El grupo político Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha anunciado hoy, en rueda prensa, que su grupo vas a recurrir la resolución sobre las Viviendas de Protección Oficial construidas en Campuzano, a la vista de que les han dado la razón en una de las tres alegaciones que presentaron por escrito el pasado día 13 de febrero, en concreto la referida a que la convocatoria se había abierto a personas de toda Cantabria en vez de limitarlo a Torrelavega como dictaba el convenio. Sin embargo, en las informaciones aparecidas, la comisión no hace mención a ninguna de las otras dos alegaciones que presentaron, tanto la referente a la edad como a los ingresos.
Así lo ha denunciado esta mañana uno de los ediles de esta formación, Iván Martínez, quien ha indicado que el convenio marcaba que las viviendas se destinarían a "familias con escasos recursos" y no hacía referencia a la necesidad de contar con unos ingresos mínimos, y sin embargo la convocatoria se abrió para jóvenes de entre 18 y 35 años y se impuso la necesidad de tener unos ingresos mínimos de 11.279 euros anuales (1,5 veces el IPREM) y unos ingresos máximos de 22.558 euros.
Ante esta situación, la ACPT no entiende que el Gobierno de Cantabria continúe con el proceso como si nada hubiese ocurrido y no lo haya anulado para abrir uno nuevo con los criterios que defienden, y que en parte han aceptado, ya que la situación después de esa reunión es otra distinta.
Desde ACPT todavía están esperando a que el alcalde de Torrelavega dé explicaciones públicas sobre todo este asunto. En el último pleno preguntaron al respecto y evitó dar cualquier tipo de explicaciones cuando ya era conocedor de esta decisión.
"Su deber es velar por los intereses de la ciudad y de sus vecinos y vecinas por encima de siglas políticas y jefes de Santander, algo que, como viene siendo habitual, no ha hecho en esta ocasión. Ha vuelto a anteponer los intereses del Gobierno de Cantabria a las cerca de dos mil familias que están demandando una vivienda social en Torrelavega".
Para Martínez, "la razón de no aceptar la anulación del requisito de edad se debe a que el Gobierno de Cantabria no tenga que devolver la subvención recibida de medio millón de euros del Gobierno de España para viviendas de emancipación juvenil".
Por último, Martínez pide al Presidente de Cantabria que cumpla su promesa de adquirir las 78 viviendas que el SAREB tiene en Ganzo. "Han pasado un año y trece días desde que adquirió este compromiso de forma pública con Torrelavega y la ACPT, junto a las 1891 familias anteriormente mencionadas, seguimos a la espera de que cumpla".

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