A comienzos del mes de junio Cantabria entraba en la fase 2 de la desescalada, con libertad de movimientos por toda la comunidad. Entonces, Revilla afirmaba que "la pandemia la tenemos vencida, el bicho está chamuscado” y defendía adelantar la apertura de fronteras al turismo para "salvar el verano". Desde CNSV emitimos un comunicado en el que advertíamos que estas medidas serían contraproducentes para la población en el medio plazo e instábamos a apostar por el turismo interno.
El 19 de junio, la situación sanitaria estaba relativamente controlada, cumpliendo un mes sin fallecimientos relacionados con la Covid-19: 37 positivos registrados y únicamente 3 personas hospitalizadas. A 31 de agosto, según los datos del mismo Gobierno autonómico que saca pecho por las cifras de ocupación turística, la situación se ha descontrolado totalmente, con dos fallecimientos la semana pasada, más de 1100 enfermos y 10 veces más personas hospitalizadas.
Es evidente que los diferentes gobiernos han antepuesto en sus normativas el beneficio de la patronal a criterios sanitarios y sociales. Cuando desde la Red Cántabra de Apoyo Mutuo transmitíamos la normativa vigente, la gente cuestionaba por qué se clausuraban mercados al aire libre mientras abrían las grandes superficies, qué sentido tenía condicionar ir al monte a pagar una empresa de tiempo libre o por qué las medidas se volvían permisivas en el consumo hostelero. La reapertura de la finca del faro de Ajo estos días, tras pasar todo el verano cerrada “debido al coronavirus”, es el último ejemplo que desmuestra que las medidas no siempre ponen la vida en el centro.
En Cantabria tenemos una patronal hostelera que no destaca precisamente por su responsabilidad social, lo que hace especialmente preocupante que la totalidad de fuerzas políticas presentes en el parlamento autonómico legislen a su conveniencia. Recordemos que hace años quisieron traer camareros de Perú, en julio culpaban al Ingreso Mínimo Vital de sus dificultades para contratar y recientemente interponían una demanda contra la obligación de cerrar los establecimientos de ocio nocturno a las dos de la madrugada.
Aún así, la Consejería de Turismo anunciaba un plan de 8,3 millones de euros para el turismo, probablemente necesario, con una partida de 2 millones de ayudas. Pero no es menos necesario repensar el modelo insostenible que se está imponiendo y reconvertirlo hacia otro desestacionalizado, regulado, integrado y que cuide nuestro patrimonio, por lo que parece un grave error presumir de que estas ayudas "no son finalistas" y "cada beneficiario podrá destinarlo a lo que considere más necesario", en palabras de la consejera Lombó.
La alegría del sector turístico por las cifras de agosto contrastan con la precaria situación en la que se encuentran la Sanidad, Educación o residencias de mayores, que sufren los recortes y el agravamiento de la pandemia. Tampoco tienen motivos para celebrar tantos trabajadores del sector, que tras un periodo de empleo precario tendrán que enfrentarse ahora a la temporalidad en un contexto agravado. O los propios negocios que han hecho las cosas bien pero van a sufrir un endurecimiento de la situación en los próximos meses.
Y es que ahora llega septiembre, un mes tradicionalmente esperado por la población de las zonas más turísticas de Cantabria para poder disfrutar de su entorno sin masificación (¿hay derecho a esto?), con la pandemia descontrolada y los efectos que esto produce sobre todos los sectores sociales y económicos.
Al menos, cada vez hay más conciencia social de lo insostenible del actual modelo económico, los perjuicios del turismo masivo y la necesidad de cambiar de rumbo hacia otro que ponga la vida de nuestro pueblo trabajador en el centro, con la soberanía alimentaria, la inversión en I+D+i, el tejido industrial, o los servicios públicos y sociales como ejes.
El 19 de junio, la situación sanitaria estaba relativamente controlada, cumpliendo un mes sin fallecimientos relacionados con la Covid-19: 37 positivos registrados y únicamente 3 personas hospitalizadas. A 31 de agosto, según los datos del mismo Gobierno autonómico que saca pecho por las cifras de ocupación turística, la situación se ha descontrolado totalmente, con dos fallecimientos la semana pasada, más de 1100 enfermos y 10 veces más personas hospitalizadas.
Es evidente que los diferentes gobiernos han antepuesto en sus normativas el beneficio de la patronal a criterios sanitarios y sociales. Cuando desde la Red Cántabra de Apoyo Mutuo transmitíamos la normativa vigente, la gente cuestionaba por qué se clausuraban mercados al aire libre mientras abrían las grandes superficies, qué sentido tenía condicionar ir al monte a pagar una empresa de tiempo libre o por qué las medidas se volvían permisivas en el consumo hostelero. La reapertura de la finca del faro de Ajo estos días, tras pasar todo el verano cerrada “debido al coronavirus”, es el último ejemplo que desmuestra que las medidas no siempre ponen la vida en el centro.
En Cantabria tenemos una patronal hostelera que no destaca precisamente por su responsabilidad social, lo que hace especialmente preocupante que la totalidad de fuerzas políticas presentes en el parlamento autonómico legislen a su conveniencia. Recordemos que hace años quisieron traer camareros de Perú, en julio culpaban al Ingreso Mínimo Vital de sus dificultades para contratar y recientemente interponían una demanda contra la obligación de cerrar los establecimientos de ocio nocturno a las dos de la madrugada.
Aún así, la Consejería de Turismo anunciaba un plan de 8,3 millones de euros para el turismo, probablemente necesario, con una partida de 2 millones de ayudas. Pero no es menos necesario repensar el modelo insostenible que se está imponiendo y reconvertirlo hacia otro desestacionalizado, regulado, integrado y que cuide nuestro patrimonio, por lo que parece un grave error presumir de que estas ayudas "no son finalistas" y "cada beneficiario podrá destinarlo a lo que considere más necesario", en palabras de la consejera Lombó.
La alegría del sector turístico por las cifras de agosto contrastan con la precaria situación en la que se encuentran la Sanidad, Educación o residencias de mayores, que sufren los recortes y el agravamiento de la pandemia. Tampoco tienen motivos para celebrar tantos trabajadores del sector, que tras un periodo de empleo precario tendrán que enfrentarse ahora a la temporalidad en un contexto agravado. O los propios negocios que han hecho las cosas bien pero van a sufrir un endurecimiento de la situación en los próximos meses.
Y es que ahora llega septiembre, un mes tradicionalmente esperado por la población de las zonas más turísticas de Cantabria para poder disfrutar de su entorno sin masificación (¿hay derecho a esto?), con la pandemia descontrolada y los efectos que esto produce sobre todos los sectores sociales y económicos.
Al menos, cada vez hay más conciencia social de lo insostenible del actual modelo económico, los perjuicios del turismo masivo y la necesidad de cambiar de rumbo hacia otro que ponga la vida de nuestro pueblo trabajador en el centro, con la soberanía alimentaria, la inversión en I+D+i, el tejido industrial, o los servicios públicos y sociales como ejes.
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