El Comité Regional de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos celebrado en la sede del sindicato en Camargo, ha aprobado una resolución en la que reclama que "el Estado de Bienestar sea un contrato social comprometido entre las instituciones y los ciudadanos, que garantice derechos sociales de cobertura universal a través de políticas y programas de carácter redistributivo".
La resolución aprobada por el máximo órgano entre congresos de los jubilados y pensionistas de UGT critica que "actualmente se han aplicado políticas antisociales que han recortado derechos y servicios, que han implantado en el sistema de salud tasas injustas, que han puesto en riesgo el sistema público de pensiones y han precarizado el mercado laboral".
Para los jubilados y pensionistas de UGT es obligado un contrato social basado en reducir las desigualdades sociales en un país donde la brecha entre ricos y pobres es superior a la media de la UE, ya que actualmente 980.000 personas han pasado a ser millonarios, mientras más de cuatro millones se encuentran en situación de exclusión social severa.
Además, la resolución asocia el contrato social a garantizar el presente y el futuro del sistema público de pensiones, crear empleos estables y con derechos, reforzar la financiación de la sanidad pública y dotar de suficientes recursos económicos tanto a la atención a la dependencia como a la Ley de la Memoria Histórica.
En relación a esta última, la resolución del Comité Regional de la UJP-UGT de Cantabria insta al Gobierno español "a asumir las recomendaciones de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU y a dotar de recursos económicos planes de búsqueda para localizar los cadáveres de las personas desaparecidas y reclamadas por sus familiares".
La resolución aprobada por el máximo órgano entre congresos de los jubilados y pensionistas de UGT critica que "actualmente se han aplicado políticas antisociales que han recortado derechos y servicios, que han implantado en el sistema de salud tasas injustas, que han puesto en riesgo el sistema público de pensiones y han precarizado el mercado laboral".
Para los jubilados y pensionistas de UGT es obligado un contrato social basado en reducir las desigualdades sociales en un país donde la brecha entre ricos y pobres es superior a la media de la UE, ya que actualmente 980.000 personas han pasado a ser millonarios, mientras más de cuatro millones se encuentran en situación de exclusión social severa.
Además, la resolución asocia el contrato social a garantizar el presente y el futuro del sistema público de pensiones, crear empleos estables y con derechos, reforzar la financiación de la sanidad pública y dotar de suficientes recursos económicos tanto a la atención a la dependencia como a la Ley de la Memoria Histórica.
En relación a esta última, la resolución del Comité Regional de la UJP-UGT de Cantabria insta al Gobierno español "a asumir las recomendaciones de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU y a dotar de recursos económicos planes de búsqueda para localizar los cadáveres de las personas desaparecidas y reclamadas por sus familiares".
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