El grupo político Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha denunciado hoy que la ordenanza de actividades culturales acumula un retraso de dos años y que este vacio normativo pone en riesgo la supervivencia de las empresas del sector.
El concejal de ACPT, Alejandro Pérez, recuerda que el pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobó el 27 de noviembre de 2017 una moción en la que se comprometía, entre otras cuestiones, a crear en un plazo máximo de 6 meses una ordenanza de actividades culturales de base que facilite la accesibilidad en la obtención de licencias y permisos para la organización de eventos musicales en espacios privados como bares o salas, así como en espacios públicos de la ciudad.
"Nos vamos acercando a los 24 meses transcurridos desde la formulación de tan buenos propósitos y la triste realidad es que no se ha redactado ni una coma y, no ya los meses, sino los años, se han sucedido sin el más mínimo avance ni muestra de interés".
Pérez señala con toda rotundidad "que la tierra de nadie administrativa en la que se están moviendo los espacios privados, bares y salas de esta ciudad en los que durante años los conciertos estuvieron en la práctica proscritos, sigue contribuyendo a la desertificación y mutilación de las posibilidades de desarrollo de la cultura cercana, la generada desde los locales, grupos, asociaciones o colectivos locales más allá de los grandes eventos puntuales de la “ciudad de festivales”.
Y recuerda que la misma moción se comprometía a construir y/o habilitar técnicamente una sala de gestión municipal que mediante tasas de fácil acceso permitiese la realización de actividades multiculturales diversas, y que acoja una programación estable y accesible.
"Los espacios privados como bares o salas que poniendo su grano de arena para ampliar la oferta de ocio y cultural de la ciudad y que podrían al tiempo mejorar su viabilidad económica y posibilidades de supervivencia en un entorno socioeconómico tan difícil como el que llevamos años viviendo, se ven obligados a hacer acopio de valor y moverse en una inseguridad administrativa, acompañada por si fuera poco de la sombra permanente de posibles sanciones y de la imposibilidad de plantear un calendario de actividades que atraiga al público local y de nuestro entorno geográfico", finaliza.
El concejal de ACPT, Alejandro Pérez, recuerda que el pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobó el 27 de noviembre de 2017 una moción en la que se comprometía, entre otras cuestiones, a crear en un plazo máximo de 6 meses una ordenanza de actividades culturales de base que facilite la accesibilidad en la obtención de licencias y permisos para la organización de eventos musicales en espacios privados como bares o salas, así como en espacios públicos de la ciudad.
"Nos vamos acercando a los 24 meses transcurridos desde la formulación de tan buenos propósitos y la triste realidad es que no se ha redactado ni una coma y, no ya los meses, sino los años, se han sucedido sin el más mínimo avance ni muestra de interés".
Pérez señala con toda rotundidad "que la tierra de nadie administrativa en la que se están moviendo los espacios privados, bares y salas de esta ciudad en los que durante años los conciertos estuvieron en la práctica proscritos, sigue contribuyendo a la desertificación y mutilación de las posibilidades de desarrollo de la cultura cercana, la generada desde los locales, grupos, asociaciones o colectivos locales más allá de los grandes eventos puntuales de la “ciudad de festivales”.
Y recuerda que la misma moción se comprometía a construir y/o habilitar técnicamente una sala de gestión municipal que mediante tasas de fácil acceso permitiese la realización de actividades multiculturales diversas, y que acoja una programación estable y accesible.
"Los espacios privados como bares o salas que poniendo su grano de arena para ampliar la oferta de ocio y cultural de la ciudad y que podrían al tiempo mejorar su viabilidad económica y posibilidades de supervivencia en un entorno socioeconómico tan difícil como el que llevamos años viviendo, se ven obligados a hacer acopio de valor y moverse en una inseguridad administrativa, acompañada por si fuera poco de la sombra permanente de posibles sanciones y de la imposibilidad de plantear un calendario de actividades que atraiga al público local y de nuestro entorno geográfico", finaliza.
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