Ribamontán
al Mar, Santa Cruz de Bezana, Cabezón de la Sal, Ruesga, Bareyo,
Meruelo, Piélagos y Argoños son algunos de los municipios cántabros que a
lo largo de esta legislatura verán aprobados sus planes generales de
ordenación urbana, al "estar ya en el trámite ambiental y solo
pendientes de la aprobación provisional para después pasar a la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su aprobación
definitiva".
Así
lo ha avanzado hoy el jefe de servicio de la Dirección General de
Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José Emilio Misas Martínez, durante
su participación en el encuentro 'Las dificultades de elaboración de
los planes generales de ordenación urbana', celebrado en la Casa de
Cultura de Torrelavega. Una actividad enmarcada en la programación
cultural paralela a los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.
Misas puso en evidencia las "muchas dificultades" a las que se tienen que enfrentar los ayuntamientos a la hora de revisar sus planeamientos urbanísticos, debido principalmente a la "cantidad de legislación sectorial que interviene en el plan general, el tiempo que se tarda por parte de los distintos organismos en emitir los distintos informes, y el hecho de que como consecuencia de la demora de años en la tramitación de dichos informes, cambian las leyes y hacen falta otros nuevos, lo que deriva muchas veces en que se anule el plan", explicó.
Una situación que se está tratando cambiar, tanto desde la administración central como la autonómica, para que cualquier fallo en la tramitación "no obligue a volver a la casilla de salida, sino que permita retrotraerse al punto donde estuvo el fallo". Así, este técnico explicó que el Gobierno del Estado está intentando sacar adelante un proyecto de ley para que la anulación de los planes no conlleve la nulidad absoluta, sino solo retrotraer las actuaciones para incorporar el informe que sea necesario". Una línea en la que también se está trabajando en Cantabria "con la reforma de la ley del suelo", dijo.
José Emilio Misas fue el encargado de abrir el encuentro sobre urbanismo celebrado hoy en Torrelavega, inaugurado por el alcalde de la capital del Besaya, Javier López Estrada, quien agradeció a la Universidad de Cantabria los distintos actos organizados este curso en la sede de los Cursos de verano, y apuntó que tras el "reto" de la pasada legislatura de avanzar en la aprobación de la revisión del PGOU, "ahora nos toca a la nueva corporación continuar con ese trabajo y finalizarlo con la aprobación definitiva", dijo.
Precisamente en esta misma línea fue la segunda de las ponencias programadas en este encuentro, que corrió a cargo del concejal de Urbanismo de Torrelavega en la legislatura 2015/2019, José Otto Oyarbide, para quien si bien es "normal" que una tramitación de esta envergadura lleve su tiempo, sí reconoció que en el caso de Torrelavega "quizás se haya retrasado por aspectos más políticos que legales, porque ha habido cambios de equipos de Gobierno e incluso de equipo redactor", recordó.
Misas puso en evidencia las "muchas dificultades" a las que se tienen que enfrentar los ayuntamientos a la hora de revisar sus planeamientos urbanísticos, debido principalmente a la "cantidad de legislación sectorial que interviene en el plan general, el tiempo que se tarda por parte de los distintos organismos en emitir los distintos informes, y el hecho de que como consecuencia de la demora de años en la tramitación de dichos informes, cambian las leyes y hacen falta otros nuevos, lo que deriva muchas veces en que se anule el plan", explicó.
Una situación que se está tratando cambiar, tanto desde la administración central como la autonómica, para que cualquier fallo en la tramitación "no obligue a volver a la casilla de salida, sino que permita retrotraerse al punto donde estuvo el fallo". Así, este técnico explicó que el Gobierno del Estado está intentando sacar adelante un proyecto de ley para que la anulación de los planes no conlleve la nulidad absoluta, sino solo retrotraer las actuaciones para incorporar el informe que sea necesario". Una línea en la que también se está trabajando en Cantabria "con la reforma de la ley del suelo", dijo.
José Emilio Misas fue el encargado de abrir el encuentro sobre urbanismo celebrado hoy en Torrelavega, inaugurado por el alcalde de la capital del Besaya, Javier López Estrada, quien agradeció a la Universidad de Cantabria los distintos actos organizados este curso en la sede de los Cursos de verano, y apuntó que tras el "reto" de la pasada legislatura de avanzar en la aprobación de la revisión del PGOU, "ahora nos toca a la nueva corporación continuar con ese trabajo y finalizarlo con la aprobación definitiva", dijo.
Precisamente en esta misma línea fue la segunda de las ponencias programadas en este encuentro, que corrió a cargo del concejal de Urbanismo de Torrelavega en la legislatura 2015/2019, José Otto Oyarbide, para quien si bien es "normal" que una tramitación de esta envergadura lleve su tiempo, sí reconoció que en el caso de Torrelavega "quizás se haya retrasado por aspectos más políticos que legales, porque ha habido cambios de equipos de Gobierno e incluso de equipo redactor", recordó.
No
obstante, se mostró confiado en que, a partir de ahora, "si se está
encima y se hace trabajo permanente y continuo, puede ir rápido", dijo.
"En Torrelavega queda trabajo por hacer pero los cimientos están puestos
tras la aprobación inicial del plan general, que era el hito que se
estaba buscando desde hace 15 años", concluyó. Finalmente,
el encargado de cerrar el turno de ponencias en este encuentro fue Juan
Manuel Alegre Ávila, catedrático de Derecho Administrativo de la UC,
quien no dudó en calificar de "catástrofe" la situación a la que se
enfrentan los ayuntamientos cuando se les anula el plan general, "aunque
hay un límite: los actos administrativos de aplicación firme, de forma
que si se anula un plan general, parcial o especial, no se anulan las
licencias dictadas en base a ese plan, por un principio de seguridad
jurídica", explicó.
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