La polémica actuación del Gobierno de Cantabria sobre el Faro de Ajo no solo ha levantado ampollas entre los cántabros, que ven como el ejecutivo que debe representarlos únicamente trabaja para seguir convirtiendo Cantabria en un escaparate, sino que además podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa al violar las limitaciones de uso de los faros impuestas por la Normativa de Puertos y Costas, así como por la Orden de 28 de abril de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (publicada en el BOE del 6 de mayo de 1994).
Esta normativa adscribe los faros y sus parcelas a las Autoridades Portuarias con los únicos y exclusivos fines de señalización marítima, con la única excepción de intervenciones destinadas a la conservación del patrimonio arquitectónico de cada faro (artículo 72.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), algo no aplicable en el caso de Ajo al haber declarado expresamente desde el Gobierno que la finalidad del proyecto de pintado es única y exclusivamente turística.
Un caso similar se dio en Málaga en el año 2017, cuando la Autoridad Portuaria de la provincia procedió al repintado de varios de sus faros con la finalidad de utilizarlos como promoción turística de las localidades donde estaban radicados. Dicho hecho encontró la oposición de sindicatos y colectivos locales que denunciaron precisamente el choque frontal de la iniciativa con la Normativa de Puertos y Costas.
Por todo esto, desde CNSV consideran que, de proseguirse con este Proyecto, este podría quedar paralizado y las Autoridades responsables podrían quedar incursas en presunto delito de prevaricación administrativa. De esta forma queremos advertir de la presunta ilegalidad en que incurren, y solicitamos nuevamente la paralización de este descabellado proyecto que únicamente genera conflicto y nuevas problemáticas.
Esta normativa adscribe los faros y sus parcelas a las Autoridades Portuarias con los únicos y exclusivos fines de señalización marítima, con la única excepción de intervenciones destinadas a la conservación del patrimonio arquitectónico de cada faro (artículo 72.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), algo no aplicable en el caso de Ajo al haber declarado expresamente desde el Gobierno que la finalidad del proyecto de pintado es única y exclusivamente turística.
Un caso similar se dio en Málaga en el año 2017, cuando la Autoridad Portuaria de la provincia procedió al repintado de varios de sus faros con la finalidad de utilizarlos como promoción turística de las localidades donde estaban radicados. Dicho hecho encontró la oposición de sindicatos y colectivos locales que denunciaron precisamente el choque frontal de la iniciativa con la Normativa de Puertos y Costas.
Por todo esto, desde CNSV consideran que, de proseguirse con este Proyecto, este podría quedar paralizado y las Autoridades responsables podrían quedar incursas en presunto delito de prevaricación administrativa. De esta forma queremos advertir de la presunta ilegalidad en que incurren, y solicitamos nuevamente la paralización de este descabellado proyecto que únicamente genera conflicto y nuevas problemáticas.
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