El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la resolución de la orden de ayudas, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, para financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). El importe total asciende a 64.022, 45 euros y nueve Ayuntamientos han resultado beneficiarios de la subvención.
En concreto, los municipios que recibirán ayudas son: Escalante (12.500 euros), Cieza (10.354,50 euros), San Felices de Buelna (8.865 euros), Molledo (8.570,10 euros), Arnuero (6.243,75 euros), Polanco (5.437,50 euros), Campoo de Enmedio (4.791,60 euros) y Herrerías y Argoños, con 3.630 euros cada uno de ellos. La cuantía de cada subvención se ha establecido en función del número de habitantes de cada Ayuntamiento, según los criterios establecidos en la orden en que se convocaban las ayudas, así como los fijados por la Comisión de Valoración.
Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.El objetivo es contribuir financieramente al esfuerzo económico que los Ayuntamientos deben realizar para adecuar o elaborar esos planeamientos de acuerdo al nuevo marco jurídico.
En concreto, los municipios que recibirán ayudas son: Escalante (12.500 euros), Cieza (10.354,50 euros), San Felices de Buelna (8.865 euros), Molledo (8.570,10 euros), Arnuero (6.243,75 euros), Polanco (5.437,50 euros), Campoo de Enmedio (4.791,60 euros) y Herrerías y Argoños, con 3.630 euros cada uno de ellos. La cuantía de cada subvención se ha establecido en función del número de habitantes de cada Ayuntamiento, según los criterios establecidos en la orden en que se convocaban las ayudas, así como los fijados por la Comisión de Valoración.
Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.El objetivo es contribuir financieramente al esfuerzo económico que los Ayuntamientos deben realizar para adecuar o elaborar esos planeamientos de acuerdo al nuevo marco jurídico.
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