Cantabria ha reclamado al Gobierno de la Nación que habilite "urgentemente" la dotación presupuestaria de 200 millones de euros que establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que las Comunidades Autónomas puedan poner en marcha "cuanto antes" las medidas acordadas en el documento del Pacto aprobado el pasado 28 de septiembre por el Congreso de los Diputados.
La directora general de Igualdad y Mujer, Alicia Renedo, estuvo presente en representación del Gobierno de Cantabria en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este miércoles en Madrid bajo la presidencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.
En su intervención, recordó la "lealtad" y el "compromiso absoluto" mostrado por el Gobierno de Cantabria durante todo el proceso de elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género hacia el Gobierno de España, al que le exigió "la misma lealtad" tanto en el cumplimiento presupuestario como en los plazos concretos de ejecución de las medidas aprobadas para la lucha contra la violencia machista.
Asimismo, reclamó que se pongan en marcha todas las reformas legislativas que prevé el Pacto y que resultan "tan necesarias" para su "plena" implementación, como, apuntó, la modificación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para devolver a los ayuntamientos las competencias en materia de Igualdad.
"La puesta en marcha de este Pacto es extremadamente urgente porque lleva tres meses perdidos desde su aprobación el pasado 28 de septiembre y por eso esperamos que se habilite el crédito en las próximas semanas para ir implantando las medidas que ese Pacto contiene", insistió la directora general de Igualdad y Mujer.
Renedo ha insistido en la "urgencia" de aplicar las nuevas medidas contra la violencia machista después de un año, 2017, en el que se ha incrementado el número de víctimas de violencia de género hasta alcanzar la cifra de 48, cuatro más que el ejercicio anterior. A lo que hay que añadir los 27 menores que se han quedado huérfanos al perder a sus madres, además de los 8 niños que fallecieron a manos de sus propios padres.
Las medidas del Pacto
De las 213 medidas aprobadas en verano por la Comisión de Igualdad del Congreso, el año que viene entrarán en vigor 26, que son aquellas que no requieren cambios legislativos en profundidad y que hacen referencia a la asistencia y protección de los menores y en la respuesta de las instituciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, el Pacto incluye en el concepto de violencia de género todo tipo de violencia contra la mujer, desde la mutilación genital, la trata de mujeres, el acoso sexual, el proxenetismo, y el matrimonio forzado.
También establece la creación de unidades de valoración forense en todos los juzgados; incremento de policías especializados y de centros de acogida; programas de cribado en Atención Primaria; asistencia jurídica garantizada desde antes de la denuncia; renovación de protocolos y aumento del uso de dispositivos para el control de los maltratadores, y la formación de todos los profesionales que pueden intervenir para acabar con esta lacra social.
Otras medidas incluidas en el Pacto son la implantación de un subsidio para víctimas paradas, la supresión de la atenuante de confesión del agresor, ejecutar la medida de libertad vigilada o campañas contra la prostitución.
La directora general de Igualdad y Mujer, Alicia Renedo, estuvo presente en representación del Gobierno de Cantabria en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este miércoles en Madrid bajo la presidencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.
En su intervención, recordó la "lealtad" y el "compromiso absoluto" mostrado por el Gobierno de Cantabria durante todo el proceso de elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género hacia el Gobierno de España, al que le exigió "la misma lealtad" tanto en el cumplimiento presupuestario como en los plazos concretos de ejecución de las medidas aprobadas para la lucha contra la violencia machista.
Asimismo, reclamó que se pongan en marcha todas las reformas legislativas que prevé el Pacto y que resultan "tan necesarias" para su "plena" implementación, como, apuntó, la modificación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para devolver a los ayuntamientos las competencias en materia de Igualdad.
"La puesta en marcha de este Pacto es extremadamente urgente porque lleva tres meses perdidos desde su aprobación el pasado 28 de septiembre y por eso esperamos que se habilite el crédito en las próximas semanas para ir implantando las medidas que ese Pacto contiene", insistió la directora general de Igualdad y Mujer.
Renedo ha insistido en la "urgencia" de aplicar las nuevas medidas contra la violencia machista después de un año, 2017, en el que se ha incrementado el número de víctimas de violencia de género hasta alcanzar la cifra de 48, cuatro más que el ejercicio anterior. A lo que hay que añadir los 27 menores que se han quedado huérfanos al perder a sus madres, además de los 8 niños que fallecieron a manos de sus propios padres.
Las medidas del Pacto
De las 213 medidas aprobadas en verano por la Comisión de Igualdad del Congreso, el año que viene entrarán en vigor 26, que son aquellas que no requieren cambios legislativos en profundidad y que hacen referencia a la asistencia y protección de los menores y en la respuesta de las instituciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, el Pacto incluye en el concepto de violencia de género todo tipo de violencia contra la mujer, desde la mutilación genital, la trata de mujeres, el acoso sexual, el proxenetismo, y el matrimonio forzado.
También establece la creación de unidades de valoración forense en todos los juzgados; incremento de policías especializados y de centros de acogida; programas de cribado en Atención Primaria; asistencia jurídica garantizada desde antes de la denuncia; renovación de protocolos y aumento del uso de dispositivos para el control de los maltratadores, y la formación de todos los profesionales que pueden intervenir para acabar con esta lacra social.
Otras medidas incluidas en el Pacto son la implantación de un subsidio para víctimas paradas, la supresión de la atenuante de confesión del agresor, ejecutar la medida de libertad vigilada o campañas contra la prostitución.
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