El Gobierno regional ha sacado este jueves a consulta pública el proyecto de decreto que regulará el teletrabajo entre los empleados públicos de la Administración Autonómica.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, se comprometió a sacar adelante la nueva normativa, al no contar con una regulación específica y por su especial utilidad durante la emergencia sanitaria para asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos.
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica así la apertura del proceso de consulta de la norma, que también se someterá a diálogo social, con el objetivo de que las organizaciones, empleados y toda persona interesada presente sus propuestas para mejorar el texto normativo final.
Tras recordar que Cantabria participa en el grupo de trabajo a nivel nacional para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público en este mismo ámbito, Fernández Viaña ha señalado que su departamento trabajará en esa línea porque el teletrabajo "ha venido para quedarse", aunque ha asegurado un proceso de diálogo con todos los agentes implicados para conseguir una regulación "madura, lo más justa posible y adaptada a las necesidades" de la Administración General de Cantabria.
Por otro lado, ha apuntado la importancia de regular esta opción de trabajo para responder a las exigencias de seguridad y flexibilidad tanto a nivel organizativo como para los empleados públicos.
Con este decreto, según la consejera, Cantabria va a "garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos y profundizará en las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral" entre sus empleados públicos.
"Servirá para facilitar la organización del trabajo, dar efectivo cumplimiento a los horarios de trabajo y descanso, así como sacar un mayor potencial si cabe a este sistema en beneficio de la ciudadanía", ha remarcado la consejera de Presidencia.
Durante la fase de consulta pública del proyecto de decreto regulador del teletrabajo, se podrán presentar aportaciones y sugerencias durante el plazo de 10 días hábiles.
La finalidad es recabar opinión sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, se comprometió a sacar adelante la nueva normativa, al no contar con una regulación específica y por su especial utilidad durante la emergencia sanitaria para asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos.
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica así la apertura del proceso de consulta de la norma, que también se someterá a diálogo social, con el objetivo de que las organizaciones, empleados y toda persona interesada presente sus propuestas para mejorar el texto normativo final.
Tras recordar que Cantabria participa en el grupo de trabajo a nivel nacional para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público en este mismo ámbito, Fernández Viaña ha señalado que su departamento trabajará en esa línea porque el teletrabajo "ha venido para quedarse", aunque ha asegurado un proceso de diálogo con todos los agentes implicados para conseguir una regulación "madura, lo más justa posible y adaptada a las necesidades" de la Administración General de Cantabria.
Por otro lado, ha apuntado la importancia de regular esta opción de trabajo para responder a las exigencias de seguridad y flexibilidad tanto a nivel organizativo como para los empleados públicos.
Con este decreto, según la consejera, Cantabria va a "garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos y profundizará en las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral" entre sus empleados públicos.
"Servirá para facilitar la organización del trabajo, dar efectivo cumplimiento a los horarios de trabajo y descanso, así como sacar un mayor potencial si cabe a este sistema en beneficio de la ciudadanía", ha remarcado la consejera de Presidencia.
Durante la fase de consulta pública del proyecto de decreto regulador del teletrabajo, se podrán presentar aportaciones y sugerencias durante el plazo de 10 días hábiles.
La finalidad es recabar opinión sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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