La federación de Construcción y Servicios de CCOO de Cantabria ha exigido a la Consejería de Educación que haga cumplir a las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza de los institutos de secundaria la legislación vigente porque “varias de estas empresas están chantajeando a los trabajadores, con malas formas e incluso con amenazas, para que firmen un cambio de contrato durante los meses de verano y así mandarlos al desempleo, ya que si no lo hacen les advierten de que perderán su puesto de trabajo”.
El secretario de Organización de la federación, Roberto Caso, ha explicado que el sindicato ya ha informado a la Consejería de estas “irregularidades” pero la Administración “está mirando para otro lado” y este colectivo, que ya “sufrió” el pasado año recortes en las jornadas laborales y en los salarios, “ya de por sí muy bajos”, se encuentra en una “situación de desprotección total y tristemente olvidados por los que deberían velar por sus derechos”.
Para el portavoz sindical “es incomprensible” que la Consejería ignore estas actuaciones de las empresas adjudicatarias, sobre todo, cuando se está gestionando dinero público. Lo que debería hacer la Consejería es “asegurar que todas las horas de trabajo se recojan en el pliego de condiciones, así como la identificación de las categorías y la antigüedad de los trabajadores para evitar lo que está sucediendo, la pérdida de empleo”.
Caso ha señalado que las empresas que deseen optar a este tipo de contratos deberán “ajustar el precio sobre sus beneficios, no sobre los salarios de un colectivo, formado prácticamente por mujeres con salarios que no superan los 400 euros al mes ya que, en su mayoría, trabaja en jornadas parciales”.
El secretario de Organización de la federación, Roberto Caso, ha explicado que el sindicato ya ha informado a la Consejería de estas “irregularidades” pero la Administración “está mirando para otro lado” y este colectivo, que ya “sufrió” el pasado año recortes en las jornadas laborales y en los salarios, “ya de por sí muy bajos”, se encuentra en una “situación de desprotección total y tristemente olvidados por los que deberían velar por sus derechos”.
Para el portavoz sindical “es incomprensible” que la Consejería ignore estas actuaciones de las empresas adjudicatarias, sobre todo, cuando se está gestionando dinero público. Lo que debería hacer la Consejería es “asegurar que todas las horas de trabajo se recojan en el pliego de condiciones, así como la identificación de las categorías y la antigüedad de los trabajadores para evitar lo que está sucediendo, la pérdida de empleo”.
Caso ha señalado que las empresas que deseen optar a este tipo de contratos deberán “ajustar el precio sobre sus beneficios, no sobre los salarios de un colectivo, formado prácticamente por mujeres con salarios que no superan los 400 euros al mes ya que, en su mayoría, trabaja en jornadas parciales”.
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