La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha defendido hoy que en la reforma de la Constitución Española, "que llegará más pronto que tarde", se incluya el derecho a la salud como un derecho fundamental "para que ningún Gobierno pueda quebrarlo, como ha pasado con el Gobierno del PP".
Díaz Tezanos ha hecho estas declaraciones minutos antes de presidir la constitución de la Comisión de Seguimiento de la Inclusión Sanitaria, un órgano que se encarga de evaluar el cumplimiento de la Orden de 7 de agosto que el actual Ejecutivo aprobó para que "los residentes en Cantabria recuperaran la tarjeta sanitaria", según ha recordado la vicepresidenta. Esa norma partía de una concepción de la salud como un derecho de la ciudadanía.
Además, ha explicado que esta normativa autonómica se elaboró para cumplir un compromiso del Gobierno de Cantabria y para dar una "solución temporal", pero ha destacado que "la solución definitiva llegará cuando se derogue el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy".
La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha precisado que la Orden prevé que esta Comisión se celebre dos veces al año y ha explicado que se constituye precisamente al cumplir los seis meses desde la entrada en vigor de la normativa cántabra.
La Comisión mixta cuenta con representación de la Administración sanitaria y de las organizaciones sociales más representativas en defensa del derecho al acceso a la atención sanitaria universal.
Además de la vicepresidenta y de la consejera de Sanidad en la reunión constitutiva de esta comisión mixta han estado presentes la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria, María Antonia Mora; el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez; y María Luisa Tato y Beatriz Monasterio, responsables de tarjeta sanitaria en el SCS.
Por parte de las entidades más representativas en defensa del derecho al acceso a la atención sanitaria forma parte de la comisión mixta Loreto Novoa, coordinadora de área de Cáritas; José Antonio Sánchez, coordinador de la Plataforma contra la Exclusión Sanitaria; Ana Pombo, coordinadora de la asesoría jurídica de Cantabria Acoge; y Sandra García, responsable de inmigrantes y refugiados de Cruz Roja.
Como principales novedades de esta Orden, se modifican los requisitos de acceso al Sistema Sanitario Público de Cantabria, reduciendo el plazo mínimo de empadronamiento y eliminando el requisito relativo a los recursos económicos, circunstancia esta última que refuerza la idea de universalidad y que permitirá agilizar la tramitación de las solicitudes.
Asimismo, se reduce el plazo máximo para resolver y se otorga expresamente carácter positivo al silencio administrativo. Igualmente, se amplia a dos años el plazo de validez de la inclusión en el Sistema Sanitario Público de Cantabria frente al año establecido en la normativa anterior.
Díaz Tezanos ha hecho estas declaraciones minutos antes de presidir la constitución de la Comisión de Seguimiento de la Inclusión Sanitaria, un órgano que se encarga de evaluar el cumplimiento de la Orden de 7 de agosto que el actual Ejecutivo aprobó para que "los residentes en Cantabria recuperaran la tarjeta sanitaria", según ha recordado la vicepresidenta. Esa norma partía de una concepción de la salud como un derecho de la ciudadanía.
Además, ha explicado que esta normativa autonómica se elaboró para cumplir un compromiso del Gobierno de Cantabria y para dar una "solución temporal", pero ha destacado que "la solución definitiva llegará cuando se derogue el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy".
La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha precisado que la Orden prevé que esta Comisión se celebre dos veces al año y ha explicado que se constituye precisamente al cumplir los seis meses desde la entrada en vigor de la normativa cántabra.
La Comisión mixta cuenta con representación de la Administración sanitaria y de las organizaciones sociales más representativas en defensa del derecho al acceso a la atención sanitaria universal.
Además de la vicepresidenta y de la consejera de Sanidad en la reunión constitutiva de esta comisión mixta han estado presentes la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria, María Antonia Mora; el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez; y María Luisa Tato y Beatriz Monasterio, responsables de tarjeta sanitaria en el SCS.
Por parte de las entidades más representativas en defensa del derecho al acceso a la atención sanitaria forma parte de la comisión mixta Loreto Novoa, coordinadora de área de Cáritas; José Antonio Sánchez, coordinador de la Plataforma contra la Exclusión Sanitaria; Ana Pombo, coordinadora de la asesoría jurídica de Cantabria Acoge; y Sandra García, responsable de inmigrantes y refugiados de Cruz Roja.
Como principales novedades de esta Orden, se modifican los requisitos de acceso al Sistema Sanitario Público de Cantabria, reduciendo el plazo mínimo de empadronamiento y eliminando el requisito relativo a los recursos económicos, circunstancia esta última que refuerza la idea de universalidad y que permitirá agilizar la tramitación de las solicitudes.
Asimismo, se reduce el plazo máximo para resolver y se otorga expresamente carácter positivo al silencio administrativo. Igualmente, se amplia a dos años el plazo de validez de la inclusión en el Sistema Sanitario Público de Cantabria frente al año establecido en la normativa anterior.
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