“El objetivo de la nueva redacción de la ordenanza es simplificar y facilitar los trámites para los vecinos y desde el grupo municipal popular creemos que es necesario introducir algunos cambios en su defensa para que les sea más sencillo cumplir con los trámites administrativos”, explicó Eva Arranz, portavoz del grupo.
De esta forma, y gracias al trabajo del PP –único grupo que propuso modificaciones al documento, cuya aprobación inicial se debatió el miércoles en el Pleno- el texto podrá incluir desde sus inicios algunas de las mejoras solicitadas por el grupo “ya que no modifican el sentido de la ordenanza y pueden ser asumibles al tener como único objetivo favorecer a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento”.
La portavoz del PP, Eva Arranz detalló algunas de las modificaciones que plantean, como por ejemplo las relativas al artículo 8 para que el Ayuntamiento requiera al vecino cuanto necesite presentar una documentación en una solicitud incompleta “para evitar que se archive el procedimiento si, tal y como se establece en la ordenanza, no subsana el error en un plazo de 10 días”.
“Queremos evitar que los ciudadanos pierdan un derecho o una subvención si les falta algún documento porque no les haya dado tiempo o por desconocimiento”, precisa la concejala.
En este mismo sentido, el grupo municipal popular solicita que se amplíe el plazo de 10 días para las alegaciones, que contempla el artículo 10, ya que consideran que es “poco tiempo” para reunir documentación, a veces de otras administraciones y entidades.
En cuanto a las compensaciones tributarias, el PP quiere que se incluya en el artículo 21 del texto que el salario mínimo es inembargable, tal y como lo establece la legislación vigente, y que además se incluya que no se pueden utilizar para este fin las ayudas de primera necesidad o las becas al estudio.
Asimismo, el grupo popular pide que en el artículo 23 se establezca que en el mismo momento que un vecino solicite compensar la deuda con algún ingreso se dejen de aplicar los intereses “ya que puede suceder que se retrase la tramitación y tenga que seguir pagándolos por causa de la administración”.
En cuanto a las garantías de los aplazamientos de las deudas, incluidas en el artículo 29, el PP considera que son excesivas y por ello cree que se debe incrementar hasta 30.000 euros la cantidad para pedir un aval, “ya que los 3.000 actuales es una cantidad muy pequeña para exigirlo”, recordando que los avales bancarios tienen un coste importante para el solicitante que en muchos casos no puede asumir. En este mismo sentido tampoco cree necesario pedir que se aporten dos denegaciones de avales para poder presentar otro tipo de garantía y también propone que se reduzca el plazo establecido de seis meses para la resolución de la alcaldesa.
Por último, en el artículo 53 el grupo popular solicita que se incluya en el texto de la ordenanza que se publiquen en la web los trámites de las subastas.
“Nuestro único objetivo es reducir los inconvenientes y las barreras administrativas que puedan frenar los derechos de los ciudadanos y favorecer y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, concluyó Eva Arranz, tras pedir a la Corporación municipal dejar sobre la mesa este punto incluido en el orden del día del último Pleno, cuestión que fue aceptada con los votos a favor del PP, AVIP y el edil no adscrito Juan Carlos Martín Delgado y la abstención del resto de concejales.
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