"Esta ley es un hito histórico en nuestra Comunidad Autónoma por varios motivos. En primer lugar, porque regula por ley los derechos de las personas con discapacidad ante todos lo poderes públicos y toda la sociedad, porque supone la plasmación normativa de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006 y que fue ratificada por España en 2007, y porque en la elaboración de este anteproyecto he cumplido el compromiso que asumí al comienzo de la legislatura de mantener un permanente dialogo con organizaciones sociales para ir de la mano y encontrar conjuntamente las decisiones más acertadas", ha afirmado la vicepresidenta.
Díaz Tezanos ha manifestado que "esta ley redundará en un beneficio personal y social para cada una de las personas con discapacidad, pero también para la sociedad cántabra, que se convertirá a partir de su aprobación en una sociedad más inclusiva".
Además, ha explicado que el objeto de la ley es promover la igualdad de oportunidades, eliminar y corregir toda forma de discriminación, impulsar medidas de acción positiva para garantizar la inclusión social, asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad, establecer medidas de accesibilidad, y garantizar del uso de la lengua de signos española y de las medidas de apoyo a la lengua oral para las personas con dificultades auditivas.
Para ello, se recogen medidas en el ámbito de la salud, la educación, el empleo, en la contratación pública, en protección social, y medidas para facilitar el acceso a la cultura, el turismo, el ocio y el deporte de las personas con discapacidad.
También se facilitará el acceso a la justicia, mediante un turno de oficio especializado de atención a personas con discapacidad intelectual y/o con enfermedad mental que dispongan del beneficio de justicia gratuita, y medidas en fiscalidad con bonificaciones fiscales a las personas con discapacidad y sus familias para paliar los sobrecostes ocasionados por su discapacidad.
La presidenta de CERMI ha destacado que con esta norma el Gobierno ha escuchado sus demandas, ha incorporado la mayoría de sus propuestas y otras que han ido surgiendo en las diferentes reuniones, y ha felicitado a los técnicos de la Dirección General de Política Social y de las entidades de CERMI por su trabajo.
"Hemos sido capaces de consensuar un proceso de elaboración con una metodología muy participativa y muy bien valorada por todos los que hemos colaborado", ha afirmado.
Además ha valorado el que cada vez se legisle más pensando en las personas con discapacidad desde una perspectiva trasversal, y ha considerado importante el que un órgano de participación evalúe el cumplimiento de la legislación en lo que respecta a las personas con discapacidad.
Medidas de garantía de los derechos de las personas con discapacidad
La sanidad pública cántabra promoverá programas y actuaciones específicos dirigidos a la prevención de la discapacidad, la atención temprana a los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o en riesgo de padecerlos y la detección de situaciones de maltrato de las personas con discapacidad. También promoverá y facilitará la formación del personal de Instituciones Sanitarias de Cantabria, la implantación de protocolos de comunicación de diagnósticos y tratamientos, y la implantación de protocolos de comunicación de diagnósticos y tratamientos.
En lo que se refiere a la educación, el Gobierno de Cantabria promueve, a través de este anteproyecto, la protección del derecho a la educación, garantizando el acceso a una educación inclusiva y a una atención educativa específica a las necesidades del alumnado.
Para ello, entre otras cuestiones, se garantizará el acceso del alumnado a un centro ordinario y la opción a un centro de educación especial, se aplicarán medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas para propiciar que desarrollen todas sus potencialidades, se evaluarán continuamente los logros y progresos del alumno o alumna con discapacidad, y sus familias recibirán el adecuado asesoramiento individualizado que les ayude en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
El Ejecutivo regional, a través de esta norma, además fija que uno de los objetivos prioritarios de las políticas de empleo será elevar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad y de las personas con capacidad intelectual de grado límite que no alcancen un grado de discapacidad del 33%, y en la formación para el empleo promoverá que las empresas dispongan la creación de becas de prácticas para personas con discapacidad.
Además, en lo que se refiere al empleo público, la administración autonómica promoverá cuotas de reserva para personas con discapacidad, reserva de empleo, estableciendo convocatorias y pruebas específicas para las personas con discapacidad en función de los recursos disponibles, y las medidas necesarias para alcanzar en su plantilla de personal y en el de sus empresas públicas, el porcentaje de personas con discapacidad determinado por el Estado sobre el total de personas trabajadoras.
En la contratación pública se incorporarán cláusulas sociales que otorguen preferencia a las empresas que establezcan mejoras de contratación de personas con discapacidad, y contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción con al menos el 70% de personas empleadas con discapacidad.
Derechos de las personas con discapacidad
Además, el texto garantiza el derecho a la autonomía personal, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho de acceso a la salud, educación, empleo, servicios sociales, en condiciones apropiadas, y el derecho a acceder a los equipamientos, asistencia y servicios de soporte necesarios, basados en la promoción y desarrollo de capacidades.
En el catálogo de derechos que recoge la norma también se incluye el derecho a una atención especializada desde el diagnóstico preciso y precoz, el derecho a los servicios de habilitación y rehabilitación para alcanzar la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la vida, a la edad más temprana posible, el derecho a que las intervenciones terapéuticas y la atención en los ámbitos sanitario, educativo y social, se desarrollen de la forma menos restrictiva posible, y el derecho a participar en la gestión de los servicios existentes destinados a su bienestar.
Las personas con discapacidad también tendrán derecho a la participación y a la inclusión plena y efectiva de la sociedad, y se reconoce el derecho a que las organizaciones de personas con discapacidad sean consultadas en todo momento.
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