Carmona, que clausurará mañana en Reinosa la ronda de asambleas convocada por el sindicato en la región, recalcó que “ahora les toca gobernar sin mayoría absoluta y no les quedará más remedio que reabrir el diálogo social pero está claro que para que nuestras reivindicaciones sean atendidas será más que probable que tengamos que convocar movilizaciones en toda España”.
“Se trata de que nuestros interlocutores en las negociaciones con el Gobierno, ya sea en el Pacto de Toledo o en cualquier otro foro, se vean respaldados, que el Gobierno sienta que cuentan con el apoyo mayoritario de la sociedad y de los trabajadores”, agregó Carmona, que intervino en la asamblea junto con el secretario de Organización y el de Empleo de la Ejecutiva regional del sindicato, Alfonso Gil, y Julio Ibáñez.
El responsable regional de UGT también aludió al diálogo social o concertación social de Cantabria, de la que dijo, “algunas mesas de negociación están siendo más ágiles y eficaces pero otras no tanto”, tras precisar que “el propio Gobierno regional se ha comprometido a informarnos de los Presupuestos de Cantabria de 2017 antes de aprobarlos, para que podamos hacer nuestras aportaciones”.
Sistema público de pensiones sostenible
En la asamblea, los dirigentes de UGT repasaron los principales objetivos de UGT en las negociaciones con el nuevo Gobierno español, entre los que destacó “la defensa del actual sistema público de pensiones, que el propio Gobierno está desacreditando, generando una considerable alarma social sobre su sostenibilidad económica, porque simplemente se lo quiere cargar”.
En este sentido, el secretario general de UGT en Cantabria recordó que fue el propio Gobierno español quien reformó en 2013 el funcionamiento de la caja única de las pensiones y que desde entonces “el dinero destinado para las pensiones no ha cesado de disminuir”.
Carmona aclaró que UGT ya ha propuesto distintas medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas y paliar su déficit actual de unos 17.000 millones de euros.
“Si se eliminan las bonificaciones sociales para las empresas que está demostrado no logran el objetivo de incentivar la contratación indefinida, se ahorrarían 3.700 millones de euros; si se quita el tope máximo de cotización, obtendríamos otros 7.300 millones de euros de ingresos; y si los gastos del Ministerio que gestionan las pensiones se cargaran a los Presupuestos Generales del Estado como los demás ministerios, se conseguirían otros 4.000 millones más”, matizó el secretario general de UGT en Cantabria.
“Son propuestas bien claras y con cuantías concretas que ya han sido estudiadas con detalle, que nos permitirían minimizar al máximo el déficit de la Seguridad Social”, agregó Carmona, quien insistió en que “UGT defiende que se mantenga la caja única tal y como está y que no dependa de vaivenes políticos”.
En el mismo sentido se expresó el secretario de Empleo del sindicato en Cantabria, Julio Ibáñez, quien reiteró que “además del déficit, el propio sistema, tal y como está implantado con la reforma que hizo el Gobierno y la inclusión del denominado factor de sostenibilidad, es perjudicial para los pensionistas y provocaría que en 2019 perderían entre un 15 y un 25% de su poder adquisitivo”.
“Por ahora, la actual revisión de las pensiones de un 0,25% no provoca pérdida de poder adquisitivo porque la inflación ha sido negativa pero a partir del año que viene ya se perderá poder adquisitivo”, puntualizó Ibáñez, que recordó que UGT propuso una revisión de las pensiones del IPC previsto más una cláusula de revisión pero el Gobierno vetó esta propuesta”.
Reequilibrio en la negociación colectiva
Otro de los objetivos de UGT en las negociaciones “es revertir las dos últimas reformas laborales, aunque será muy difícil que se consiga al 100%”, subrayó Carmona, tras recalcar que “de todos modos, nuestro sindicato tiene reivindicaciones en este campo que son insustituibles”.
Entre estas reivindicaciones “que defenderemos sí o sí”, el responsable regional de UGT citó “la recuperación del equilibrio en la negociación colectiva, que se vuelva a un sistema equitativo entre las dos partes de la negociación (sindicatos y empresarios) y establecer cláusulas de obligado cumplimiento porque de nada sirve firmar un acuerdo o u convenio y que luego una de las partes, los empresarios, se descuelguen de él”.
Otro de los retos que se ha marcado UGT es incrementar el salario mínimo interprofesional “que no cubre las necesidades sociales de este país” en dos fases, una primera en la que el sindicato plantea que se incremente de los 655 euros mensuales actuales a 800 euros y una segunda al final de la legislatura para fijarlo en unos 1.000 euros.
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