El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, y la presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, firmarán mañana un acuerdo e colaboración que dará cumplimiento a la Ley de Transparencia en lo referente a la atención y respuesta de las reclamaciones ciudadanas.
El acto de firma se celebrará en Madrid, en la sede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a las 12 horas.
De esta forma, Cantabria da cumplimiento a la Ley nacional que obliga a que sea un órgano independiente quien resuelva las reclamaciones de los ciudadanos en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial.
Esta reclamación, una de las principales novedades que aporta la Ley de Transparencia, tiene carácter potestativo y es previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa.
La Consejería de Presidencia continúa así con las acciones tendentes al cumplimiento de la Ley de Transparencia de ámbito nacional.
El acto de firma se celebrará en Madrid, en la sede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a las 12 horas.
De esta forma, Cantabria da cumplimiento a la Ley nacional que obliga a que sea un órgano independiente quien resuelva las reclamaciones de los ciudadanos en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial.
Esta reclamación, una de las principales novedades que aporta la Ley de Transparencia, tiene carácter potestativo y es previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa.
La Consejería de Presidencia continúa así con las acciones tendentes al cumplimiento de la Ley de Transparencia de ámbito nacional.
El pasado mes de diciembre remodeló el Portal de Transparencia, incluido en la página web del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.,es), o a través de la dirección ‘transparencia.cantabria.es'. Este nuevo portal está adaptado a las recomendaciones del organismo Transparencia Internacional y a las exigencias de la Ley estatal.
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