Durante esta semana, CCOO está enviando escritos a los miles de alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por el cierre de los Registros Civiles previsto en la Ley 20/2011, recabando su apoyo a las acciones que el sindicato viene desarrollando durante los últimos años en defensa de un Registro Civil totalmente público, gratuito, atendido por personal de la Administración de Justicia y con el mantenimiento de todas las oficinas principales y delegadas existentes en la actualidad en las cabeceras de todos los partidos judiciales y en todos los Juzgados de Paz. En Cantabria, estarían afectados todos los municipios de la región a excepción de la capital, Santander.
En los escritos enviados, CCOO informa a alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados que para el próximo día 30 de junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil en la que uno de los efectos más perniciosos para el servicio público y para la ciudadanía es el cierre masivo de las oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones y que los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones que conforman la historia de esos municipios desde 1871 serán llevados fuera de su localidad.
Si no se modifica en las Cortes dicha Ley antes de su entrada en vigor, a partir del 30 de junio, los vecinos y las vecinas de esos municipios se verán privados de la atención directa en este servicio quedando obligados, bien a hacer las gestiones por vía telemática, bien a recabar los servicios de una gestoría o despacho de abogados/as o bien a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una gran ciudad más o menos lejana de su domicilio.
Para CCOO la supresión de este servicio público en las pequeñas localidades supone, además, una nueva discriminación hacia la denominada “España vaciada”.
Frente a la situación actual de oficinas principales y delegadas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz, la redacción actual de la Ley 20/2011 del Registro Civil solo contempla el mantenimiento de unas pocas oficinas del registro civil, recogiendo que “en cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil y que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes”. Dispone también la Ley que “excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma” y que “en atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley”.
Dicho de otro modo, la entrada en vigor de esta ley con su redacción actual supondrá el cierre de miles y miles de registros civiles en toda España, reduciéndose las más de 7.500 oficinas de las actualidad a poco más de un centenar, en el mejor de los casos.
En los escritos enviados, CCOO informa a alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados que para el próximo día 30 de junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil en la que uno de los efectos más perniciosos para el servicio público y para la ciudadanía es el cierre masivo de las oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones y que los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones que conforman la historia de esos municipios desde 1871 serán llevados fuera de su localidad.
Si no se modifica en las Cortes dicha Ley antes de su entrada en vigor, a partir del 30 de junio, los vecinos y las vecinas de esos municipios se verán privados de la atención directa en este servicio quedando obligados, bien a hacer las gestiones por vía telemática, bien a recabar los servicios de una gestoría o despacho de abogados/as o bien a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una gran ciudad más o menos lejana de su domicilio.
Para CCOO la supresión de este servicio público en las pequeñas localidades supone, además, una nueva discriminación hacia la denominada “España vaciada”.
Frente a la situación actual de oficinas principales y delegadas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz, la redacción actual de la Ley 20/2011 del Registro Civil solo contempla el mantenimiento de unas pocas oficinas del registro civil, recogiendo que “en cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil y que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes”. Dispone también la Ley que “excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma” y que “en atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley”.
Dicho de otro modo, la entrada en vigor de esta ley con su redacción actual supondrá el cierre de miles y miles de registros civiles en toda España, reduciéndose las más de 7.500 oficinas de las actualidad a poco más de un centenar, en el mejor de los casos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario