El Partido Popular preguntará en el próximo pleno del Parlamento, del lunes 28 de octubre, por los criterios del Gobierno de Cantabria para atender las reivindicaciones que está realizando el personal laboral subalterno que presta sus servicios en los centros educativos de la región.
La diputada y portavoz de Función Pública del Grupo Popular, Isabel Urrutia, ha recordado que los conserjes de los centros educativos llevan más de un año reivindicando de la administración educativa que acabe con la marginación laboral y salarial que consideran que están sufriendo y pidiendo al Gobierno de Cantabria “diálogo, escucha y acuerdo”.
Urrutia ha recordado que, de hecho, en marzo de este año ya se preguntó en el pleno del Parlamento por las medidas a corto, medio y largo plazo que iba a acometer el Ejecutivo ante estas reivindicaciones, dado que el presidente Miguel Ángel Revilla ni contestaba a estos trabajadores del Gobierno. “De los compromisos de Francisco Fernández Mañanes, entonces consejero de Educación por el PSOE, no se ha cumplido ni uno solo, y no hay ningún compromiso actual a estas alturas, en las que ya hay un borrador de presupuestos”, ha dicho Urrutia.
La parlamentaria del PP ha dicho que en esta nueva legislatura y puesto que ya no es el PSOE quien dirige la Educación en la comunidad autónoma, se hace necesario conocer cuáles son los compromisos del actual Gobierno y del PRC en este área que está gestionando por primera vez en su historia. “Quien dijo lo que iba a hacer no está y la Educación ya no está en esta región en manos del Partido Socialista sino que ahora es el PRC quién dirige el presente y futuro de nuestra sistema educativo en Cantabria. Si antes Miguel Ángel Revilla ni contestaba a los subalternos ¿seguirá su estela la consejera Marina Lombó, también del PRC, metiendo sus reivindicaciones en un cajón?”, ha preguntado Urrutia.
La portavoz de Función Pública de los populares ha señalado que los conserjes son los únicos trabajadores del Gobierno de Cantabria que no han recibido ni una sola mejora económica en los últimos 30 años, quedando en una situación económica marginal pues su salario apenas llegar a 900 euros mensuales.
Y ha recordado que entre sus reclamaciones está el reconocimiento del horario y la labor que hacen a través de la especial dedicación; el reconocimiento de la disponibilidad horaria, pues hacen guardias localizables ante la falta de un compañero o tienen que realizar una sustitución; que les sea asignado el Complemento Singular de Puesto pues la función en los centros abarca multitud de tareas singulares, desde el mantenimiento al control del alumnado, pasando por reprografía, etc; y, ante todo, piden deshacer el agravio comparativo del VIII convenio colectivo, y ubicarles en el grupo y nivel que les pertenece, como sucedió con otros compañeros.
Urrutia ha señalado finalmente que la Junta de Personal Docente hizo también un llamamiento a la Administración para que negocie y pacte una solución adecuada a la problemática de este colectivo, porque, además de la justicia de sus reivindicaciones, decía la junta en su escrito, “estamos convencidos de que dar satisfacción a lo que están demandando implicará un mejor servicio y una mejora en la calidad de nuestra enseñanza pública”.
La diputada y portavoz de Función Pública del Grupo Popular, Isabel Urrutia, ha recordado que los conserjes de los centros educativos llevan más de un año reivindicando de la administración educativa que acabe con la marginación laboral y salarial que consideran que están sufriendo y pidiendo al Gobierno de Cantabria “diálogo, escucha y acuerdo”.
Urrutia ha recordado que, de hecho, en marzo de este año ya se preguntó en el pleno del Parlamento por las medidas a corto, medio y largo plazo que iba a acometer el Ejecutivo ante estas reivindicaciones, dado que el presidente Miguel Ángel Revilla ni contestaba a estos trabajadores del Gobierno. “De los compromisos de Francisco Fernández Mañanes, entonces consejero de Educación por el PSOE, no se ha cumplido ni uno solo, y no hay ningún compromiso actual a estas alturas, en las que ya hay un borrador de presupuestos”, ha dicho Urrutia.
La parlamentaria del PP ha dicho que en esta nueva legislatura y puesto que ya no es el PSOE quien dirige la Educación en la comunidad autónoma, se hace necesario conocer cuáles son los compromisos del actual Gobierno y del PRC en este área que está gestionando por primera vez en su historia. “Quien dijo lo que iba a hacer no está y la Educación ya no está en esta región en manos del Partido Socialista sino que ahora es el PRC quién dirige el presente y futuro de nuestra sistema educativo en Cantabria. Si antes Miguel Ángel Revilla ni contestaba a los subalternos ¿seguirá su estela la consejera Marina Lombó, también del PRC, metiendo sus reivindicaciones en un cajón?”, ha preguntado Urrutia.
La portavoz de Función Pública de los populares ha señalado que los conserjes son los únicos trabajadores del Gobierno de Cantabria que no han recibido ni una sola mejora económica en los últimos 30 años, quedando en una situación económica marginal pues su salario apenas llegar a 900 euros mensuales.
Y ha recordado que entre sus reclamaciones está el reconocimiento del horario y la labor que hacen a través de la especial dedicación; el reconocimiento de la disponibilidad horaria, pues hacen guardias localizables ante la falta de un compañero o tienen que realizar una sustitución; que les sea asignado el Complemento Singular de Puesto pues la función en los centros abarca multitud de tareas singulares, desde el mantenimiento al control del alumnado, pasando por reprografía, etc; y, ante todo, piden deshacer el agravio comparativo del VIII convenio colectivo, y ubicarles en el grupo y nivel que les pertenece, como sucedió con otros compañeros.
Urrutia ha señalado finalmente que la Junta de Personal Docente hizo también un llamamiento a la Administración para que negocie y pacte una solución adecuada a la problemática de este colectivo, porque, además de la justicia de sus reivindicaciones, decía la junta en su escrito, “estamos convencidos de que dar satisfacción a lo que están demandando implicará un mejor servicio y una mejora en la calidad de nuestra enseñanza pública”.
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