Izquierda Unida de Cantabria ha pedido a la Fiscalía Superior de Cantabria que investigue el “atropello patrimonial” contra el faro de Ajo que están “perpetrando” entre el Gobierno de Cantabria, la Autoridad Portuaria de Santander y el Ayuntamiento de Bareyo, al ser los impulsores del proyecto.
Así se ha manifestado el portavoz de la formación, Israel Ruiz Salmón, tras registrar la denuncia ante la Fiscalía, dentro de la labor fiscalizadora que hizo que en su día también pidieran a este órgano que investigara las irregularidades conocidas en el Servicio Cántabro de Salud.
IU apunta en su escrito a que este proyecto artístico podría vulnerar la legalidad vigente, entre otras, la relacionad con la protección del patrimonio protegido, y piden que se investigue si se han producido delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, “sin perjuicio de otros que la Fiscalía pudiera considerar”.
“Quienes tienen que velar por el patrimonio colectivo de Cantabria están siendo responsables de su ataque”, afirmaba Ruiz Salmón, quien reprochaba al presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, “principal interesado en el proyecto a tenor de sus declaraciones públicas”, que “el único futuro que se empeña en cultivar para nuestra tierra es crear escenarios para Instagram justo en zonas, además, que ya tenían un impresionante atractivo por sí mismas”.
El dirigente de IU considera que el faro de Ajo es “sólo la punta del iceberg, la que se ve” en un contexto “totalmente lesivo para todas las formas de patrimonio de Cantabria” y que “parece contar con una total impunidad”, dado que “ni siquiera la oposición mayoritaria de la población con respecto al proyecto sobre el faro de Ajo o el rechazo del sector cultural son cuestiones a tener en cuenta por los gobernantes”.
“Hemos de recordar que las tres administraciones promotoras están dirigidas por el PRC, en una suerte de cambalache, que ha contado con el silencio cómplice del PSOE y del vicepresidente de Gobierno y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, con competencias en materia de protección patrimonial”, criticaba.
Así se ha manifestado el portavoz de la formación, Israel Ruiz Salmón, tras registrar la denuncia ante la Fiscalía, dentro de la labor fiscalizadora que hizo que en su día también pidieran a este órgano que investigara las irregularidades conocidas en el Servicio Cántabro de Salud.
IU apunta en su escrito a que este proyecto artístico podría vulnerar la legalidad vigente, entre otras, la relacionad con la protección del patrimonio protegido, y piden que se investigue si se han producido delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, “sin perjuicio de otros que la Fiscalía pudiera considerar”.
“Quienes tienen que velar por el patrimonio colectivo de Cantabria están siendo responsables de su ataque”, afirmaba Ruiz Salmón, quien reprochaba al presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, “principal interesado en el proyecto a tenor de sus declaraciones públicas”, que “el único futuro que se empeña en cultivar para nuestra tierra es crear escenarios para Instagram justo en zonas, además, que ya tenían un impresionante atractivo por sí mismas”.
El dirigente de IU considera que el faro de Ajo es “sólo la punta del iceberg, la que se ve” en un contexto “totalmente lesivo para todas las formas de patrimonio de Cantabria” y que “parece contar con una total impunidad”, dado que “ni siquiera la oposición mayoritaria de la población con respecto al proyecto sobre el faro de Ajo o el rechazo del sector cultural son cuestiones a tener en cuenta por los gobernantes”.
“Hemos de recordar que las tres administraciones promotoras están dirigidas por el PRC, en una suerte de cambalache, que ha contado con el silencio cómplice del PSOE y del vicepresidente de Gobierno y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, con competencias en materia de protección patrimonial”, criticaba.
Conservación del patrimonio como principal argumento en la denuncia
En la denuncia citan regulación como las Normas Subsidiarias de Bareyo o el Plan General de Ordenación del Territorio, que establecen que elementos como el faro no podrán ser modificados “sustancialmente” y sólo pueden hacerse obras de conservación que “mantengan los elementos y materiales existentes” y no se alteren sus elementos arquitectónicos o decorativos.
“La denuncia recoge parte de los argumentos que ya hemos dado públicamente en relación a la conservación del patrimonio y que, pese a los avisos, los promotores de este proyecto con fines turísticos, tal y como han afirmado, han obviado”, indican.
También mencionan las normas que deben cumplir las autoridades portuarias para las instalaciones de iluminación de costas y señalización marítimas, en base a las cuales, apuntan en la denuncia, las funciones del faro quedarían “seriamente comprometidas” con el proyecto de Revilla y Okuda.
También refieren la falta de participación pública y transparencia en todo el proceso relacionado con las obras y mencionan el rechazo social al proyecto, expresado en las posiciones de organizaciones profesionales, culturales o sociales en defensa del patrimonio, como la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA), la Asociación Cántabra de Empresas y Profesionales de Artes Escénicas (ACEPAE), la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria "Movimiento en Red", el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria (AGACC), entre otros.
En la petición se pide que se tome declaración a todos los asistentes a la presentación del proyecto en el mes de mayo en el Palacete del Embarcadero: el propio artista, Óscar San Miguel Erice ‘Okuda’; el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González; la consejera de Turismo, Marina Lombó; el consejero de Industria, Francisco Martín; la delegada del Gobierno de España, Ainhoa Quiñones; el alcalde de Bareyo, José de la Hoz; y la directora general de Turismo, Eva Bartolomé.
También se proponen que se requiera al Ayuntamiento de Bareyo, al Gobierno de Cantabria y a la Autoridad Portuaria los Expedientes relacionados con el proyecto del faro del Cabo de Ajo.
En la denuncia citan regulación como las Normas Subsidiarias de Bareyo o el Plan General de Ordenación del Territorio, que establecen que elementos como el faro no podrán ser modificados “sustancialmente” y sólo pueden hacerse obras de conservación que “mantengan los elementos y materiales existentes” y no se alteren sus elementos arquitectónicos o decorativos.
“La denuncia recoge parte de los argumentos que ya hemos dado públicamente en relación a la conservación del patrimonio y que, pese a los avisos, los promotores de este proyecto con fines turísticos, tal y como han afirmado, han obviado”, indican.
También mencionan las normas que deben cumplir las autoridades portuarias para las instalaciones de iluminación de costas y señalización marítimas, en base a las cuales, apuntan en la denuncia, las funciones del faro quedarían “seriamente comprometidas” con el proyecto de Revilla y Okuda.
También refieren la falta de participación pública y transparencia en todo el proceso relacionado con las obras y mencionan el rechazo social al proyecto, expresado en las posiciones de organizaciones profesionales, culturales o sociales en defensa del patrimonio, como la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA), la Asociación Cántabra de Empresas y Profesionales de Artes Escénicas (ACEPAE), la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria "Movimiento en Red", el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria (AGACC), entre otros.
En la petición se pide que se tome declaración a todos los asistentes a la presentación del proyecto en el mes de mayo en el Palacete del Embarcadero: el propio artista, Óscar San Miguel Erice ‘Okuda’; el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González; la consejera de Turismo, Marina Lombó; el consejero de Industria, Francisco Martín; la delegada del Gobierno de España, Ainhoa Quiñones; el alcalde de Bareyo, José de la Hoz; y la directora general de Turismo, Eva Bartolomé.
También se proponen que se requiera al Ayuntamiento de Bareyo, al Gobierno de Cantabria y a la Autoridad Portuaria los Expedientes relacionados con el proyecto del faro del Cabo de Ajo.
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