El delegado de USO en Solvay, José Vía, que ha estado compañado por sus compañeros María Teresa Castañeda y José Manuel García Fraile, ha denunciado que el presunto fraude fiscal podría alcanzar los dos millones de
euros, por lo que constituiría un delito (al superar los 150.000 euros).
Vía ha explicado que el pasado lunes 24, Solvay convocó a un
representante de cada sindicato para informar de que el estudio jurídico
encargado sobre la legalidad del sistema de prejubilaciones mediante el
procedimiento de "despidos improcedentes" voluntarios previamente
pactados aconseja desistir de los mismos y cambiarlos por "despidos
objetivos", así como que todo despido tenga una indemnización mínima de
20 días.
Para USO, la solución anunciada por Solvay de sustituir los
despidos improcedentes por despidos objetivos individuales es "una
chapuza" que no resuelve el problema, porque, a su juicio, persiste el
presunto fraude de ley laboral y fraude en la tributación fiscal, que
causará "graves perjuicios para trabajadores y empresas".
En este sentido, Vía ha explicado que las salidas indemnizadas
pactadas previamente en el Pacto de Aplicación del Convenio General de Químicas uponen una baja
por voluntad del trabajador y pueden representar un fraude laboral por
connivencia entre el trabajador y la empresa. Pero además constituye, en
su opinión, un posible fraude fiscal por cuanto esas salidas
indemnizadas se consideran --según jurisprudencia del Tribunal Supremo--
rentas del trabajo sujetas a tributación fiscal y no indemnización por
despido exentas de tributación.
Por eso, USO ha venido advirtiendo que el sistema pactado por
Solvay con UGT "bordeaba la legalidad y el fraude de ley, siendo a
nuestro entender cuando menos alegal".
Vía opina que, con este procedimiento, Solvay "pretende
conseguir un ajuste de plantilla con el menor coste para la empresa,
dejando de ingresar en las arcas públicas una cuantía económica
importante" correspondiente con el coste de la prestación por desempleo;
el coste del convenio especial de cotización con la Seguridad Social;
el coste de la llamada 'Enmienda Telefónica' por ser empresa con más de
100 trabajadores y tener beneficios económicos en los ejercicios
anteriores; el coste económico del Plan Social; y la tributación fiscal
por la prima de salida.
Al respecto, el sindicalista ha hablado de un presunto delito
fiscal de más de dos millones de euros, teniendo en cuenta los 80
despidos por este procedimiento con sumas de entre 20.000 y 30.000 euros
por trabajador.
Al hilo, el representante de USO ha insistido en que Solvay "carga
las responsabilidades administrativa y fiscal a sus trabajadores que se
acogen voluntariamente a las salidas indemnizadas, lo que les puede
representar un coste económico individual muy importante por actuar al
margen de la legalidad".
Para USO, defender los servicios públicos y las prestaciones
sociales pasa "necesariamente" porque empresas como Solvay, "con
cuantiosos beneficios", ingresen al Tesoro Público español las cuantías
económicas que la legislación contempla, detrayendo las mismas de los
"cuantiosos beneficios económicos que se reparten los accionistas de la
multinacional Belga".
Por todo ello, el sindicato reclama a Solvay que "se pare los
despidos en fraude de ley" y que se inicie la negociación de un acuerdo
de jubilaciones ajustado a la legalidad, mediante un plan de rentas que
mejore las condiciones económicas para los trabajadores y sobre todo con
seguridad jurídica, eliminando el riesgo para trabajadores y empresa.
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