El Gobierno de Cantabria ha interpuesto hoy en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo para reclamar al Estado la mensualidad de IVA impagada en 2017, por importe de 45.561.540 euros, y los intereses legales correspondientes. Los servicios jurídicos han formalizado la demanda una vez desestimado por silencio administrativo del requerimiento previo presentado el pasado mes de marzo.
Esta nueva acción legal, aprobada por el Consejo de Gobierno, está encaminada a evitar el impacto en las arcas autonómicas del impago en el que ha incurrido la Administración Central como consecuencia de una modificación legal aprobada en 2017 y cuyas consecuencias no se conocieron hasta que se realizó la liquidación del impuesto dos años después, en 2019.
El recurso constituye una reclamación de cantidad por 45,5 millones y los intereses legales que procedan por los "daños y perjuicios causados al vulnerarse los principios de autonomía y suficiencia financiera", dado que la modificación normativa que provocó el impago "ha afectado de forma directa a los ingresos de la Comunidad Autónoma, sin una previa ni posterior modificación del sistema de financiación".
En este sentido, aduce que la actuación el Estado ha vulnerado el principio de transparencia, "lo que ha impedido adoptar las medidas necesarias para que Cantabria no se viera avocada a la situación actual".
También considera infringidos los principios de confianza legítima y lealtad institucional, tanto antes de aprobarse el Real Decreto que modificó la normativa sin canalizar la reforma por el órgano competente y explicar la incidencia, como con posterioridad a su entrada en vigor y aplicación en 2019, "al no adoptarse medidas compensatorias adecuadas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas".
Esta nueva acción legal, aprobada por el Consejo de Gobierno, está encaminada a evitar el impacto en las arcas autonómicas del impago en el que ha incurrido la Administración Central como consecuencia de una modificación legal aprobada en 2017 y cuyas consecuencias no se conocieron hasta que se realizó la liquidación del impuesto dos años después, en 2019.
El recurso constituye una reclamación de cantidad por 45,5 millones y los intereses legales que procedan por los "daños y perjuicios causados al vulnerarse los principios de autonomía y suficiencia financiera", dado que la modificación normativa que provocó el impago "ha afectado de forma directa a los ingresos de la Comunidad Autónoma, sin una previa ni posterior modificación del sistema de financiación".
En este sentido, aduce que la actuación el Estado ha vulnerado el principio de transparencia, "lo que ha impedido adoptar las medidas necesarias para que Cantabria no se viera avocada a la situación actual".
También considera infringidos los principios de confianza legítima y lealtad institucional, tanto antes de aprobarse el Real Decreto que modificó la normativa sin canalizar la reforma por el órgano competente y explicar la incidencia, como con posterioridad a su entrada en vigor y aplicación en 2019, "al no adoptarse medidas compensatorias adecuadas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas".
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