La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha propuesto al Ministerio de Justicia retomar una actividad "mínima" en los juzgados y tribunales, con el fin de hacer frente "cuanto antes" al incremento de los procedimientos cuando se levante el estado de alarma y se reanude la actividad judicial.
En concreto, ha solicitado que los juzgados puedan reanudar aquellos procedimientos judiciales que no precisen de vistas públicas y, además, dar salida a las notificaciones judiciales pendientes, sin que con ello se reactiven los plazos procesales, que continuarían suspendidos, ni suponga un incremento del personal presencial destinado a los juzgados y tribunales.
Según ha defendido Fernández Viaña, esta actividad "mínima" con las medidas de prevención y limpieza previstas facilitará "cierta flexibilidad" y "liberaría la acumulación de centenares de comunicaciones" que quedaron pendientes antes de que se declarase el estado de alarma.
Este ha sido el principal asunto que ha abordado hoy la consejera de Justicia de Cantabria con el ministro del área, Juan Carlos Campo, en una videoconferencia celebrada en el marco del mando único que ejerce el Estado durante la emergencia sanitaria del coronavirus para coordinar a las autonomías en esta materia.
Durante la tercera reunión del órgano, el Gobierno regional ha expresado también su satisfacción por que el Ministerio de Justicia respalde a Cantabria y haya podido reducir la presencia de los funcionarios en los juzgados y tribunales de la región, con el fin de priorizar los esfuerzos en la gestión de la crisis sanitaria y minimizar los riesgos entre el personal público.
La consejera de Justicia ha explicado que ahora acuden diariamente a las sedes judiciales un 7,3 por ciento de la plantilla (51 funcionarios), 37 permanecen de guardia, en caso de necesidad, y otro grupo se mantiene de provisión adicional, hasta completar los servicios esenciales en este servicio público
Con esta organización, ha opinado, Cantabria "garantiza la prestación de los servicios esenciales y básicos" de la justicia y, al mismo tiempo, se minimizan los riesgos entre el personal público.
Respecto a la protección del personal de justicia, ha agradecido al Ministerio la primera dotación de material recibida, pero ha pedido que se siga incrementando. En este punto, la Administración del Estado ha informado que ha ultimado una nueva compra de equipos de protección para reforzar este aspecto.
Por último, Fernández Viaña ha valorado la colaboración de todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia. A su juicio, su trabajo y aportaciones serán "fundamentales" en el futuro para implantar las medidas necesarias que reduzcan el impacto de la emergencia sanitaria en la Administración de Justicia.
En concreto, ha solicitado que los juzgados puedan reanudar aquellos procedimientos judiciales que no precisen de vistas públicas y, además, dar salida a las notificaciones judiciales pendientes, sin que con ello se reactiven los plazos procesales, que continuarían suspendidos, ni suponga un incremento del personal presencial destinado a los juzgados y tribunales.
Según ha defendido Fernández Viaña, esta actividad "mínima" con las medidas de prevención y limpieza previstas facilitará "cierta flexibilidad" y "liberaría la acumulación de centenares de comunicaciones" que quedaron pendientes antes de que se declarase el estado de alarma.
Este ha sido el principal asunto que ha abordado hoy la consejera de Justicia de Cantabria con el ministro del área, Juan Carlos Campo, en una videoconferencia celebrada en el marco del mando único que ejerce el Estado durante la emergencia sanitaria del coronavirus para coordinar a las autonomías en esta materia.
Durante la tercera reunión del órgano, el Gobierno regional ha expresado también su satisfacción por que el Ministerio de Justicia respalde a Cantabria y haya podido reducir la presencia de los funcionarios en los juzgados y tribunales de la región, con el fin de priorizar los esfuerzos en la gestión de la crisis sanitaria y minimizar los riesgos entre el personal público.
La consejera de Justicia ha explicado que ahora acuden diariamente a las sedes judiciales un 7,3 por ciento de la plantilla (51 funcionarios), 37 permanecen de guardia, en caso de necesidad, y otro grupo se mantiene de provisión adicional, hasta completar los servicios esenciales en este servicio público
Con esta organización, ha opinado, Cantabria "garantiza la prestación de los servicios esenciales y básicos" de la justicia y, al mismo tiempo, se minimizan los riesgos entre el personal público.
Respecto a la protección del personal de justicia, ha agradecido al Ministerio la primera dotación de material recibida, pero ha pedido que se siga incrementando. En este punto, la Administración del Estado ha informado que ha ultimado una nueva compra de equipos de protección para reforzar este aspecto.
Por último, Fernández Viaña ha valorado la colaboración de todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia. A su juicio, su trabajo y aportaciones serán "fundamentales" en el futuro para implantar las medidas necesarias que reduzcan el impacto de la emergencia sanitaria en la Administración de Justicia.
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