios, y se ha instruido al personal funcionario en su manejo mediante la organización de varios cursos.
Por último, se han repasado las inversiones realizadas en el Ministerio Fiscal en Cantabria, que supera los 200.000 euros el último año, así como el presupuesto ejecutado en materia de personal.
El Gobierno y la Fiscalía han resaltado el clima de colaboración institucional y la importancia de las reuniones de la comisión mixta de cara a repasar la situación actual y abordar los retos de futuro.
En esta reunión también han estado presentes el director general de Justicia del Gobierno cántabro, Pablo Ortiz, y los fiscales pertenecientes a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Francisco Moreno y Germán Gutiérrez.
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