Izquierda Unida (IU) y la Federación Defensa Animal (DEAN) de Cantabria han manifestado su oposición al desarrollo de un coto de caza en San Vicente de la Barquera integrado por todos los terrenos rústicos del término municipal, excepto un enclavado y suelo urbano.
Ambas organizaciones registraron la semana pasada sendas alegaciones al expediente de constitución anunciado en el Boletín Oficial de Cantabria a finales de agosto, dado que el coto “afectaría a la práctica totalidad del espacio municipal impidiendo salvaguardar la salud y la seguridad de los vecinos”.
“Las administraciones no pueden actuar como si los efectos de la expansión demográfica y sus actividades, añadidos al cambio climático con sus cambiantes condiciones ambientales, no existieran y afectaran a la protección y conservación de la biodiversidad y la seguridad ciudadana”, defienden.
Así, en la primera de sus alegaciones se refieren a las “Rías occidentales y Duna de Oyambre” como espacio protegido en la categoría de “Lugares de Importancia Comunitaria” (LIC) por la Comisión Europea. Además, este espacio se solapa parcialmente con el Parque Natural de Oyambre, lo que implica que en la ordenación de éste deban tenerse en cuenta los objetivos de la Directiva 92/43/CEE y la futura designación de ese espacio como Zona de Especial Conservación.
Y citan, entre otras, el texto de la Directiva 92/43/CEE como impedimento para la apertura del coto: “En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.”
“La práctica de la caza en el interior de todo el territorio protegido por el LIC y el Parque Natural de Oyambre es incompatible con la persecución de los objetivos propuestos por ambas figuras de protección”, indicaba la izquierda cántabra.
Así mismo, tanto el partido político como la organización sobre bienestar animal defienden que la actividad para la que se solicita autorización “viene a provocar, en consecuencia, un grave deterioro en el mantenimiento y protección de la biodiversidad que aún existe en el municipio y en los municipios limítrofes, siendo contraria al mantenimiento del necesario equilibrio entre las actividades humanas y el desarrollo de un entorno natural con ecosistemas funcionales con las necesarias garantías de protección”.
Cuestión que reflejan en las dos siguientes alegaciones referidas a la afección a la biodiversidad existente y a la plumbosis (envenamiento de especies animales por la ingestión de munición de plomo).
Para DEAN, la caza vulnera especialmente en este lugar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el convenio Aarhus en relación al medio ambiente, la estrategia de la UE sobre biodiversidad, la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria o la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local”.
El escrito presentado ante la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria incluye un pormenorizado apartado sobre la riqueza biológica del municipio contemplando la diversidad de reptiles y anfibios, lepidópteros, mamíferos y hasta una decena de especies detectadas de murciélagos “de especial interés” o “vulnerables”.
Especial énfasis reciben las aves, que, según el Anuario Ornitológico e Cantabria (2009-2018), detalla más de 100 especies avistadas en el entorno, entre las que hay “amenazadas de extinción” “casi amenazadas” o “vulnerables”, así como especies que son objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución”.
“Todas las especies que citamos en las alegaciones reflejan un equilibrio sostenible, con interrelaciones esenciales en el equilibrio ecológico del municipio, constatando una apreciable biodiversidad, a pesar de no tener condiciones óptimas, en los espacios no urbanizados”, afirman desde ambas organizaciones. “Y seguir autorizando actividades sin tener presentes estos condicionantes es un error que ningún gobernante debería tomar”, sentenciaban.
Ambas organizaciones registraron la semana pasada sendas alegaciones al expediente de constitución anunciado en el Boletín Oficial de Cantabria a finales de agosto, dado que el coto “afectaría a la práctica totalidad del espacio municipal impidiendo salvaguardar la salud y la seguridad de los vecinos”.
“Las administraciones no pueden actuar como si los efectos de la expansión demográfica y sus actividades, añadidos al cambio climático con sus cambiantes condiciones ambientales, no existieran y afectaran a la protección y conservación de la biodiversidad y la seguridad ciudadana”, defienden.
Así, en la primera de sus alegaciones se refieren a las “Rías occidentales y Duna de Oyambre” como espacio protegido en la categoría de “Lugares de Importancia Comunitaria” (LIC) por la Comisión Europea. Además, este espacio se solapa parcialmente con el Parque Natural de Oyambre, lo que implica que en la ordenación de éste deban tenerse en cuenta los objetivos de la Directiva 92/43/CEE y la futura designación de ese espacio como Zona de Especial Conservación.
Y citan, entre otras, el texto de la Directiva 92/43/CEE como impedimento para la apertura del coto: “En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.”
“La práctica de la caza en el interior de todo el territorio protegido por el LIC y el Parque Natural de Oyambre es incompatible con la persecución de los objetivos propuestos por ambas figuras de protección”, indicaba la izquierda cántabra.
Así mismo, tanto el partido político como la organización sobre bienestar animal defienden que la actividad para la que se solicita autorización “viene a provocar, en consecuencia, un grave deterioro en el mantenimiento y protección de la biodiversidad que aún existe en el municipio y en los municipios limítrofes, siendo contraria al mantenimiento del necesario equilibrio entre las actividades humanas y el desarrollo de un entorno natural con ecosistemas funcionales con las necesarias garantías de protección”.
Cuestión que reflejan en las dos siguientes alegaciones referidas a la afección a la biodiversidad existente y a la plumbosis (envenamiento de especies animales por la ingestión de munición de plomo).
Para DEAN, la caza vulnera especialmente en este lugar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el convenio Aarhus en relación al medio ambiente, la estrategia de la UE sobre biodiversidad, la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria o la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local”.
El escrito presentado ante la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria incluye un pormenorizado apartado sobre la riqueza biológica del municipio contemplando la diversidad de reptiles y anfibios, lepidópteros, mamíferos y hasta una decena de especies detectadas de murciélagos “de especial interés” o “vulnerables”.
Especial énfasis reciben las aves, que, según el Anuario Ornitológico e Cantabria (2009-2018), detalla más de 100 especies avistadas en el entorno, entre las que hay “amenazadas de extinción” “casi amenazadas” o “vulnerables”, así como especies que son objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución”.
“Todas las especies que citamos en las alegaciones reflejan un equilibrio sostenible, con interrelaciones esenciales en el equilibrio ecológico del municipio, constatando una apreciable biodiversidad, a pesar de no tener condiciones óptimas, en los espacios no urbanizados”, afirman desde ambas organizaciones. “Y seguir autorizando actividades sin tener presentes estos condicionantes es un error que ningún gobernante debería tomar”, sentenciaban.
Foto: Cortesía EL FARADIO
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