El sindicato UGT ha propuesto al consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, un acuerdo transversal para todas las licitaciones de servicios públicos de las diferentes consejerías del Ejecutivo autónomo, que incluiría una serie de cláusulas laborales, sociales y medioambientales de obligado cumplimiento para las empresas adjudicatarias, entre ellas el cumplimiento de los costes laborales estipulados en los convenios colectivos de las actividades profesionales licitadas.
En una reunión del titular de la Consejería de Presidencia y una delegación de UGT, integrada por representantes de las federaciones de Servicios para la Movilidad y el Consumo (FeSMC) y la de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), el sindicato ya ha planteado incluir estas cláusulas de obligado cumplimiento para las empresas adjudicatarias y un comité de seguimiento de las mismas en la inminente licitación de los servicios de control y vigilancia de las dependencias del Gobierno de Cantabria, que afecta a más de un centenar de vigilantes de seguridad.
En relación a este inminente concurso de licitación de los servicios de vigilancia en las sedes del Gobierno de Cantabria, UGT también propuso que “las adjudicaciones no colisionen con las funciones y los legítimos derechos” de los agentes de seguridad del Ejecutivo autónomo.
En la reunión, UGT aclaró a De la Sierra su intención de trasladar estas propuestas a la negociación de la Concertación Social “para acabar de una vez por todas con servicios públicos encomendados a empresas privadas donde se incumplen las más mínimas condiciones salariales y laborales de los trabajadores que los realizan porque los presupuestos ofertados están muy por debajo de los precios del mercado de licitación con sus correspondientes costes”.
El sindicato reitera su propuesta de “un acuerdo general para todas las consejerías” que cumpla las disposiciones del convenio colectivo y el establecimiento de un límite de los precios ofertados por la empresa en la valoración final de la adjudicación “que en todo caso no debería suponer el 60% de la propia adjudicación”.
Según precisaron los representantes de UGT que asistieron a la reunión con De la Sierra, “no es aceptable que cerca del 90% de la valoración para conceder o no la adjudicación del servicio a una empresa dependa del presupuesto que ésta oferte, aunque sea muy a la baja y temerario porque con él no se cubrirán los costes mínimos”.
Freno a la externalización de servicios públicos
Además, la delegación de UGT trasladó al consejero de Presidencia la necesidad de “frenar las externalizaciones de servicios públicos y revertirlas para la gestión pública porque esta figura está suponiendo en realidad una privatización silenciosa”.
Por ello, el sindicato planteó igualmente “una limitación a mínimos de las encomiendas de servicios y las asistencias técnicas de la Administración y una vigilancia exhaustiva para evitar que todas estas figuras se conviertan en un coladero a la función pública”.
En una reunión del titular de la Consejería de Presidencia y una delegación de UGT, integrada por representantes de las federaciones de Servicios para la Movilidad y el Consumo (FeSMC) y la de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), el sindicato ya ha planteado incluir estas cláusulas de obligado cumplimiento para las empresas adjudicatarias y un comité de seguimiento de las mismas en la inminente licitación de los servicios de control y vigilancia de las dependencias del Gobierno de Cantabria, que afecta a más de un centenar de vigilantes de seguridad.
En relación a este inminente concurso de licitación de los servicios de vigilancia en las sedes del Gobierno de Cantabria, UGT también propuso que “las adjudicaciones no colisionen con las funciones y los legítimos derechos” de los agentes de seguridad del Ejecutivo autónomo.
En la reunión, UGT aclaró a De la Sierra su intención de trasladar estas propuestas a la negociación de la Concertación Social “para acabar de una vez por todas con servicios públicos encomendados a empresas privadas donde se incumplen las más mínimas condiciones salariales y laborales de los trabajadores que los realizan porque los presupuestos ofertados están muy por debajo de los precios del mercado de licitación con sus correspondientes costes”.
El sindicato reitera su propuesta de “un acuerdo general para todas las consejerías” que cumpla las disposiciones del convenio colectivo y el establecimiento de un límite de los precios ofertados por la empresa en la valoración final de la adjudicación “que en todo caso no debería suponer el 60% de la propia adjudicación”.
Según precisaron los representantes de UGT que asistieron a la reunión con De la Sierra, “no es aceptable que cerca del 90% de la valoración para conceder o no la adjudicación del servicio a una empresa dependa del presupuesto que ésta oferte, aunque sea muy a la baja y temerario porque con él no se cubrirán los costes mínimos”.
Freno a la externalización de servicios públicos
Además, la delegación de UGT trasladó al consejero de Presidencia la necesidad de “frenar las externalizaciones de servicios públicos y revertirlas para la gestión pública porque esta figura está suponiendo en realidad una privatización silenciosa”.
Por ello, el sindicato planteó igualmente “una limitación a mínimos de las encomiendas de servicios y las asistencias técnicas de la Administración y una vigilancia exhaustiva para evitar que todas estas figuras se conviertan en un coladero a la función pública”.
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